Estas fechas siempre son propicias para realizar evaluaciones y considerar posibilidades de futuro, sin embargo, en esta oportunidad es aún más propicio dado que estamos frente a la culminación de un ciclo presidencial y a tan sólo 15 días de la toma de posesión de un nuevo presidente de la República. Para iniciar con este proceso debo de manifestar que Alejandro Giammattei representa o al menos es uno de los rostros más visibles de un grupo pequeño pero poderoso de actores que desarrollaron acciones para poner fin al ciclo que abrimos con la firma de los Acuerdos de Paz. Su intención estaba centrada en restaurar un viejo régimen de corrupción, impunidad y violencia con el objetivo ulterior de garantizar que los privilegios para la élite económica, no sólo se mantuvieran sino se ampliaran más, aún y a costa del empobrecimiento mayor de la población.
Esta decisión de las élites del país, de cerrar el ciclo de la paz se ha venido desarrollando desde el gobierno del expresidente Jimmy Morales y se profundizó durante el gobierno actual. La decisión es de tal tamaño que a la presente fecha, algunos actores involucrados con estos, continúan en el desarrollo de un golpe de Estado que no permita la asunción de Bernardo Arévalo y Karin Herrera al poder y pareciera ser que aunque cada vez más debilitados, estas acciones no se detendrán y que se llevarán a cabo el propio 14 de enero del 2024. Sin lugar a dudas, la única posibilidad que existe para abrir un ciclo que nos permita recuperar la institucionalidad pública del Estado guatemalteco y construir democracia y desarrollo para todos y todas, fue abierta por el Pueblo en las elecciones recientes, pero sólo podrá ser materializada una vez se logre conjurar el golpe de Estado y someter ante la ley a aquellos y aquellas que abusando de su poder cometieron ilegalidades y se prestaron al rompimiento del orden constitucional del país.
Una vez superada esta etapa, todos los esfuerzos del nuevo gobierno deben de estar dirigidos a abrir un nuevo ciclo para la sociedad guatemalteca. Este ciclo deberá estar forzosamente dirigido hacia abrir nuevas posibilidades de desarrollo para la población en particular para los históricamente desposeídos y vulnerabilizados. Este proceso de elaboración de política pública deberá hacerse con el fin de construir poder popular con el propósito de darle al Pueblo el poder que le corresponde y que con ello se ponga un freno y un límite a las posibilidades de que actores vinculados al Pacto de Corruptos pretendan de nuevo abusar de su poder y cometer arbitrariedades contra el Estado y la población.
Este nuevo ciclo deberá estar invariablemente afincado en el diálogo abierto, permanente y sistemático con la sociedad civil, con las autoridades indígenas y con las organizaciones y movimientos de los Pueblos. Cerrar este ciclo de corrupción, impunidad y violencia no sólo es necesario, sino obligatorio y abrir uno nuevo que nos permita, más allá de los 4 años de Gobierno, construir democracia y vida digna.
