Jorge Santos

jsantos@udefegua.org

Defensor de derechos humanos, amante de la vida, las esperanzas y las utopías, lo cual me ha llevado a trabajar por otra Guatemala, en organizaciones estudiantiles, campesinas, de víctimas del Conflicto Armado Interno y de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Creo fielmente, al igual que Otto René Castillo, en que hermosa encuentra la vida, quien la construye hermosa.

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Un mes más tarde de lo que usualmente inicia, arrancó el ciclo escolar 2023 en el sector público a nivel nacional. Para la niñez guatemalteca representa el reinicio de actividades presenciales luego de más de 2 años y medio de recibir educación virtual. La posibilidad de recuperarse del impacto del medio proceso educativo que implementó el Ministerio de Educación del 2020 al 2022. En redes sociales la imagen de un presidente preocupado por la niñez vociferando la alegría de iniciar un nuevo ciclo educativo, fue desmentida por la evidencia de la deplorable situación de la infraestructura de las escuelas y la insuficiencia de docentes.

Sin ir muy lejos del centro del poder político, en la Ciudad de Guatemala colapsan muchas escuelas e institutos públicos: vidrios rotos, techos con agujeros, pintura vieja, insuficientes pupitres útiles, restricciones de conectividad, ausencia de equipos de cómputo, pizarrones deteriorados, sin agua y sin los materiales necesarios para el ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje requeridos para ciudadanos del Siglo XXI. Las carencias en las escuelas son directamente proporcionales a la distancia, la ruralidad y la pobreza de la población a la que atienden; e inversamente proporcionales a la necesidad de inversión en educación.

La actual ministra de Educación Claudia Patricia Ruiz Casasola, cumple con el perfil de una funcionaria de la administración del presidente Giammattei. Se evidencia en las mediocres condiciones de la calidad educativa, en la permisividad al efecto de la corrupción sobre la educación. A finales de febrero inició el proceso de adquisición de los requerimientos mínimos para las escuelas, a pesar de que la cartera de Educación tuvo dos años para preparar las escuelas y el equipo docente para recibir respetuosamente a la niñez guatemalteca.
Estamos observando la continuada violación de su derecho humano a la educación. Situación que tiene alcances al mediano y largo plazo para el país, pero sobre todo para cada niña, cada niño, su familia y su comunidad.

El deterioro de la calidad educativa es de tal nivel que Guatemala ocupa el puesto 196 de 199 países evaluados en el Índice de Coeficiente Intelectual (CI). Somos el país del continente americano peor evaluado y superados a nivel mundial únicamente por Sierra Leona, Liberia y Nepal. Un informe de UNICEF documenta el deterioro de la calidad educativa en la región. Se evidencia que el estado de Guatemala trata con desidia y desinterés criminal a la niñez.

Más que consecuencia del cierre de las escuelas por el COVID, que fue un fenómeno mundial, la niñez está pagando los privilegios y la impunidad de la élite económica guatemalteca. Mafiosos y depredadores están empeñados en acumular riqueza y proteger sus privilegios aún cuando eso implica de privarnos de los más elementales derechos. Implementan la premisa que en la ignorancia es más fácil, y rentable, la explotación, el expolio, el saqueo de recursos y la violencia estructural. Más que gritos hipócritas por el ciclo escolar, el Presidente debiera garantizar condiciones dignas.

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