Cuarenta años han transcurrido desde el cese al fuego entre el ejército de Guatemala representando al Estado y a la oligarquía del país y su contraparte la guerrilla representando los intereses de la población mayoritariamente indígena y campesina. Durante dicho lapso las partes beligerantes cesaron sus operaciones militares y supuestamente debieron influir para que los Acuerdos de Paz se cumplieran.
Sin embargo, el Estado y sus diferentes gobiernos no respondieron a las expectativas de paz que se esperaban: el cumplimiento de las normas que se crearon y a las cuales se comprometió. Las palabras y los discursos fueron elocuentes ante la presencia de invitados internacionales, pero, sólo quedaron las palabras y discursos, las cuales se las llevó el viento y nunca más se transformaron en acciones legales y administrativas para tratar de cicatrizar el tejido social roto por la metralla y la ignominia de los verdaderos dueños del país.
El sector político, desde siempre, es decir desde que Guatemala obtuvo su independencia política y administrativa de España y cualquier otro país el 21 de marzo de 1847 –fundación de la República– ha tenido en sus manos el deplorable papel de ser sumisos sirvientes de sus amos quienes determinaron y aún determinan quién o quiénes pueden gobernar al país para garantizarse con prebendas que aumentaron sus capitales económicos.
La Historia de Guatemala nos muestra que muy pocas personas que ejercieron la gobernatura del país, es decir del Organismo Ejecutivo hayan sido capaces y honrados en el manejo de las finanzas públicas; sin embargo, el sector político ejerciendo funciones de empleados y funcionarios públicos se caracterizó por privilegiar sus intereses personales y de sus financistas por sobre los intereses de la población haciendo caso omiso del precepto legal que indica que los intereses públicos prevalecen sobre los intereses particulares. De ahí que, en el imaginario nacional, el Organismo Legislativo haya traído como carga negativa el estigma de estar al servicio de otros intereses y no de los de la población.
Hace un par de días, se celebró el Día Mundial de los Refugiados y en nuestra Guatemala cabe recordar el sufrimiento de miles de indígenas campesinos que fueron sometidos bajo presión de ser masacrados, a huir de sus tierras heredadas de sus ancestros con distintos destinos internos y foráneos para salvaguardar sus vidas; el éxodo, permanencia y retorno de los miles de personas refugiadas en México, Estados Unidos de América, Honduras, Belice y hasta en algunos países europeos, dejó una marca invisible en el alma, corazón y memoria, pues rompió el tejido social de quienes vivieron tal circunstancia.
Esos hijos de la guerra, los que volvieron y los que se quedaron en otros lugares, recordarán su vida previa al éxodo forzado, el nacimiento de sus hijos y la asignación de otra nacionalidad, contarán a sus nietos y bisnietos lo terrible que es vivir en un estado de guerra donde no se reconocen los derechos elementales de la población indígena; se les discrimina y judicializa tipificando delitos y acciones que son consideradas ilegales y que atentan contra los intereses de la clase económicamente pudiente del país.
Dentro de las consecuencias que a su retorno enfrentaron los niños y adolescentes desplazados forzosamente en otros países, fue el de enfrentar en el aspecto educativo brechas muy significativas en materias como aritmética y lectoescritura, lo que les representó dificultades para su reinserción en el sistema educativo nacional.
