Durante la decimosexta sesión plenaria del Congreso de la República, la cual estaba programada para las 12:00 horas de este 6 de septiembre, se presentó la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2024.
En la reunión, que comenzó con media hora de retraso con la presencia de 46 legisladores, la iniciativa fue trasladada a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para su análisis y dictamen correspondiente.
En tendencia:
El presidente de dicha Comisión, Cándido Leal, indicó que se convocó para este jueves 7 de septiembre, cuando ya hayan transcurrido 24 horas del traslado, para que los integrantes puedan comenzar con el análisis de dicho documento.
Leal detalló que comenzarán con el examen de los ingresos, para lo que se tiene planeado citar a funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Banco de Guatemala, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
«El orden del presupuesto va a empezar primero en el mes de septiembre con ingresos, después vamos con cada uno de los Ministerios; a revisar todos los egresos que representa el ejercicio fiscal de 2024», comunicó Leal sobre la metodología.
Por otro lado, indicó que como presidente de la comisión ya se invitó al presidente electo, Bernardo Arévalo, a asistir a las audiencias del ejercicio fiscal del próximo año.
También informó que en dado caso, asista personal del equipo de transición, pueden estar únicamente en el palco, no en la mesa de integrantes debido a las jerarquías.
Aunado a esto, Leal mencionó que los diputados integrantes de Semilla que pertenece a esta Comisión pueden exponer todas las inquietudes.
DURANTE LA SESIÓN
En el espacio de aprobación de las actas de las sesiones anteriores, Román Castellanos se pronunció e indicó que votaría en contra; ya que en la sesión del pasado miércoles se desconoció la bancada del Movimiento Semilla.
En el despacho calificado, la Junta Directiva del Congreso realizó la lectura de la resolución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dejó en suspenso la suspensión de la bancada, emitida por el Registro de Ciudadanos; con ello se restituyó a los diputados a su bloque, de lo que fueron notificados.
Castellanos, subjefe de la bancada, también presentó un Punto Resolutivo como moción privilegiada ante el pleno, con el fin de rechazar las acciones de la Junta Directiva; sin embargo, en la votación fue rechazada.
Dentro de la agenda se contemplaba la elección del integrante para la Comisión de Derechos Humanos para finalizar el período legislativo; ante esto en el hemiciclo se aprobó que la diputada Yesmin Poroj, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo) se uniera al grupo de trabajo.
La diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, también presentó una moción privilegiada para conocer los efectos que han tenido las lluvias; pero fue improbada con 66 votos en contra.
Ante una solicitud de revisión de quórum, con 48 diputados presentes, 98 ausentes y 20 legisladores con licencia, se levantó la sesión a las 14:52 horas.
Otras Noticias:
ARÉVALO RENUNCIA A COMISIONES
Al abandonar el hemiciclo, el presidente electo, Bernardo Arévalo, indicó que de las cuatro comisiones que es integrante, renunciaría a la Comisión de Relaciones Exteriores y la de Gobernación e infirmó que permanecería en la Comisión de Educación y en la de Seguridad Social.
«El presidente ha sido muy gentil en ofrecer un despacho para que nosotros lo ocupemos y estaremos haciendo uso del mismo cuando sea necesario», detalló sobre el ofrecimiento del mandatario.
En referencia a la conferencia de prensa de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, que calificó de falsa la declaración de un golpe de Estado, Arévalo indicó que «No puede un juzgado tomar decisiones que le corresponden al TSE en el marco de la ley, de acuerdo a la ley constitucional, eso constituye en una alteración de poderes».
En esta misma línea, destacó que el objetivo es impedir y desde ahí, hacer un ataque para que no asuman las personas electas por voto popular constituye una alteración del orden constitucional, en otras palabras, un golpe de Estado.
