POR MANUEL GARCÍA
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La Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) informó que este viernes la magistrada designada a la Corte de Constitucional (CC) por el Consejo Superior Universitario (CSU), Gloria Porras visitó sus oficinas en Washington D.C. para hablar del Estado de Derecho en Guatemala.
En un comunicado de prensa, destacaron que Porras se reunió con el Director Ejecutivo de Programas Globales, Alberto Mora y con Brittany Benowitz y Juan Franco, ambos abogados consejeros y asesores Principales del Centro ABA de Derechos Humanos.
“La doctora Gloria Porras, distinguida jurista guatemalteca y seleccionada para otro mandato en la Corte Constitucional de la nación, visitó hoy las oficinas de la ABA en Washington, D.C. por invitación de la ABA. El doctor Porras conversó sobre el estado de derecho en Guatemala y los Estados Unidos”, remarcaron.
Durante su estadía en las oficinas del ABA, Porras señaló que “a todos nos preocupa gravemente la amenaza que representa la corrupción para la soberanía democrática”.
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Según esa entidad, Porras destacó la importancia de que los procesos de selección judicial en Guatemala sean objetivos, razonables, transparentes, basados en el mérito y en consonancia con las mejores prácticas internacionales.
También expresó la preocupación de que el incumplimiento de estas normas pueda poner en peligro los derechos humanos y las perspectivas de desarrollo económico en el país.
Por parte del ABA se reforzó el compromiso de la Asociación de apoyar los esfuerzos de Porras y sus conciudadanos para garantizar la integridad, independencia y profesionalismo del poder judicial de Guatemala.
SIN PODER ASUMIR
La semana pasada se realizó el proceso de juramentación y toma de posesión de la Octava Magistratura de Corte de Constitucionalidad, sin embargo, Porras no pudo tomar posesión del cargo.
Esto luego de que el martes 13 de abril, el Congreso de la República no la juramentó, debido a un amparo provisional contra el Consejo Superior Universitario (CSU).
Ante lo ocurrido, diversas reacciones se han generado, desde instancias locales e internacionales, quienes han manifestado su preocupación y han calificado el hecho como un atentado contra la Corte de Constitucionalidad y todo el sistema de justicia en Guatemala.
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