Las elecciones de segundo grado vuelven a colocar al país frente a uno de sus problemas institucionales más profundos. Esta vez se trata de la elección del Contralor General de Cuentas, un cargo que suele pasar inadvertido, pero concentra un poder enorme: fiscalizar los recursos públicos e incidir, mediante el finiquito, en quién puede optar o no a un cargo público. Por eso, esta no es una elección más; es una elección de segundo grado con poder de primera.
El problema: Muchos lo hemos hablado, pero no debemos cansarnos de decirlo: las elecciones de segundo grado en un mismo año, producto de las reformas constitucionales del 93 y de la integración de las Comisiones de Postulación, son parte del problema institucional que seguimos arrastrando. Una vez más se integra una Comisión de Postulación, esta vez para proponer al Congreso la nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas, una pieza clave en la lucha contra la corrupción o para promoverla aún más, como aparentemente ha venido ocurriendo.
Este mismo Congreso, que ya ha electo casi de todo, será responsable de elegir a quien debería controlar las cuentas del Estado.
¿Qué pasó? La Constitución Política de la República de Guatemala es clara cuando habla de la presunción de inocencia: nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. Sin embargo, una simple denuncia contra un funcionario o exfuncionario público puede provocar que la Contraloría General de Cuentas no extienda el conocido finiquito.
Ahora que el Congreso de la República incluyó dicho requisito en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional, el problema es aún mayor. Se convierte en un motivo respaldado para no inscribir a quien esté siendo investigado, sin importar la razón, la etapa procesal o el tiempo que esto tome. Incluso hemos visto casos en los que personas ya inscritas enfrentan el riesgo de perder la inscripción por una acusación o denuncia presentada durante el proceso.
No podemos dejar de citar el ejemplo del Rector de la Universidad de San Carlos, ya que en sus reglamentos internos no se establecía el finiquito como requisito obligatorio. Tampoco lo fue para elegir candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Sin embargo, su uso político ha ganado terreno hasta convertirse en un filtro discrecional.
En el Roberto Alejos Podcast de esta semana entrevisté a Carlos Mencos, un hombre de larga trayectoria académica y amplia experiencia administrativa, financiera y contable.
Lo entrevisté no solo por el cargo, su trayectoria y la confianza que genera su experiencia, sino porque él mismo fue víctima de esta situación. Estuvo a punto de no tomar posesión como diputado por una denuncia que pudo impedirle asumir el cargo para el cual ya había sido electo.
NO SE VALE que no podamos hacer cambios a la ley. No se vale que una ley ordinaria que exige el finiquito para tomar posesión pese más que principios constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho de participación política. Este instrumento otorga un poder enorme al Contralor General de Cuentas, a quien convierte en una especie de inquisidor que, con solo tramitar una denuncia, puede dejar fuera de la contienda electoral a cualquier persona.
Y aunque ya los constituyentes lo hemos aclarado muchísimas veces, esto solo es comparable con el uso subjetivo que se ha dado al artículo 113 de la Constitución, utilizado para impedir la inscripción de algunas personas como candidatas, cuando dicho artículo se refiere a requisitos para ser contratado como funcionario público y no a cargos de elección popular, donde el pueblo debe decidir con su voto.
YA ES HORA de que entremos a una reforma constitucional profunda y dejemos de estar solo con amenazas o advertencias. Está claro que el sistema ha sido cooptado, que no funciona y que está hecho a la medida de unos cuantos. Si bien una nueva Asamblea Nacional Constituyente puede ser peligrosa, una reforma profunda, sobre todo en seguridad, justicia y corrupción, es vital.
Algunos constituyentes ya hemos adquirido ese compromiso y nos vamos a sumar a quienes lo han estado clamando. Pronto daremos la sorpresa o, por lo menos, haremos el escándalo necesario, porque la ley sigue siendo manipulada de manera antojadiza para satisfacer los intereses de unos pocos, de quienes ostentan el poder.
Que nos duela saber que el Contralor General de Cuentas puede convertirse en un inquisidor todopoderoso, capaz de parar la candidatura de cualquier persona a cualquier cargo de elección popular, incluyendo las elecciones de segundo grado, e incluso impedir el nombramiento de una persona para un cargo público. Que ese dolor nos mueva a actuar, a involucrarnos y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
