Sandra Xinico Batz
Los pueblos originarios y principalmente las mujeres de pueblos originarios somos bien “vistas” o “aceptadas” por la sociedad racista cuando no representamos ningún peligro para el statu quo o cuando no nos salimos de los “esquemas” colonizadores que se nos han impuesto, los cuales también tienen que ver con esa posición servil que muchos indígenas llegan a tener hacia con la oligarquía u otros grupos de poder, a los que se han plegado con tal de obtener unas migajas, aun cuando esto signifique volcarse en contra de su pueblo.
Esto es una de las radiografías más claras del colonialismo político que impera en Guatemala, que aborrece a los pueblos y a las mujeres originarias cuando ejercemos nuestra agencia política fuera de los márgenes del servilismo. Es por ello que cuando una mujer de pueblos originarios políticamente está de lado de las causas justas y de la abolición de la desigualdad, se hace referencia a la manipulación, buscando con esto anular nuestra capacidad de tener una posición política propia que sea contraria a la corrupción e impunidad.
Las acciones de bloqueo impulsadas desde la institucionalidad del Estado colonial para obstaculizar la participación del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos -MLP-tiene un vínculo directo con el colonialismo político, ya que además de ser jurídicamente una ilegalidad, lo que abiertamente pretende es dar un mensaje a la sociedad, de que los grupos políticos y económicos que controlan el país harán todo para impedir que un movimiento político ajeno a sus intereses gobierne e impulse cambios estructurales, ¿por qué? Simplemente porque no les conviene y en esto radica el miedo que tienen hacia el MLP.
El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su rechazo al amparo que fue presentado por el MLP en contra del bloqueo espurio promovido por el Tribunal Supremo Electoral, lo que imposibilita la participación de Thelma Cabrera y Jordán Rodas en las elecciones. Dicho anuncio se dio a conocer incluso sin que la resolución estuviera firmada por todos los magistrados, tal como lo denunciaron los abogados del MLP, que constataron que de forma arbitraria y descarada se había hecho oficial una supuesta decisión sin que esta cumpliera con los procesos legalmente requeridos.
El proceso electoral se está desarrollando en un ambiente de total desconfianza, precisamente por las acciones que desde la institucionalidad del Estado se están promoviendo para consumar un fraude. Hemos visto cometerse una ilegalidad tras otra sin que el TSE reaccione y mucho menos accione para frenar los delitos electorales, que desde hace meses se han venido cometiendo por los partidos políticos tradicionales, que ya ni se preocupan por “esconder” sus fechorías, pues el mismo partido oficial campantemente se ha mostrado utilizando los recursos del Estado para hacer campaña política, sin que exista alguna consecuencia por ello.
Esta situación no compete únicamente al MLP, ya que nos encontramos nuevamente frente a la imposición política de gobernantes, que a todas luces están mostrando sus vínculos con la criminalidad, así como su nula independencia económica y política.
