En solidaridad con el cardenal Álvaro Ramazzini, hostigado por las fuerzas del oscurantismo.
A solicitud de Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y Chile, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó a cabo el pasado 4 de diciembre la séptima reunión extraordinaria para analizar la situación político electoral en Guatemala. Los países que solicitaron la reunión realizaron serios señalamientos porque no cesan las acciones que consideran antidemocráticas.
Frank Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA, solicitó que se tomen más acciones y advirtió que ya han presenciado acontecimientos similares en otros países y que es conocido para dónde se dirige la ruta de acciones que las instituciones judiciales están tomando.
Mora explicó que en esta ocasión el Consejo Permanente se convocó para conocer cómo ha ido escalando la crisis político-electoral en Guatemala, anunciando que se propuso una resolución que fue enviada a la presidencia del Consejo Permanente la OEA, para que sea evaluada por los países miembros y aprobada oportunamente. “Si el Consejo no levanta la voz en pro de la democracia en Guatemala, el impacto se extenderá más allá de las fronteras del país”, señaló.
Ronald Sanders, presidente del Consejo Permanente, confirmó que se recibió el proyecto enviado por Estados Unidos, el cual será revisado por los países miembros y se conocerá en una reunión posterior.
Stuart Savage, embajador de Canadá, reiteró la condena a las acciones del Ministerio Público (MP) que parecieran ir en contra de los pronunciamientos de la OEA. “Canadá continuará trabajando con las delegaciones de la OEA y socios nacionales para considerar cualquier opción que sea necesaria para proteger la democracia”, advirtió.
Por medio de un video, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro sostuvo que a Guatemala le causa extrañeza y desacuerdo la convocatoria a la sesión de ayer. Destacó los avances en la transición de gobierno y el acompañamiento que la OEA ha brindado con las misiones de mediación y de transición.
“Por todo lo expuesto, exhortamos nuevamente a los estados miembros a conducirse teniendo siempre presente el trato respetuoso que debe mantenerse entre nuestras naciones, el respeto a la soberanía y atención a los procesos propios de cada nación y el principio de la no injerencia”, acotó el canciller.
El diplomático argentino, Carlos Raimundi, criticó la versión y postura del canciller Búcaro, que se escuchó al dar inició de la sesión. “Pocas veces hemos visto en este Consejo una diferencia tan abismal entre lo que dicen las autoridades de un país y lo que acontece. Por eso se me ocurrió leer la definición de cinismo”: “Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”, citó.
La comunidad de naciones observa con estupor dos nuevas acciones golpistas del pacto de corruptos, recién implementadas.
Ayer, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que perdieron su inmunidad recientemente, emitieron un comunicado señalando su preocupación de que el motivo principal de su persecución, con apariencia de legalidad, sea integrar el pleno con nuevos magistrados, e intentar cambiar los resultados electorales.
La magistrada Irma Palencia, quien suscribió el documento difundido, expresó que el antejuicio contra ella y sus colegas es ilegítimo, político y espurio, lo que lo hace legalmente improcedente. Indicó que, a pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia, en una resolución carente de legalidad, lo trasladó para su trámite al Congreso de la República, donde se violentaron derechos que les asisten, como el de defensa, debido proceso y legalidad.
Una nueva maniobra golpista ha sido enderezada contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, quien renunció recientemente a su calidad de Secretario General del Movimiento Semilla, como exige la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), pero la misma no puede ser aceptada por el partido, por estar suspendido provisionalmente, lo cual, presuntamente, le impediría tomar posesión el 14 de enero próximo.
Se han realizado decenas de análisis que cuestionan la legalidad de la suspensión de Semilla, dentro del proceso electoral, por causas penales, lo cual la citada norma prohíbe. Es inaudito que, a pocas semanas del relevo de mando, el pacto de corruptos pretenda impedir la investidura de Bernardo Arévalo, mediante un fraude de ley. Una resolución espuria de un juez penal, suspendiendo a Semilla, no puede anteponerse a la voluntad soberana de dos millones cuatrocientos mil ciudadanos, que eligieron a Bernardo Arévalo.
Todo el andamiaje jurídico, político e institucional de nuestro país se funda en el poder soberano, definido como aquél que no reconoce sobre sí a ningún otro poder, el cual radica en el Pueblo, según nuestra Carta Magna. Así que las maniobras leguleyas no tienen cabida ante el mandato del Pueblo soberano.
Para bien de la democracia, ayer el Departamento de Organizaciones Públicas del Tribunal Supremo Electoral le aceptó a Bernardo Arévalo su renuncia como Secretario General del partido Movimiento Semilla, y su calidad de afiliado, presentada a título personal, pues ningún ciudadano puede ser obligado a ejercer un cargo.
Finalmente, pero no por ello menos importante, el pacto criminal quiere finalizar su labor de saqueo, ocultando fraudulentas transacciones millonarias. Aduciendo que Guatecompras y el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) sufrió un supuesto ataque cibernético, el Ministerio de Finanzas autorizó a las entidades gubernamentales a no publicar sus compras y contrataciones durante ocho días. La Resolución 023-2023, emitida este lunes 4 de diciembre, publicada en el Diario de Centro América, otorgó esta excepción, argumentando que al restablecerse los sistemas de control financiero se registrará lo operado, lo cual nadie cree.
Cual buitre carroñero, el pacto de corruptos quiere dar el último y carnoso picotazo a la res pública, mediante un saqueo que dejará más niños muertos, desnutridos y sin escuela, robándoles la salud, el futuro y la democracia.
Por todo lo anterior, el próximo jueves 7 de diciembre debemos acuerpar la convocatoria ciudadana a manifestar masivamente y, en defensa de la democracia, poderle decir al pacto de corruptos: ¡Hasta aquí llegaron! ¡Ni un paso más! ¡Va de retro satanás!
