Por Jorge Santos
Es profundamente alarmante que el Sistema de Justicia guatemalteco esté en un punto tal, que ha desnaturalizado y sesgado el sentido y objetivo para el que fue creado. El acceso a la justicia por parte de la población guatemalteca, hoy más que nunca o sólo comparable con los años del Conflicto Armado Interno, está en su punto más bajo y muy próximo a tomar un punto de no retorno, hacia la impunidad absoluta.
En teoría el derecho a la justicia implicaría que la sociedad tenga la posibilidad de contar con un sistema de justicia accesible, que brinde un buen servicio y sobre todo que brinde un pronunciamiento judicial o administrativo justo en un tiempo prudencial y por último y en extremo importante, que las y los ciudadanos cuenten con el conocimiento de sus derechos y de los medios para poder ejercerlos. Esto sin lugar a dudas, cada día está más alejado de la realidad que vivimos.
En su libro, la garantía de acceso a la justicia: aportes empíricos y conceptuales, Birgin y Gherardi, establecen que, en su dimensión normativa, el acceso a la justicia se relaciona con derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos: el derecho a la tutela judicial, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la igualdad. Este conjunto de derechos tiene por objeto garantizar el acceso a un órgano jurisdiccional predeterminado, independiente e imparcial que decida basándose en el derecho, tras un proceso que respete las garantías procesales, en un sistema que las prevea y donde el acceso sea garantizado a todas las personas, sin distinciones que no puedan ser justificadas con argumentos objetivos y razonables. Ninguna de estas condiciones se está cumpliendo en el país y de ahí la gravedad del contexto al que nos enfrentamos.
Al contrario de lo que hemos descrito anteriormente, existen casos que se juzgan hoy en el sistema de justicia guatemalteco, que rayan en la ilegalidad, atropello contra los derechos humanos reconocidos por el Estado y que se convierten en una clara venganza o demostración de poder, contra quienes se atrevieron a alzar la voz contra la corrupción, impunidad y violencia o contra quienes desde sus judicaturas y fiscalías osaron trabajar por la justicia y no por los grupos de poder que persiguen impunidad.
Este proceso de grave retroceso, de impunidad e indefensión para las y los ciudadanos proviene de la captura del sistema de justicia por parte de las mafias, tanto en la Corte Suprema de Justicia, las salas de apelación, como de jueces que operan para ellas. Muchas personas defensoras de derechos humanos han sido víctimas de estas estructuras criminales disfrazadas de judicaturas y fiscalías. Abelino, Rigoberto, Domingo, Bernardo; hoy María, Nanci, Dulce María, Virginia son quienes sufren en carne propia el oprobio de la venganza y el terror ejercido desde el Estado. Hoy exigimos libertad para quienes aún sufren de la persecución espuria de las mafias que han tomado el sistema de justicia.
