Ayer la ministra Claudia Ruiz y sus viceministras dieron un espectáculo de cómo se puede manipular la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, contenida en el Decreto Número 22-2008, al presentarse rodeadas de niñas literalmente acarreadas para presentar una denuncia en contra del diputado Aldo Dávila por “transgresión a los derechos de las mujeres” simplemente porque se le ha exigido la necesaria rendición de cuentas a que están expuestos todos los funcionarios, hombres y mujeres, sin que ninguna ley establezca que el hecho de ser mujer constituya fundamento para que las funcionarias puedan hacer lo que les da la gana y nadie les pueda criticar porque ello supuestamente constituye una agresión o acoso.
La arrogante ministra, en plena pandemia y sin distancia social acarreó niñas (allí sí explotando su condición de mujercitas) para montar un show en el momento de presentarse ante otra fémina, Consuelo Porras, para iniciar un proceso de esos que desvirtúan la esencia misma de la legislación aprobada para proteger a quienes puedan ser víctimas de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres. La ley no se diseñó para que la usaran las funcionarias o figuras públicas para evitar que se formule alguna crítica en su contra, sino para prevenir el abuso y la violencia que de manera clara y precisa detalla la ley, lo que no obsta para que algunos juzgadores decidan aplicarla en terrenos diferentes.
Si algo denigra a la mujer en general es que la corrupción y/o incapacidad de unas cuantas féminas quieran ser apachadas alegando que cualquier denuncia constituye una “transgresión a los derechos de las mujeres” entre los cuales, por cierto, no está el de ser corrupta. Todo ser humano merece respeto y las mujeres tienen todo el derecho de exigirlo, pero en el momento en que alguien opta por un puesto público tiene que entender que queda expuesto al escrutinio y obligado a la rendición de cuentas. No por gusto se establece constitucionalmente que no constituye delito o falta, de ninguna especie, las denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.
El desastre de la educación en Guatemala es tema que preocupa a muchos porque esta administración no sólo ha sido incapaz de dar siquiera mantenimiento a las escuelas sino que han sido capturadas por el sindicato de Joviel que es quien realmente decide y manda en el ministerio donde no se hace absolutamente nada sin su complacencia. Ayer mismo hubo contingente de maestras sindicalizadas que fueron al MP haciendo bulto con la ministra porque así se los instruyó el mero jefe a quien, a cambio, doña Claudia benefició con una confidencialidad sacada de la manga para ocultar las oscuras negociaciones del pacto colectivo.
Usar la Ley de Femicidio como escudo contra el escrutinio público es una aberración propia de la baja catadura moral de ciertas gentes. Ningún funcionario o funcionaria es superior a la ley y todos están obligados a la rendición de cuentas. Buscar impunidad litigando en base a una ley hecha con la sana intención de evitar abusos contra las mujeres pinta de cuerpo entero la intención de encubrirse.
