Víctor Ferrigno F.
Con el neoliberalismo la economía se impuso sobre la política, revirtió los avances sociales y vació la democracia de contenido, convirtiendo al ciudadano en consumidor, transformando las instituciones en ventanillas de trámite, e hizo de las elecciones una farsa donde se puede votar, pero no es posible elegir. Los pueblos del continente se hartaron de esta situación y en el último lustro han impulsado gobiernos progresistas que intentan retomar la senda de una auténtica democracia participativa, donde se respete la voluntad soberana de la ciudadanía.
Frente a esta corriente democrática que ha debilitado a las huestes neoliberales, la derecha radical ha optado por impulsar Golpes de Estado violentos o basados en fraudes de ley, mediante el denominado “lawfare”, también llamado golpe blando, o guerra jurídica. Esta práctica golpista, legaloide o violenta, evidencia la raigambre antidemocrática de la derecha, acostumbrada a imponer su voluntad a sangre y fuego, para mantener los privilegios que les permiten acumular fortunas gracias al control del aparato gubernamental.
Los ejemplos del golpismo neoliberal abundan en el continente, pero vale la pena analizar los más recientes, para entender el fenómeno y fraguar una resistencia democrática.
Iniciamos con el Golpe de Estado en Honduras, en 2009, mediante el cual Manuel Zelaya es detenido y forzosamente llevado en un avión militar hasta Costa Rica. Roberto Micheletti asume el poder con el beneplácito del Congreso y el gobierno de EE.UU. Las libertades civiles son restringidas, y Honduras deviene en un narco Estado, encabezado por Juan Orlando Hernández, hoy procesado en EE.UU. por narcotráfico.
El golpe de Estado del 22 de junio de 2012, en Paraguay, inhabilitó la experiencia reformista encabezada por Fernando Lugo, llamado el cura de los pobres. Su destitución, con el apoyo de la vieja clase política, impuso en el poder a una elite empresarial y a una nueva configuración social de las derechas locales, articuladas en torno a una matriz rentista derivada de los productos de exportación paraguayos: carne vacuna, soya y electricidad. El multimillonario Horacio Cartes emergió de esta restauración conservadora, como el nuevo líder de clase, con una fortuna declarada de U$ 500 millones de dólares.
En 2010, hubo un intento fallido de Golpe de Estado en Ecuador, contra el gobierno del presidente Rafael Correa, con la participación de miembros de tropa de la Policía Nacional y grupos políticos de oposición conservadora; se confirmaron 11 muertos y 274 heridos.
La destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, en septiembre de 2016, fue calificada por muchos analistas como un golpe de Estado blando, o un Golpe Parlamentario. También puede ser considerado como la consecuencia de la manipulación estratégica de las normas y los procedimientos por políticos y legisladores implicados en operaciones de corrupción, que jugaron en el margen de la ley para hacer prevalecer sus intereses o los de sus facciones.
En noviembre 2019 se fraguó un Golpe de Estado paradigmático en contra del gobierno del presidente Evo Morales, en Bolivia, encabezado por la extrema derecha, con el apoyo del ejército, la policía, el Grupo de Lima y el Secretario General de la OEA. Las masivas manifestaciones populares, la organización social y el apoyo de las fuerzas progresistas del mundo fueron determinantes para restaurar la democracia, preservar la vida de Evo Morales Ayma, efectuar elecciones limpias, y permitir que Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo, asumiera el gobierno. Entre los hechos represivos que se produjeron a causa de esta crisis destacan las masacres de Sacaba y Senkata, catalogadas como tales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado lunes, los siete miembros demócratas y los dos republicanos del Comité de la Cámara de Representantes, encargado de investigar el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, recomendaron a los fiscales federales que acusen al expresidente Donald Trump de obstrucción e insurrección durante el suceso. A Trump se le acusa de desencadenar el asalto al Capitolio como resultado de su tesis que asegura que los demócratas le robaron las elecciones de noviembre de 2020. El Comité lo considera culpable de cuatro delitos: incitación a una insurrección, conspiración para emitir un falso testimonio, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso y conspiración para defraudar a Estados Unidos.
El 7 de diciembre de 2022, a unas horas de tratar de disolverlo, el entonces presidente Pedro Castillo fue depuesto por el Congreso del Perú, lo que desató una crisis política que un mes después mantiene a los ciudadanos en las calles, con los objetivos centrales de que Dina Boluarte renuncie al cargo y se responsabilice de las personas asesinadas en actos represivos durante las movilizaciones de las últimas semanas, además de disolver el actual Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente.
Brasil vivió, el pasado domingo 8 de enero, una fatídica jornada en la que cientos de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro intentaron tomar el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto en Brasilia, las tres sedes de los poderes del Estado. Esto con el beneplácito de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal y un sector del Ejército. Si bien la situación ya está controlada, el asalto provocó importantes destrozos patrimoniales, pero, sobre todo, evidenció la intolerancia de la derecha brasileña, y la fragilidad de una institucionalidad enormemente debilitada por el bolsonarismo.
Ayer, las fuerzas conservadoras resquebrajaron el Estado de derecho en Guatemala y mancillaron la democracia con Golpes de Estado, como el de 1954, tal como hoy lo hace el Pacto de Corruptos, pero ahora con ilegalidades, fraudes de ley, y los llamados golpes blandos, que les han permitido cooptar al Estado, imponer su dictum y apoderarse impunemente de las arcas nacionales.
En Guatemala, como en el resto del mundo, los periodistas ejercemos nuestro oficio bajo asedio: amenazas, persecución penal, cárcel, tortura, exilio y muerte son el pan cotidiano para quienes ejercemos el derecho de la libertad de prensa, para que la ciudadanía esté informada y la democracia se consolide, enfrentando a una derecha golpista, corrupta y canalla.
Quienes defendemos la libertad y la democracia debemos perseverar y recordar que a través de la libertad de prensa se expresan las demás libertades políticas y los derechos primarios básicos, como el derecho a la vida, a la paz y la igualdad solidaria y fraternal entre los seres humanos.
