Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Guatemala vive sus horas más retadoras porque la democracia está en juego, ahora más que nunca. Hemos sabido que necesitábamos reforzarla porque solo una democracia sana es capaz de atraer las mejores inversiones y de inspirar al ciudadano a que en su tierra se pueden lograr grandes cosas.
Hoy, ese objetivo de fortalecer la democracia, parece estarse alejando por una serie de cuestiones que no solo son culpa de este Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dicho eso y que creo que hay gente que en medio de todo busca lo mejor para el país (aunque no siempre comparto sus puntos de vista), el ente electoral tiene que hacer las cosas de manera distinta si desea que el día que se anuncie el resultado, la gente les crea.
Ya van dos candidatos que no podrán participar en las elecciones. Como dije el martes, ninguno de los dos son de mi agrado pero el punto aquí no es si nos caen bien o no, sino de si se está aplicando por igual la ley.
A Jordán Rodas le activaron las denuncias una vez se presentó como precandidato a la vicepresidencia, es decir, si las mismas las hubieran presentado antes no habría lugar a decir que el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) las presentó como consecuencia de su participación política. El silencio del PDH era obvio y tuvo que salir por la denuncia y desde entonces ha estado más activo, al punto que ayer marcó distancia con Alejandro Giammattei y los que piden la reactivación de la pena de muerte.
En este caso, es importante que de viva voz el TSE hable de sus motivos para negar el recurso, pero poco se ha dicho del rol de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) que parecen hacerse de la vista gorda de todos los negocios que ya sabemos han regresado en un ambiente de corrupción.
Relacionado al caso de Roberto Arzú, hay quienes dicen que este se voló la barda y que dejó muchas evidencias de su campaña anticipada. Ya usa Arzú Presidente y no estamos ni en campaña. No dudo que Arzú jugó fuera de las reglas porque así ha sido su estilo durante largos años de la vida, pero no ha sido el único en campaña anticipada y entonces el punto es que si no fue solo él, por qué los demás se lograron salir con la suya.
Es necesario también saber cuáles fueron los razonamientos jurídicos que llevaron a los magistrados del TSE a inscribir a Zury Ríos y Romeo Guerra porque sobre ellos cabía un debate jurídico y por tanto es necesario saber cuál fue su interpretación.
Ahora las cortes conocerán de candidaturas porque así lo manda la ley y sabemos de las composiciones que se viven en la justicia. El gran reflector está sobre Leyla Lemus porque la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene la última palabra y en esta corte ella también tiene lo último qué decir.
Y si todo eso lo amarramos al hecho que Miguel Martínez no busque una diputación cuando sabemos que necesita impunidad, que hay cientos de candidatos ya inscritos con vínculos con el crimen organizado y narcotráfico y que hay miles de candidatos que no son idóneos, capaces y honrados, debemos entender que la credibilidad del resultado mismo está en juego.
Cuando el 25 de junio o la madrugada del 26 se anuncien los primeros resultados, la gente necesita creerlos y creerle a los magistrados del TSE y por eso se debe trabajar en enderezar el rumbo.
Si 5, 10 o 15 partidos (que los habrá de todos los colores y sabores) se unen para gritar fraude el 25 de junio, nuestra democracia pasará por un proceso largo y complicado cuyos efectos nos durarán años.
Urge que el TSE asuma su rol de manera distinta y que los ciudadanos articulemos vías, propuestas y consensos para no dejar que unos cuantos que necesitan la democracia y las instituciones débiles, nos ganen de nuevo la partida y afecten a millones de honrados y trabajadores de este país.
