Los resultados de PISA 2025, Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (por sus siglas en inglés, Programme for International Student Assessment), han vuelto a colocar a Guatemala frente a una realidad que durante años se ha querido minimizar, pero muchos factores han evitado que nuestro sistema educativo esté en “trapos de cucaracha” en la formación de las competencias más básicas para el desarrollo personal, social y económico.
Los bajos puntajes en lectura, matemática y ciencias no son únicamente números en una tabla internacional; representan a miles de jóvenes que llegan a la adolescencia sin comprender adecuadamente un texto, sin resolver problemas matemáticos elementales y sin desarrollar el pensamiento científico que exige el mundo actual. Mientras otros países avanzan hacia la economía del conocimiento, Guatemala continúa atrapada en una crisis educativa estructural que compromete su futuro y donde los padres de familia debemos de asumir la responsabilidad que nos toca, por la poca atención que se les pone a los hijos.
El dato más preocupante no es solamente ocupar los últimos lugares de América Latina y Centroamérica. Lo verdaderamente alarmante es que la inmensa mayoría de estudiantes evaluados (privados y públicos) no alcanza los niveles mínimos de desempeño. Esto significa que la escuela, especialmente para los sectores más vulnerables, no está logrando cumplir su misión fundamental, tampoco puede garantizar aprendizajes que permitan a los ciudadanos desenvolverse con autonomía, productividad y capacidad crítica. El informe deja claro que el problema no es la falta de motivación de los estudiantes, sino la calidad de las oportunidades educativas que reciben y la incapacidad del sistema para cerrar las profundas desigualdades existentes.
Frente a este escenario, el Ministerio de Educación -Mineduc- tiene la obligación de abandonar la lógica reactiva y construir una estrategia nacional de recuperación de aprendizajes. Se necesita una intervención urgente que fortalezca la lectura comprensiva desde los primeros años, la enseñanza de la matemática con enfoque práctico, la formación docente continua y mecanismos permanentes de evaluación. Asimismo, resulta indispensable asegurar el cumplimiento efectivo del ciclo escolar, porque ningún programa de mejora tendrá éxito si los estudiantes continúan perdiendo semanas o meses completos de clases, se les tiene que exigir al ciento por ciento.
Y es precisamente aquí donde surge una de las contradicciones más dolorosas de la educación guatemalteca. Mientras los indicadores muestran el peor desempeño regional y miles de estudiantes enfrentan enormes dificultades para aprender, los conflictos sindicales se han convertido en un obstáculo adicional para la educación.
La prolongada interrupción de actividades que dejó a niños y jóvenes sin clases durante cerca de tres meses constituye un golpe cuyas consecuencias probablemente se reflejarán en futuras evaluaciones. Resulta legítimo defender derechos laborales, pero es imposible justificar acciones que terminan sacrificando el derecho fundamental de la niñez a recibir educación.
El liderazgo de Joviel Acevedo y del sindicato magisterial debe ser evaluado a la luz de estos resultados. Cuando un sistema educativo exhibe cifras tan dramáticas, la prioridad nacional debería ser recuperar aprendizajes, fortalecer escuelas y proteger el tiempo efectivo de enseñanza. Sin embargo, durante años la discusión pública ha girado alrededor de pactos, presiones y negociaciones que poco tienen que ver con la calidad educativa. Los verdaderos perdedores de ese modelo no son los funcionarios ni los dirigentes sindicales; son los estudiantes del sistema nacional y de los colegios privados que es todavía más preocupante porque pagamos cuotas altísimas por nada, solamente para que nuestros hijos vayan a pasear y jugar.
Los datos están sobre la mesa, las debilidades son conocidas y las experiencias internacionales muestran caminos para superar el rezago. Lo que falta es voluntad política para poner el interés superior de los estudiantes por encima de los intereses corporativos, gremiales y electorales. Si algo deja al descubierto PISA es que el fracaso educativo guatemalteco ya no puede atribuirse únicamente a la pobreza, a la ruralidad o a la falta de recursos. También es el resultado de una clase política que históricamente ha encontrado más ventajas en administrar la ignorancia que en promover el conocimiento.
Quizá por eso la educación nunca ha sido una verdadera prioridad nacional. A demasiados politiqueros les conviene más un ciudadano dependiente que un ciudadano informado, sino que lo diga la oferta política que tenemos en plena carrera electorera. Les resulta más rentable repartir una lámina, una bolsa de verduras, algunas frutas o comida chatarra durante la campaña electoral que construir escuelas de calidad, fortalecer la formación docente o garantizar aprendizajes reales.
Tenemos a la vista una radiografía de las debilidades de nuestra democracia y una advertencia sobre el futuro del país. Mientras los estudiantes sigan obteniendo los peores resultados de Centroamérica, mientras se normalice la pérdida de clases por conflictos ajenos a las aulas y mientras la educación continúe siendo moneda de cambio para intereses sindicales y políticos, Guatemala seguirá condenada a competir con enormes desventajas. La verdadera pregunta es si el país tendrá el valor de romper ese ciclo o si seguirá aceptando que el atraso educativo sea el precio que algunos están dispuestos a pagar para conservar poder. Porque al final, detrás de cada escuela que fracasa, siempre hay alguien que se beneficia de que los ciudadanos sepan menos de lo que deberían saber.
