Voy de regreso a Quetzaltenango. Parece que he escogido la peor hora del peor día. Son casi las cuatro de la tarde de un fin de mes. Vengo pensando en las partes sustantivas de la reunión y la forma en que vamos a escribir una de las propuestas de investigación más grandes y complejas que hemos escrito en el instituto de investigaciones. Esta será una intervención compleja en el occidente de Guatemala, donde hemos escogido, estadísticamente, más de 40 municipios para mejorar: su gestión de agua, producción de alimentos, mejora de su educación técnica y sus capacidades de venta de productos dentro y fuera de Guatemala. Su presupuesto será mayor que el presupuesto anual de mi universidad cuando de repente siento que un motorista golpea el retrovisor derecho, doblándolo.
Las motos me rebasan por la izquierda, por la derecha, se cruzan en el frente con movimientos aleatorios brownianos que parecen moscas. Casi que me llevo a una moto que se cruza perpendicularmente a mi trayectoria. Mi acompañante exclama: “parecen locos estos suicidas”. Continúa: “El problema es que no hay una ley que les obligue a usar un solo carril”. Eso refleja algo profundo de la sociedad guatemalteca: la creencia de que las leyes son capaces de resolver nuestros problemas sociales.
Esa creencia no solamente es sobre los motoristas y sus locas motos. Creemos que cualquier problema social se resolverá con una ley. En muchas colonias de la ciudad de Guatemala no llega agua sino un par de veces por semana. La solución: “Hay que hacer una ley”. El ministerio de medio ambiente se ha metido en un largo proceso de crear la ley de agua, o de aguas —aún no aclaran si será en singular o en plural—. La creencia es que la ley proveerá agua donde no hay, que a los grandes terratenientes de los monocultivos se les moverá el corazón y con la ley ya ahorrarán agua, pagarán por el agua, ya no desviarán ríos, participarán en la mejora del ciclo social del agua. Es la ley la que nos resolverá el problema.
Hay, entonces, una creencia generalizada de que las leyes resolverán nuestros problemas. Eso es increíble en una sociedad que se especializa en no cumplir las leyes de la cabeza a los pies. Somos esclavos de una falsa creencia en las leyes, en los sistemas legales, en creer que la justicia la dan los jueces, cuando sabemos que no. Muchas de las decisiones legales del sistema de justicia de Guatemala no son justas porque no proveen justicia. Esto no solo es en Guatemala.
El viernes recién pasado, un juez abrió la puerta para que por fin se hiciera justicia ante el más descarado fraude cometido en la Universidad de San Carlos de Guatemala por su propio rector, el destazador de universidades, Walter Mazariegos. Ni siquiera los dictadores militares durante el conflicto armado y antes: ni Jorge Ubico, ni Manuel Estrada Cabrera, ni el propio Justo Rufino Barrios —todos corruptos— fueron tan cínicos como este campeón de la corrupción del Siglo XXI. La alegría de la decisión del juez que le dio un amparo definitivo al grupo de defensa universitaria Dignidad y Rescate Universitario (DIRE) duró un fin de semana porque el lunes la más alta Corte de Guatemala, de forma cínica y arrogante, fue capaz de defender al mismísimo usurpador de la rectoría.
La ley no importa en un país donde el poder económico y político dispone qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto. Los treinta años de guerra civil, donde murieron más de doscientos mil guatemaltecos, no parecen un pago suficiente para tener una sociedad justa. Nos siguen gobernando los corruptos que se apoderaron del sistema de justicia y ahora no se les mueve un músculo de la cara para dictar sus estúpidas órdenes legales, pero injustas.
Como bien lo ha expresado el jurista Gustavo Galindo: La historia de Guatemala no es la de una democratización fallida, sino la de una metamorfosis exitosa del autoritarismo. La transición del Conflicto Armado Interno a la era de la “paz institucional” no desmanteló las estructuras de exclusión; por el contrario, las dotó de una sofisticada arquitectura legal de cooptación. Lo que en el pasado se lograba mediante la eliminación física del opositor, hoy se ejecuta a través de un marco normativo que ha canibalizado el interés público en favor de agendas corporativas y criminales.
Frente a esta realidad de impunidad y cooptación, hay que dejar de lado la estúpida fe ciega en las leyes que denuncia C. L. Skach en su libro: Cómo ser un ciudadano: Seis lecciones para un mundo nuevo de paz. Skach, una de las mayores expertas en derecho constitucional, quien recorrió lugares fracturados por la guerra como Bagdad, llegó a una conclusión dolorosa pero liberadora: «una buena sociedad no se impone desde arriba por más constituciones y leyes que se escriban». Se construye desde abajo, confiando más en las personas que en las normas formales.
Skach desafía nuestra esclavitud mental a la ley y nos propone seis lecciones poderosas para construir “pequeñas sociedades” de dignidad: no seguir ciegamente a los líderes, ejercer nuestros derechos con responsabilidad, frecuentar las plazas y espacios públicos para reconstruir el tejido social, asumir responsabilidad individual ante la injusticia (y no ser meros espectadores), practicar la ayuda mutua cotidiana y rechazar la obediencia ciega cuando la “legalidad” se convierte en herramienta de opresión.
En Guatemala, y especialmente en la tragedia de la Universidad de San Carlos —que he denunciado una y otra vez en estas páginas de La Hora—, vemos la prueba viviente de que las leyes cooptadas no salvan. La Usac es el espejo más cruel del Estado capturado: un fraude electoral descarado, un rector impuesto, una Corte que lo protege. Pero Skach nos enseña que la respuesta no es pedir más leyes ni más amparos que luego son revocados por los mismos corruptos.
La respuesta es dejar de ser espectadores obedientes. Vuelvo y repito: La respuesta es dejar de ser espectadores. Construir, desde los municipios, las comunidades, las aulas y las calles, esas pequeñas sociedades donde la dignidad no se mendiga ante un juez comprado, sino que se ejerce cada día: compartiendo conocimiento, defendiendo la universidad pública, organizándonos sin pedir permiso, ejerciendo responsabilidad ante la injusticia, aunque la “ley” diga lo contrario. Ese es el camino, hagámoslo ahora porque si no es ahora, no será nunca.
