Emilio Matta Saravia
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Para algunos candidatos, únicamente los oficialistas, la campaña para las elecciones del 2023 ya dio inicio. El Tribunal Supremo Electoral, tan diligente para advertir a candidatos no afines al oficialismo de que estaban realizando campaña anticipada, se hace de la vista gorda ante la descarada forma en que el presidente viaja por toda la república, haciéndose acompañar en actos públicos del diputado Manuel Conde o de la ministra de Educación Claudia Ruiz, posibles bazas oficiales.
Y digo posibles, porque teniendo el control de la Corte de Constitucionalidad, el presidente puede utilizar dicha corte para impulsar una reelección que prohíbe expresamente la Constitución Política de Guatemala, pero que hemos visto demasiadas veces como, utilizando chapuces legales emitidos por sus leguleyos miembros, la corte ha emitido fallos favorables a los intereses de quien ostenta la primera magistratura. Un ejemplo reciente fue el amparo provisional emitido el 22 de abril de este año en el que se ordenaba a la Comisión de Postulación de Fiscal General concluir la integración de la nómina de seis postulantes para dirigir el Ministerio Público con base en los supuestos “principios meritocráticos” contenidos en la tabla de gradación que confeccionó dicho cuerpo, favoreciendo claramente a la actual Fiscal General.
A criterio personal, me parece obvio que, tras 4 intentos para llegar a la presidencia, estos 4 años (de por medio 2 de pandemia) se le han hecho muy cortos al mandatario y no se va a conformar con un solo periodo en la presidencia. Para eso tiene a sus leguleyos, tanto en el TSE como en la máxima corte del país, prestos a cumplir sus veleidosos deseos. Para él todo tipo de campaña, cínicamente disfrazada como actos púbicos, inauguraciones, entrega de computadoras, contratación de personal, solicitud y fallida aprobación de un préstamo por 3 mil millones de quetzales, y un larguísimo etcétera, es permitida. Sin ir muy lejos, en la reunión de ayer de la ANAM, en donde el mandatario exhibió su fariseísmo sin límites, al igual que su cinismo, pudimos darnos cuenta de que el señor presidente se mantiene en campaña electoral permanente. Y se lo avala el TSE.
Se está sentando, sin embargo, un pésimo precedente, en donde quien gobierna desde el Ejecutivo, tiene total control de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. Los diputados se compran. Esto es algo inédito en Guatemala, no así en otros países vecinos. Para un megalómano grandilocuente, el tener a su disposición todas las instituciones del país, es una irresistible tentación para quedarse indefinidamente en el poder, encarcelando en el camino a sus enemigos públicos de la próxima “lista del zopilote”, como lo son adversarios políticos, jueces independientes y periodistas incómodos.
Lo hemos visto en Venezuela y en Nicaragua. Si no cambiamos las cosas, lo viviremos en carne propia.
