María Consuelo Porras, Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP). Foto. MP.

Nadie debe estar por encima de la ley, pero la persecución penal tiene que ser objetiva y seria, situación que viene a cuento con las denuncias que hace elPeriódico respecto a un proceso de investigación sobre una negociación realizada con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para la impresión de suplementos y que se activa nuevamente luego de que la posición del diario y de su dueño cambió radicalmente en torno al papel que juega Consuelo Porras en el entorno nacional, lo cual sucedió cuando se produjo el destape del escándalo ruso, dado a conocer por el New York Times y luego replicado por el diario guatemalteco.

Lo que hace suponer que se trata de una investigación “oportuna” y no objetiva es que el caso ha permanecido en el Ministerio Público (MP) durante mucho tiempo y que mientras en las páginas de elPeriódico no se criticaba, ni siquiera en un peladero, nada que hiciera Consuelo Porras al punto hasta que hubo al menos un columnista que recibió pedidos para no atacar a la funesta funcionaria. El problema surge por una negociación realizada con el IGSS bajo la presidencia de Luis Reyes Mayén, que terminó en el 2013 tras una extraña prolongación de funciones y que, como cualquier negocio con el Estado, está sujeto a fiscalización, en lo cual no hay nada extraño ni criticable. Entendemos que el punto gira en torno a si el suplemento llevaba pauta y a quién le correspondía el fruto de esos anuncios.

Todas las empresas que en algún momento hacen algún negocio con el Estado se someten al régimen de fiscalización y rendición de cuentas respecto al negocio concreto. La Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público tienen derecho a investigar ese tipo de operaciones, pero lo extraño es que la fiscalía a cargo del caso se haya activado precisamente cuando se produjo el cambio de línea del diario y por fin se empezó a señalar el papel que juega Consuelo Porras en la estructura de la cooptación total del Estado que realizan los agentes de la corrupción y la impunidad.

No nos cabe duda que el Ministerio Público está al servicio de ellos y que por tal razón se activa el caso contra elPeriódico que ahora se sumó a las voces que señalan el nefasto papel de Consuelo Porras, luego de haber sido una especie de funcionaria consentida a la que no se molestaba ni con el pétalo de una rosa. La investigación debe ser sería y profunda para garantizar el debido proceso. El problema que verán muchos de los actuales aliados que ella tiene, es que con tantito que se aparten de la exigente línea de la corrupción, la impunidad y el control total, van a pagar las consecuencias de una justicia que quieren ejercitar para castigar enemigos, no para conocer la verdad.

Redacción La Hora

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