Edmundo Enrique Vásquez Paz
Como lo apuntaba en mi anterior artículo, además de prescripciones legales puntuales (Constitución, Ley del Organismo Ejecutivo, Código municipal y leyes orgánicas de los diferentes ministerios -cuanto menos-), existen ya políticas y planes elaborados que señalan caminos razonables de seguir para alcanzar el progreso nacional en muy diversos campos. Los equipos que diseñan los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos, los deberían conocer y solamente apuntar como inválidos y sujetos de cambios o modificaciones (tanto en lo que concierne a leyes como al contenido de las políticas existentes) cuando esto sea razonablemente necesario.
El tratar de “descubrir la limonada” no es serio. Salvo, claro, si se tratara del tema del modelo de desarrollo nacional. Pero este es un asunto que casi ningún partido se atreve a hacerlo. Por diferentes razones. Porque no se “quieren dar color” al proponerlo; porque saben que, para realizarlo, necesitan contar con fuerzas técnicas (el rediseño no es fácil porque es asunto complejo) de las cuales no disponen; y porque requiere de un sustento político y legitimidad suficiente que, aún, no tienen.
Sabiendo, entonces, que este mi texto solo puede estar dirigido a fuerzas políticas organizadas que cifran su empeño -cuando son de buena fe- en mejorar la manera de gobernar, recordar qué se debe hacer en el tema del Cambio Climático para reducir la vulnerabilidad de nuestro país, sí viene al caso.
La reducción de la vulnerabilidad nacional a los efectos del fenómeno del Cambio climático, es una obligación de todos los gobiernos (porque resulta que se encuentra en enunciados generales de la Constitución y en convenios internacionales ratificados por Guatemala); porque resulta que están plenamente identificadas muchas de las acciones concretas que se pueden realizar (en tanto que se cuenta con sustento legal para hacerlo) y porque resulta que existen guías claras para el cómo hacerlo (existen los planes y las políticas que describen los caminos y existen las capacidades técnicas e institucionales para realizarlo). Lo que se necesita, tan solo (¿?), es la auténtica disposición de los gobernantes de llevarlas a cabo, lo que supone disponer los recursos financieros existentes en la dirección adecuada. Una disposición que se debe demostrar en la práctica sabiendo dar las instrucciones claras para que el aparato gubernamental se encamine a lograrlo.
Para el efecto, de lo que se trata es de llamar a la vida lo que está claramente dispuesto en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, PANC. Este plan nacional fue elaborado por miembros seleccionados del aparato gubernamental (lo que significa una garantía desde la perspectiva de su sustento técnico y del hecho que consideran la capacidad real instalada con la que cuenta el aparato gubernamental para comprometerse a hacerlo) y considera, no solo todo el andamiaje legal que le da soporte a cada una de las acciones contempladas, sino que, también, el gran plan de desarrollo nacional con el que se cuenta en el país: el “Plan Nacional de Desarrollo K´atún: nuestra Guatemala 2032”. El PANCC es absolutamente coherente con el Plan K´atún.
El concepto del PANCC se basa en una premisa básica: para reducir la vulnerabilidad general de nuestro país ante los efectos negativos del fenómeno del cambio climático, todos (tanto el Gobierno como la ciudadanía en general) deben saber proceder de manera adecuada en cada uno de los ámbitos en los cuales se manejan. Algo así como: “si deseas vivir muchos años –y en buen estado– es necesario que sepas cómo conducirte (que sepas cómo alimentarte, cómo cuidar de tu salud, cómo protegerte de la intemperie y refugiarte, cómo mantener en buen estado tu casa y los caminos y los puentes que usas … en consideración de que vienen tiempos en que a veces va a estar lloviendo mucho y, a veces, no va a haber agua ni para las siembras ni para el ganado”.
Como, para efectos de lo anterior será necesario que el Estado-Gobierno garantice ciertos elementos, se ha confeccionado el Plan Nacional de Acción Ambiental.
El PANCC, contempla la ejecución concreta de acciones que coadyuven, todas, a la protección y la salvaguarda de la vida humana, de la propiedad de las personas y de los medios de producción y para el resguardo de la riqueza natural que debemos saber manejar en nuestro provecho y de la naturaleza misma. Estas acciones aparecen ordenadas temáticamente como correspondientes a:
La Salud humana;
Las Zonas marino-costeras;
La Agricultura, la ganadería y la seguridad alimentaria, los Recursos forestales, los ecosistemas y las áreas protegidas;
La Infraestructura; y
La Gestión integrada de los recursos hídricos.
A modo de aportar mayor claridad a esa necesidad de que todas las acciones que emprendamos vayan correlacionadas si la intención es guarecernos, como país (habitantes y territorio), de ese fenómeno que nos amenaza, valga la descripción rápida de un panorama general abreviado.
No se necesita mucha imaginación para visualizar cómo, ante un momento de necesidad nacional derivado de, por ejemplo, una sequía prolongada, será necesario disponer de silos en los cuales se encuentren almacenados suficientes granos básicos, será necesario contar con dispositivos que permitan el almacenamiento de suficiente agua (pantanos o embalses) para consumo humano, para riego y para abrevar el ganado; … Y, en el caso de lluvias excesivas y tormentas violentas, contar con una infraestructura que se haya construido (por ejemplo, carreteras, puentes, drenajes, …) bajo estándares que garanticen la mayor resistencia a los embates del clima; tendidos eléctricos seguros; cuerpos de atención en emergencias bien dotados con las herramientas necesarias; refugios suficientes y bien diseñados; …
En el caso de cada uno de los temas, en el PANCC se apuntan con claridad: las Metas concretas que se deben perseguir, las acciones que se tienen previstas para alcanzarlas y el nombre de las entidades que, por ley, son corresponsables de su realización (incluyendo el nombre del denominado “rector sectorial”, que es el responsable). Con esto, a cualquier nueva administración gubernamental se le está facilitando su labor de dirigir la ejecución del plan correspondiente a cada uno de los temas/sectores y asegurar, así, la integridad física de los habitantes del país, la protección de su patrimonio y el resguardo de los medios de producción. No es necesario que cada partido político ni que cada nuevo gobierno vuelva a analizar, a proponer y a “descubrir la limonada” …
El PANCC es un instrumento para la coordinación de la acción gubernamental con el propósito de aumentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de la ciudadanía y de los territorios a los efectos negativos del fenómeno del cambio climático. Básicamente, lo que pretende es encauzar la acción de los diferentes ministerios para que contribuyan a este fin. No es, necesariamente, un Plan que se deba ver como que apela a presupuestos extraordinarios. Como ya se apuntó anteriormente, fue concebido por técnicos sectoriales que lo confeccionaron participativamente considerando las acciones que el gobierno debe priorizar y tomando en cuenta, de manera realista, la capacidad con la que cuenta el Estado.
Muchos de los que estamos seriamente preocupados por los efectos que el fenómeno del Cambio climático promete para Guatemala y sabemos que el Estado -Gobierno debe saber asumir su papel, no queremos ya preguntar a los diferentes partidos políticos cómo pretenden hacerlo. Así como en muchos de otros de los temas de desarrollo del país, lo que esperamos es que se comprometan a hacer lo que deben hacer y ya está bien estipulado.
En el caso concreto del Cambio climático, no queremos escuchar nuevos inventos. ¡Demandamos que, con seriedad y de manera formal, se comprometan a adoptar como parte integral de las gestiones gubernamentales que ofrecen, la puesta en marcha de los planes que con tanta acusiosidad y empeño se han construido para Guatemala y ya existen!
