Por medio de su cuenta oficial en Instagram, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, compartió el sábado 22 de marzo un video en donde habla de los valores que posee, así como de su compromiso con la justicia, lo que hace contraste con los casos de posible corrupción que involucran al gobierno anterior y que no avanzan, pese a las múltiples denuncias.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 24, 2025
Su color favorito, sus valores, algún poder que le gustaría tener, fueron algunas de las preguntas que respondió en un video donde quien la hace las consultas no se identifica.
Porras aseguró que le molesta «la injusticia» y aseguró ser una mujer «comprometida para servir a los guatemaltecos, para siempre tener la justicia en manos de todos».
«Estamos comprometido con ustedes con todos los grupos vulnerables, por los niños, por las mujeres, por los adolescentes y por todos los guatemaltecos», exclamó la fiscal general, visiblemente emocionada.
Su respuesta, sin embargo, contrasta con los pocos resultados que hay en la investigacio´n de casos de corrupción, principalmente con los que involucran a funcionarios de la administración de Alejandro Giammattei y anteriores.
La Hora diariamente lleva la cuenta de los días que han transcurrido sin que se investigue a las autoridades anteriores, desde que dejaron el cargo. Hasta este domingo 23 de marzo, el contador suma 434 días.
«Tomarse una buena taza de café para tener todas las energías y la fuerza para servirle al pueblo con toda la disposición», aseguró Porras al ser consultada sobre ¿Cómo sería una mañana perfecta?. «¡Arriba justicia, abajo delincuencia!», agregó
La Hora ha publicado una serie de artículos periodísticos en los que se dan detalles de adjudicaciones millonarias que se hicieron a empresas señaladas de tener vínculos Giammattei y su pareja, el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quienes actualmente han sido denunciados por funcionarios la administración del presidente Bernardo Arévalo y en diversas publicaciones de prensa.
También se han publicado artículos en este y otros medios de cómo hechos de corrupción han quedado en la impunidad.
CASOS
Probablemente el caso que más indignación ha levantado entre los guatemaltecos es el de la compra de vacunas Sputnik V a la subsidiaria rusa Human Vaccine, un negocio por el que el departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Martinez.
El MP no informa sobre avances del caso de las vacunas Sputnik, por presuntas irregularidades en la compra de 16 millones de dosis de este inmunológico, por el cual se pagaron Q614 millones, pero que entraron a cuentagotas, mientras la población enfermaba y moría a causa de la variante Delta del coronavirus, a mediados de 2021.
La Hora solicitó información a la unidad de Comunicación Social del ente investigador y respondieron que según el artículo 314 del Código Procesal Penal: “Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños”.
Porras también menciona que como persona «reconocida», está comprometida para llevar la justicia en manos de todos los guatemaltecos, ya que según ella, el compromiso del MP siempre estará para servir.
Pero hay casos que chocan con esta afirmación, como las denuncias sin avances que ha presentado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por transacciones sospechosas de la farmacéutica La Botica S.A., señalada de tener vínculos con Miguel Martínez.
«Estamos comprometidos con ustedes. Estamos comprometidos con todos los grupos vulnerables», puntualizó la Fiscal General.
Pero pocos resultados se conocen de la investigación de las dos denuncias en contra del contratista individual Douglas Espinales Baños, quien en noviembre del mismo año fue señalado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en el caso de Eureka-B410 por posible evasión tributaria.
Luego de siete meses se desconoce si las investigaciones han avanzado o en qué fases se encuentran.
MÁS DENUNCIAS
Además, la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) ha documentado y presentado, desde inicios de este gobierno, 251 denuncias contra posibles hechos de corrupción en el gobierno pasado en múltiples dependencias del Estado. De estas también se conocen escasos resultados por parte del Ministerio Público.
Del total de denuncias, 166 se encuentran en su fase de investigación, 43 han sido desestimadas y apenas tres tienen ya control de algún juzgado, es decir, el caso ya ha avanzado hasta llegar a una judicatura.
Dentro de los caso más relevantes, se encuentra la investigación del proyecto de Escuelas Bicentenario, en el cual se adjudicó una cantidad millonaria a constructoras, en un proceso que, según la denuncia del Gobierno, pudo haber sido dirigido para que solo un proveedor tuviera la oportunidad de vender el material con el que se construyeron los edificios.
La Contraloría General de Cuentas se sumó a la denuncia penal por un monto de Q413 millones.
Otro proyecto, que al igual que el anterior estuvo a cargo del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, es el de Cocinas Dignas, mediante el cual se construyeron más de 400 cocinas para la preparación de alimentos en escuelas del área rural.
Sin embargo, una revisión parcial de las actuales autoridades —así como la que han hecho algunos diputados— evidenció que los materiales no son los adecuados, que muchas de las cocinas no cuentan con agua y que en algunas se usa leña para cocinar.
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De igual forma se cuentan casos de posible corrupción en infinidad de proyectos. Por ejemplo, en la construcción del Hospital de San Pedro Necta, Huehuetenango, para el cual se desembolsaron Q78 millones de quetzales, pero que no se concluyó.
Siempre en el espectro de salud, también se cuentan denuncias por estafas en los hospitales Roosevelt y San Juan de dios, en este segundo por el pago de Q11.8 millones por necesidades “ficticias”, como reparaciones falsas, pero que se pagó por ellas.
El Roosevelt, en otro casos sospechoso de corrupción durante la administración de Alejandro Giammattei, se pagó Q325 mil mensuales durante tres años por una bodega que nunca utilizó y a la que, además, se le hicieron reparaciones por más de Q5 millones.
Otro caso es el de la remodelación del Aeródromo San José, en Puerto San José, Escuintla, en donde se adjudicó una serie de contratos para convertirlo, según aseguró Giammattei, en el aeropuerto de carga más grande de Centroamérica.
Al final de su administración se pagaron casi Q500 millones, pero varios de los trabajos quedaron a medias, y los que se terminaron quedaron con defecto o se están arruinando.
También en el Ministerio de Salud, aparte de la compra de las vacunas Sputnik V, hay denuncias por casos de corrupción como la que hace mención a que una empresa se volvió millonaria de la noche a la mañana por la autorización del medicamento Remdesivir, que se utilizó durante la pandemia, pero que solo una farmacéutica recibió la autorización del registro para comercializarlo, con el agravante de que era la que lo conseguía más caro.
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Casos similares se cuentan en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) donde las sospechas apuntan a posible beneficio de empresas ligadas al exjefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Giammattei.
A estas denuncias se suman otras por posibles malos manejos en ministerios, como el de Agricultura, Ambiente y Trabajo, en el gobierno pasado, de las cuales no hay resultados.
SU «AMIGA»
Cabe mencionar que Giammattei reeligió a Porras en el cargo —de una lista de seis candidatos finales— a quien la llamó su “amiga” y de quien siempre elogió su trabajo.
Porras no iba a figurar en ese listado puesto que la Comisión de Postulación se había negado a incluirla, pero al final de cuentas la Corte de Constitucionalidad (CC) obligó a los comisionados a votar por ella, con lo cual pudo estar dentro de los finalistas.
Es de mencionar que bajo la administración de Porras se han librado de la justicia muchos señalados de corrupción, como el exdiputado y excandidato presidencial Manuel Baldizón, y los exministros de Comunicaciones, Alejandro Sinibladi y José Luis Benito.
Por ejemplo, La Hora reveló que la jueza Abelina Cruz desestimó el caso contra Sinibaldi tras la suspensión de su audiencia de primera declaración, en la que debía determinarse si enfrentaría un proceso por tres presuntos delitos.
Lo mismo ocurrió con otro hermano del exministro, Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, en el caso Construcción y Corrupción. La FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, fue quien solicitó las desestimaciones bajo el argumento de no tener pruebas suficientes.
SANCIONADA
Es de recordar que desde el 2021, Estado Unidos sancionó a Porras bajo la Lista Engel por obstaculizar casos de corrupción, pese a ello fue reelecta.
De la misma manera, el 16 de mayo de 2022, el Departamento de Estado realizó una nueva designación en contra de Porras, quien señaló que “obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”.
Por si eso fuera poco, Porras está vetada de 42 países alrededor del mundo. La fiscal general sumó sus sanciones luego de que encabezara un intento por desconocer los resultados de las elecciones de 2023 para impedir que Arévalo y la ahora vicepresidenta Karin Herrera tomaran posesión de sus cargos.
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