Ramón Cadena
Para poder dar respuesta a uno de los principales desafíos de nuestros tiempos, la lucha en contra de la desigualdad y la discriminación, es crucial. El otro gran reto es lograr terminar con la impunidad existente. Nuestras sociedades se enfrentan a una creciente incertidumbre. El no poder visualizar con relativa confianza el bienestar de la familia en el futuro inmediato, hace obligatorio que todos y todas nos comprometamos con el cambio social, impulsemos acciones que nos permitan alcanzar el bien común y la construcción de una cultura de paz. Para lograrlo, tres derechos merecen protección especial: el derecho al medio ambiente, el derecho de acceso a la justicia imparcial e independiente y el derecho a la libertad de expresión.
Por un lado, es imperativo diseñar e implementar un nuevo modelo de desarrollo en el continente americano, que busque incluir a aquellos que tradicionalmente han sido marginados. En otras palabras, se trata de dar voz a quienes no la tienen. Esto se puede lograr mediante el respeto al derecho a un medio ambiente sano y respetando el derecho a la libertad de expresión. Es necesario implementar un modelo de desarrollo que promueva el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y el respeto al derecho a la libertad de expresión. Por el otro, es necesario garantizar que las personas puedan acudir ante un juez independiente e imparcial.
Es importante reconocer que no puede haber crecimiento económico a expensas del medio ambiente. El crecimiento económico, debe ir acompañado de medidas de protección del ambiente; de lo contrario, el desarrollo económico repercutirá negativamente en las poblaciones, haciéndolas más y más pobres y afectando gravemente sus territorios. Aquellas personas individuales o jurídicas que cometen graves violaciones al derecho al medio ambiente, deben ser castigadas con todo el peso de la ley. Además, es necesario reformar la Constitución Política de la República de Guatemala para que los jueces de primera instancia tengan garantizada una carrera judicial que les permita ascender a magistrados de Salas de Apelaciones o de Corte Suprema de Justicia por méritos y no por acuerdos políticos que regalen impunidad a las y los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción.
El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo aprobada en 1992, dejó sentado que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”.
Veinte años después, en el año 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, también celebrada en Río de Janeiro, reconoció que la democracia y el estado de derecho en los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018, constituye un instrumento poderoso en materia de protección del medio ambiente que recoge los enunciados anteriores.
Por su lado, los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados en la ciudad de Milán, Italia en 1985, estableció que todo Estado debe garantizar y proclamar en su legislación Constitucional y en sus leyes internas, la independencia de la judicatura. Además, que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole la respetarán y acatarán.
Para abordar con eficiencia la desigualdad que existe en el mundo, es necesario volcar nuestras acciones hacia los grupos y comunidades más vulnerables. Proteger su derecho al ambiente sano, así como garantizar que tendrán acceso a la justicia en casos que sus derechos sean violados y presentarse ante un Juez independiente e imparcial, para hacer justicia y que sus derechos sean restituidos mediante una sentencia que respete el principio de legalidad y un juicio justo.
El camino de Milán a Escazú ha costado mucho construirlo. Incluso muchas vidas de defensores y defensoras de derechos humanos han sufrido daños irreparables e incluso la muerte. La libertad de expresión ha sido violada. Si bien el Acuerdo de Escazú debe ser ratificado por el Estado de Guatemala, es necesario que los dos instrumentos mencionados, uno convencional y el otro declarativo, sean respetados por el Estado de Guatemala. Así, se logrará que el poder político no esté por encima del Derecho y que las poblaciones vulnerables no sigan sufriendo las violaciones que cometen empresas privadas transnacionales, al construir hidroeléctricas o carreteras para transportar electricidad; al explotar minerales y, en general, al apropiarse de los recursos naturales que pertenecen a los Pueblos. Así, se podrá dar voz a quienes no la tienen y respetar el principio de participación ciudadana.
