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En la culminación de un estudio cuya coordinación estuvo a cargo de Rodrigo Ponce Chavarría ya fallecido, presentado en 2014, para la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos (Usac), se logró identificar la presencia de esa casa de estudios en áreas estratégicas como variadas. Así el «Mapa de Poder y Representaciones de la USAC ante cuerpos colegiados en el Statu Quo de Guatemala a mayo de 2014»  se da a conocer los alcances y la impronta “San Carlista” dentro del Estado de Guatemala.

Dicho estudio identifica cinco áreas de influencia: Económica, Ecológica-Educativa Superior, Económica-Jurídica-Infraestructura, Salud-Tecnología, Jurídica y el Sector Eléctrico. Los 42 integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) constituyen un cuerpo colegiado de suma importancia. Además, esta universidad es la única del mundo con iniciativa de ley por disposición constitucional (una atribución desaprovechada totalmente).

Por ello, no es para menos la contumaz actitud de los actuales integrantes del CSU, con el señor Walter Mazariegos a la cabeza para mantenerse a toda costa al frente de «su» representación ante esa casa de estudios. Para el efecto, acomodaron el reglamento electoral universitario a su medida, impidieron la participación de electores adversos a tan espurios intereses, además de emprender una serie de medidas dilatorias para mantenerse en el ejercicio de dichos cargos a pesar de la resolución de la Corte de Constitucionalidad contenida en el expediente 3267-2025, del quince de diciembre de 2025.

En esa resolución se amparó en definitiva a Rodolfo Chang Shum (designado como representante común), Roberto Agustín Cáceres Staackmann, Marco Vincio de la Rosa Montepeque, Ana Verónica Carrera Vela, Osmin de Jesús Pineda Melgar, Edgar Eduardo Parada Villalta y Wilder Rolando Santos. No obstante, el amparo otorgado en relación a la renovación de los cargos ante el CSU, cuyo período hubiese vencido, no se ha producido desde que el Tribunal de Primer Grado dictó sentencia el 18 de septiembre de 2024.

De entonces y hasta el 15 de diciembre de 2025, memoriales van y vienen ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. El cumplimiento ha sido parcial e incompleto, lo que denota una actitud de inobservancia y desobediencia ante lo resuelto desde la primera instancia.

En la sentencia contenida en el expediente 3267-20225 puede leerse: «… este Tribunal estima que las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia no han sido suficientes para lograr que los efectos positivos del otorgamiento del amparo se hayan alcanzado de manera plena, lo cual denota la existencia de una situación fáctica que no puede ser tolerada por la jurisdicción constitucional, ni por esta Corte, como garante de la defensa del orden constitucional, pues, por una parte, equivaldría a consentir una ejecución parcial frente a órdenes legítimas (dictadas en el contexto de un mecanismo de control constitucional) y, por otra, ella resta seguridad y certeza jurídica a los efectos vinculantes de los fallos dictados en el contexto del amparo subyacente a este correctivo».

La flexibilidad, por llamarlo de alguna manera, con la que los tribunales (en todos los niveles y órdenes) han consentido la obstinación, terca y rebelde actitud observada por los integrantes (ilegítimos) del Consejo Superior Universitario es impresionante y explicable. La cooptación de la universidad es importante para los procesos futuros. Comenzando con la conformación e integración de la Comisión de Postulación para la sustitución del Contralor General de Cuentas.

Además, la cooptación de la Usac tendrá repercusiones directas e indirectas sobre el evento electoral del año entrante. La problemática universitaria en efecto es un asunto de Estado y una importante cuestión para y del Estado de Guatemala. En los próximos días se correrá la suerte del devenir democrático del país. No verlo es como ocultar la cabeza cual avestruz y someternos a los designios de una consolidada dictadura de abusadores, corruptos, criminales y mafiosos al frente de las instituciones públicas que estarán en juego en los comicios de 2027.

 

Walter del Cid

Padre, abuelo. Lector casi empedernido. Conocedor de las intrincadas reglas del cuasi disfuncional Estado guatemalteco desde 1988 a la fecha. Inició su incursión en el periodismo de opinión en las páginas de La Hora con aportes en la sección «Cartas de los Lectores» en septiembre de 1993. En 2006 tuvo el honor de ser jefe de Información de esta Tribuna y no mostrador. Casi ininterrumpidamente colaboró con columnas de opinión en La Hora, el desaparecido El Gráfico, Siglo XXI de la primera época, Diario de Centro América, la Revista Crítica y eventualmente para la Universidad Johns Hopkins en temas de población y desarrollo. Esta es mi Tercera Época en La Hora, gracias por ello. Creer en la democracia no es una cuestión circunscrita a razones teóricas, es una forma de vida y se aplica a la cotidianidad de nuestros actos.

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