Oscar Clemente Marroquín
Ayer las autoridades de aeronáutica y de migración comunicaron que con efecto inmediato darían cumplimiento a la disposición del Ministerio de Salud de exigir, a partir del mismo 23 de diciembre, la presentación de prueba negativa de COVID-19 a todos los pasajeros que entraran al país por cualquier vía, ello como efecto de los análisis que, supuestamente, hicieron los “expertos” a fin de tomar las necesarias precauciones ante la nueva variante del virus que se ha mostrado más contagiosa. El miércoles por la noche la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó de la decisión y el jueves temprano el ministerio subió oficialmente el documento que ordenaba exigir pruebas PCR o antígeno realizadas dentro de las 24 horas previas a embarcarse.
A media mañana todo había cambiado porque en el ministerio sin duda alguien realizó lo absurdo de esa disposición tomada a troche y moche por algún grupo de incapaces. En primer lugar no se podía implementar inmediatamente esa exigencia porque se requiere de toda una cadena de notificaciones que no se hicieron oportunamente y en segundo lugar, debido precisamente a la presencia de la variante Ómicron, en todo el mundo ahora hay escasez de pruebas. En muchas ciudades de Estados Unidos se publican avisos de que están agotados los test para detectar el virus y el número de contagios va en aumento, lo que hará realmente difícil que se pueda cumplir con el requisito de prueba negativa con menos de 24 horas de realizada.
Entiendo perfectamente el entusiasmo de Aeronáutica Civil para implementar de inmediato la disposición porque en la misma se decía que el viajero que no trajera esa exigente comprobación de no estar contagiado, tendría que hacerse una prueba en el mismo aeropuerto donde una empresa tiene el privilegio de tener a su cargo no sólo la responsabilidad sino el gran negocio de hacerlas mediante un pago que debe hacer el pasajero y que no es para nada barato.
Después de casi dos años de lidiar con la pandemia es en realidad una vergüenza que las autoridades no puedan tomar decisiones acertadas y pensando en la salud pública. Esos traspiés reflejan el nivel de incapacidad que tiene la gente que debe disponer qué es lo que procede que hagamos todos frente a la pandemia para, supuestamente, reducir el impacto de los contagios. Y es que si nos referimos a la vacunación no podemos olvidar que de no ser por la caridad de Estados Unidos y otros países que hicieron donaciones menores, estaríamos literalmente en cueros, porque los rusos incumplieron olímpicamente sus obligaciones y aquí nadie ha dicho nada ni ha reparado en el trinquete para deducir responsabilidades. Que nos robaron es un hecho, pero como ocurre ahora en la Guatemala sometida a la dictadura de la corrupción, todo queda en paz y los ladrones se pueden envolver en alfombras o lo que sea, porque para protegerlos están todas las instituciones.
Sin pena ni vergüenza, simplemente borraron de sus sitios oficiales las torpes medidas dispuestas y ahora nos queda ver que nueva ocurrencia viene.
