La bancada legislativa Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó un amparo en contra de la reforma a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) que se aprobó en julio último y fue sancionada por la Presidencia de la República el 28 de agosto pasado.
Dicha acción legal es en contra de la Junta Directiva del Congreso de la República, a cargo de Luis Contreras, por no haberse incorporado en la iniciativa de ley 6709 la enmienda por adición que, juntamente con otros diputados, se hizo de un artículo transitorio «intitulado extinción de obligaciones pendientes», la cual fue aprobada por 90 votos y quedó fuera del texto del decreto legislativo 18-2026.
Según el jefe de bloque UNE, José Inés Castillo, por esa decisión se denuncia violación al principio de legalidad y de sujeción de los funcionarios a la ley.
«La autoridad impugnada no puede dejar de observar que, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el proceso de discusión de un proyecto de ley, está claramente reglado y, por ende, no puede obviar el conocimiento, discusión y eventual aprobación de la iniciativa de ley 6709. Iniciativa que contempla reformas a la Ley del IUSI y sus enmiendas, no requería para su aprobación el voto favorable de al menos dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República», expresa parte de los agravios que denunció el diputado.
Asimismo, el legislador pide en el amparo que el Tribunal Constitucional le ordene a la Junta Directiva legislativa que tome las acciones correspondientes para incorporar al Decreto 18-2026 el texto de la enmienda por adición relacionada, a efecto de restaurar los derechos vulnerables y agote el procedimiento legislativo para el citado efecto.
Cambios al IUSI: fecha clave de cuándo dejará de pagarlo y qué pasará con lo que debe hasta hoy
LA ENMIENDA EN DISCORDIA
Entre los medios de prueba que incluyó Castillo en el amparo está la enmienda que incluye un artículo nuevo para la exoneración de obligaciones pendientes, es decir, que las municipalidades no podrían exigir el pago del tributo, multas, intereses, recargos, mora ni de cualquier otra sanción accesoria respecto de dichas obligaciones, debiendo declarar de oficio la terminación y archivo de los procedimientos administrativos de cobro que se encuentren en trámite.
«Las obligaciones tributarias y sanciones que, conforme a la legislación vigente, hubieren prescrito con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley conservarán plenamente ese efecto extintivo, sin que puedan ser reactivadas o nuevamente exigidas», expresaba la enmienda que consiguió 90 votos.
Aunque otros diputados publicaron que accionarían porque no se incluyó esa enmienda por la Presidencia de la República, todavía no se conoce de esas acciones legales.
Castillo respondió que será la Junta Directiva legislativa la que explique a la CC por qué no se incluyó esa enmienda, respecto a los votos que se requerían, ya que unos indicaban que tenía que ser con 107 votos a favor, pero la UNE y otros bloques es que solo se requerían 81 votos.
El representante de la UNE agregó que debatió con el presidente del Legislativo ese punto de vista, ya que es una ley que no necesita mayoría calificada de votos, por lo que para él sí está aprobada esa enmienda.
«Corresponde a Junta Directiva en el proceso de formación de la ley enviar lo aprobado al Ejecutivo para su sanción; entonces no le voy a llamar un error, no lo incluyeron y está aprobado», finalizó Castillo.
Decreto 18-2026: esta es la versión final de los cambios al IUSI aprobados en el Congreso
