Por Jorge Santos
Es evidente que un sistema de gobierno que está ideado fundamentalmente para garantizar privilegios y no el bien común, hará de la impunidad y la violencia el ejercicio cotidiano y sistemático del poder. La impunidad no es más que la inexistencia de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por parte de autores de crímenes o violaciones. Esta puede darse de facto o de derecho y se impone con el fin evadir los procesos de investigación para no resultar inculpados, detenidos o procesados e incluso en caso de ser declarados culpables, que las condenas sean ad hoc.
Pero para producir este entramado que permite la impunidad, es necesario contar con actores tales que legitimen la impunidad como la forma de librarse de culpa. Recordarán, el sistemático y regular uso de una serie de acciones conocidas como litigio malicioso a lo largo del proceso judicial emprendido contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez por el delito de Genocidio y Deberes contra la Humanidad. En dicho proceso penal, los abogados defensores de ambos exmilitares, hicieron uso indebido de recursos legales, de prácticas discursivas con el fin de generar escenarios mediáticos, recurrieron a acciones anti técnicas y reñidas con la ética de cualquier profesional digno del derecho.
En todos estos años, hemos visto una y otra vez a los mismos actores buscando desesperadamente una amnistía para ampliar la impunidad. Uno va a encontrar en reiteradas ocasiones a las y los mismos malos actores en caso tras caso judicial, con el objetivo de proveer a sus criminales clientes la garantía de burlar la justicia. Coincidencias o no, pero suele ser que los mismos que apoyan y defienden a los militares genocidas, defienden hoy a quienes también están implicados en actos de corrupción e impunidad. Son los mismos corruptos que hoy defienden a capa y espada la consolidación del Régimen Autoritario y han sido los mismos vociferantes que defienden ex presidentes ladrones y a otros más implicados en los casos que investigó y persiguió penalmente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y la que fue la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-.
Hoy son la caterva de diputados y diputadas de la alianza oficialista y criminal quienes presentan la iniciativa 6099, que pretende poner punto y final al derecho que tiene la sociedad guatemalteca y las víctimas del Conflicto Armado Interno en particular, de conocer la verdad, recuperar la memoria histórica, acceder a justicia contra los criminales y reparación integral como las únicas garantías de no repetición de tan execrables hechos. La sociedad guatemalteca no se deja engañar y sabe perfectamente bien que sólo aquellos que se saben culpables, son los que buscan amnistías y así como los responsables del terror de Estado y del Genocidio en el país, luego buscarán amnistías a los ladrones y corruptos. En este Estado paria todo es posible, pero ya va siendo hora que la población les ponga un alto a sus impunes y espurias intenciones.
