Luis Fernandez Molina

luisfer@ufm.edu

Estudios Arquitectura, Universidad de San Carlos. 1971 a 1973. Egresado Universidad Francisco Marroquín, como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (1979). Estudios de Maestría de Derecho Constitucional, Universidad Francisco Marroquín. Bufete Profesional Particular 1980 a la fecha. Magistrado Corte Suprema de Justicia 2004 a 2009, presidente de la Cámara de Amparos. Autor de Manual del Pequeño Contribuyente (1994), y Guía Legal del Empresario (2012) y, entre otros. Columnista del Diario La Hora, de 2001 a la fecha.

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Resaltaba en mi columna anterior el drástico cambio de las reglas fiscales. Hasta hace poco era fácil eludir o evadir el pago de impuestos; los controles eran precarios y por lo mismo el pago cabal de los tributos dependía de la buena conciencia de los ciudadanos, aunque todos porfiaban por pagar lo mínimo posible. Y es que, tradicionalmente, los porcentajes siempre han sido elevados, establecidos bajo la premisa de “pedir lo imposible para obtener lo máximo posible”. Aunque sea una porción de lo que dicen las tablas; algo es algo. Pero el fisco se fortaleció con el auxilio inesperado de dos grandes superhéroes: a) las leyes antilavado y anticorrupción; y b) los avances tecnológicos. Por lo mismo, la sartén paso a manos de Hacienda, o sea, la SAT que además ha celebrado convenios de cooperación con el Registro de la Propiedad y ahora con la Municipalidad.

Comentaba el caso de una típica compraventa de hace un par de décadas. Un precio real de 500 mil quetzales de una casa que en catastro estaba valuada en 38 mil, y que en la escritura se consignó que el precio es de 40 mil. Buen ahorro de tres impuestos: timbre (o IVA), ganancia de capital (ISR) y el IUSI. Solo los honorarios se fijaban sobre el verdadero valor de la operación, ya memo el abogado. Después de la firma se entregaba el cheque por el valor real, 500 mil, que se depositaba en el banco del vendedor. “Bienvenido don Plutarco, gracias por preferir este banco”. Ahora no es tan simple, le piden la escritura y el valor del cheque a depositar debe ser el mismo que aparece en la escritura. Un cheque por 500 mil en una venta por 40 mil. Está muy raro usted. Aquí hay: a) defraudación fiscal; o b) lavado de dinero. “Escoja usted qué delito prefiere don Plutarco”. De plano el primero porque las penas son más severas en el lavado.

Como paliativos han surgido malabarismos legales de algunos colegas: hacer otra escritura por “mejoras”, aportar a sociedades anónimas, revaluaciones o hipotecas a la carta, etc. Pero esas listuras ya prácticamente no funcionan frente a las nuevas herramientas con que cuenta la SAT. Ya no se pueden manejar valores “de mentiritas”. Solo los precios reales tienen congruencia y se pueden sostener a lo largo de muchos controles, para empezar el banco y luego el Registro. La facturación electrónica, los seguimientos de operaciones en base al NIT, los controles cruzados electrónicos, etc. Es un escenario distinto en que todo el mundo debe alinearse, hacer cola y portarse bien. Pagar cabalmente sus impuestos. Y es, precisamente, en este punto en el que quiero plantear mis sugerencias.

La premisa de que “a mayor tasa de impuesto mayor es la recaudación” es una ecuación muy engañosa y eventualmente contraproducente. Para empezar, no se trata de elevar las cifras de los montos recaudados. Esa no es una meta del Estado (ni que fuera una empresa por sí misma). La finalidad básica de los impuestos es la de sostener los gastos públicos que le son propios y de esa manera consolidar un sistema firme que permita el libre juego de las iniciativas de los ciudadanos. Algunos sistemas manipulan los impuestos para condicionar la conducta de los ciudadanos. Por ejemplo, el impuesto muy elevado a los vehículos de mucho lujo tiene el claro propósito de disuadir la importación de los mismos. Lo propio de los impuestos a bebidas espirituosas o cigarros. Pero, insisto, el fin primordial es sostener el gasto público y en esa proporción se deben proyectar los impuestos. Reitero, es totalmente falaz la afirmación de que a más tributos mayor será la recaudación. Una carga impositiva muy alta va a “asfixiar” una economía y por lo mismo sus actores estarán cada vez en peores condiciones para tributar. Se contraerá el gasto y se retraerá la inversión. Disminuirán los pocos puestos de trabajo. Aumentará la corrupción. En este contexto ¿de qué sirve un “gobierno rico” en tributos?

Con mucho control (como lo hay) y tasas muy altas el fisco ya no va a perder por manipulaciones de los contribuyentes en casos particulares, pero sí va a perder, y mucho, por la reducción de operaciones, y no solamente el fisco sino que toda la comunidad. Una economía se mueve al ritmo en que se realizan sus operaciones. Hoy día mucha gente se resiste a realizar un negocio por lo alto de los impuestos (que ahora no se pueden eludir ni evadir). Con los altos costos de las compraventas muchos propietarios prefieren no vender. Ello promueve una cadena negativa que redunda en: menor inversión en construcción, reducción de demanda laboral, baja en consumo de materiales, etc. Una verdadera contracción de la economía.

Sugerencia concreta. Por lo anterior sugiero que se revisen las tasas impositivas. Que en compraventas entre particulares, se facilite el trámite de revaluación (cuarta parte del valor catastral) o se reduzca la ganancia de capital, de un 10 a un 3 por ciento; que por su parte el IUSI sea parejo y se fije en 3 por millar (dejar el 3, 6 y 9 por millar), independientemente del valor del inmueble. Van a desbordar nuevas compraventas de inmuebles. Al final, el fisco va a cobrar más en medio de una economía pujante.

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