En la vida pública y en la vida profesional existe un acto solemne que debería marcar un antes y un después en nuestras vidas. El juramento, momento en el cual un funcionario es nombrado en un cargo, donde se le pide que jure respetar y hacer cumplir la Constitución Política de la República. Ese momento, cargado de simbolismo, debería ser la garantía de que la persona que asume la responsabilidad entiende que no se trata de un privilegio, sino de un compromiso con una sociedad, con su familia y con el orden democrático.
Sin embargo, en la práctica, ese juramento se ha convertido en un trámite de inmoralidad, un requisito protocolario que se pronuncia con la misma ligereza con la que se firma una hoja de papel higiénico. El juramento es, en esencia, un pacto de honorabilidad. No se trata únicamente de obedecer normas escritas, sino de reconocer que la función pública exige honorabilidad, rectitud, transparencia y servicio.
Cuando un funcionario jura respetar la Constitución, está aceptando que su conducta será medida por ese marco jurídico y que cualquier desviación constituye una traición a la Patria. Pero lo que vemos en la realidad es que muchos funcionarios convierten el juramento en un acto político, en una fórmula que se recita para acceder al poder, sin intención de cumplirla.
La consecuencia de la acción es devastadora, porque se erosiona la credibilidad de las instituciones y de la política. Cada vez que un funcionario que juró respetar la Constitución se involucra en actos de corrupción, en decisiones arbitrarias o en abusos de poder, el juramento pierde razón de ser. Pero que podemos esperar de los “politiqueros” si lo único que les interesa es llenarse los bolsillos.
Y cuando el juramento deja de ser un compromiso de honor, la política se reduce a un juego de intereses, donde lo que importa no es la Constitución ni el bien común, sino la conveniencia personal o partidaria. Este fenómeno no se limita al ámbito político. En la vida académica también existe el juramento, especialmente en profesiones que tienen un impacto directo en la vida de las personas, tal como lo hemos visto en las Comisiones de Postulación, donde la academia perdió la ética y los rectores y decanos han demostrado que su nombre y las instituciones que representan valen una nada.
El caso más emblemático es el de los médicos, quienes al graduarse pronuncian el juramento hipocrático, comprometiéndose a ejercer la medicina con ética, respeto y dedicación al bienestar del paciente. Ese juramento debería ser la brújula moral que guíe cada decisión clínica, cada diagnóstico y cada tratamiento. Sin embargo, también aquí encontramos contradicciones.
No son pocos los casos en que el ejercicio de la medicina se ve contaminado por intereses económicos, por negligencias o por prácticas que ponen en riesgo la vida de los pacientes.
Este ejemplo nos lleva a preguntarnos; ¿qué significa jurar, si quienes lo hacen no cumplen? La respuesta nos obliga a reflexionar que se murió la cultura del compromiso y se aplaude el cinismo. El juramento debería ser un acto de honorabilidad, un recordatorio de que la palabra tiene un valor y que la confianza depositada en una persona exige coherencia entre lo que se promete y lo que se hace.
Recuperar el valor del juramento implica rescatar la idea de que la palabra tiene valor moral. No basta con exigir que los funcionarios o los profesionales pronuncien fórmulas solemnes; es necesario que la sociedad demande valores, que se sancione la traición al compromiso y que se premie la integridad. El juramento debe volver a ser un pacto de honor, no un trámite burocrático de cinismo.
En tiempos en que la desconfianza hacia las instituciones y hacia las profesiones es cada vez mayor, devolverle sentido al juramento es una tarea urgente. Porque sin honorabilidad, sin respeto a la palabra dada, la política se convierte en un chiste de mal gusto y la vida profesional en un negocio sin ética.
Y entonces, lo que debería ser un compromiso con la Constitución o con la vida profesional se reduce a una frase olvidada, pronunciada solo para abrir puertas, pero incapaz de sostener la dignidad de quienes la pronuncian. Y así hay muchos personajes que les importa un “comino” cumplir con lo que ofrecen, sobre todo los administradores de la ley, quienes han vuelto la justicia “pronta y pagada”.
