Los componentes Valor Estadístico y Valor Normativo o reglamentario que definen “normalidad” son bastante complejos. De cualquier evento o problema, su calificativo de “normal” recae en una observación de esos valores cuya objetividad debe ser rigurosamente científica en su explicación y comportamiento. Por ejemplo analizar la funcionalidad de la justicia guatemalteca, su funcionar “normal” dentro de la realidad, significa un calificativo (patrón estadístico) acorde a la ley (lo normativo). Lo deseable al hacerlo es buscar y estimar paralelismo y diferencia entre esos valores y calificarlos de acuerdo a principios universales éticos aceptados, a fin de controlar las arbitrariedades que se estén produciendo en el cumplimiento de la norma o regla.
Cuando leemos que recientemente el Ejecutivo ha presentado más de 270 denuncias de corrupción y que el MP ha desestimado 20% de ellos y que el resto permanece estancado en fase de investigación inicial sin avances significativos y prestamos atención a la historia reciente de ello, advertimos que el incumplimiento normativo y regulatorio, se ha vuelto estadísticamente potente y por lo tanto hemos entrado a una “normalidad viciosa respecto a nuestra justicia”.
Las costumbres, valores, hábitos y experiencias de pueblos y funcionarios cuando, –como en el caso del MP– dejan y permiten un valor estadístico de violaciones (los dictados de leyes y mandatos constitucionales) la normalidad apunta a lo negativo y ese es históricamente nuestro caso: una normalidad caracterizada por destruir lo justo, correcto y lo deseable. En nuestro ejemplo, una justicia que ha tenido y asumido como “normal” una aplicación comandada por injusticias, rompe con el principio de valor acordado democráticamente en su Constitución y la justicia no se vuelve norma para todos.
En consecuencia, ante una realidad vivencial actual hundida en los tiempos pasados, nuestra vivencia en el manejo de casos de alto impacto, se da dentro de la inequidad y desigualdad político-social y nuestra normalidad en vez de convertir un ideal en algo deseable y acordado, lleva a una realidad normal dolorosa y limitante a muchos.
En Guatemala los problemas que nos aquejan a diario, faltos de atención y respeto conforme a los derechos humanos, nos expone a una “normalidad deseable” muy ajena a la “normalidad real”. De esa cuenta, el reto político y social se torna además de la denuncia, en reencausar esa normalidad no deseable, a una deseable en lo estadístico como en lo valorativo. Pero nuestra gobernanza y socialización en su estructura, organización y funcionamiento actual, vuelve imposible lograr una normalidad para impartir justicia, educación, salud, trabajo etc., acorde a lo establecido en Leyes y Constitución.
Montar un esfuerzo nacional por educar y comprometer a todos, enfocada en obtener una normalidad posible en lo justo y equitativo, con sus variaciones y grados regidos por los mandatos y reglas y no en base a voluntades y pasiones, no es tarea fácil y la única base disponible actualmente para hacerlo, es darle cabida a la democracia, enfocándola al bienestar y la felicidad de la mayoría, en cuanto lo político, económico, social y ambiental.
Eso significa pasar de una normalidad –teóricamente posible de eliminar– cargada de injusticias inequidades y dolores que afectan a la mayoría, a un proceso activo en que se rompa con la creencia de que es tarea de otros o de dejar que sean las circunstancias las que decidan. Cosa factible de realizar, dado que todos venimos equipados con el sentido de la previsión y planificación del futuro.
