El uso de automóviles prestados se ha convertido en una cotidianidad en el Congreso de la República. Un ejemplo de ello es el diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), José Pablo Mendoza Franco, quien fue documentado por el medio Vox Populi utilizando una camioneta blindada a nombre de un contratista del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), quien señaló que es propiedad de un “amigo”.
Al ser abordado por periodistas de ese medio, el diputado Mendoza Franco aseguró que tampoco veía algún conflicto con utilizar el automóvil de un contratista del Estado y que desconocía de sus negocios. Sin embargo, el analista de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín explicó que a su criterio sí existe un claro conflicto de interés.
Esta no es la primera ocasión que se documenta la relación entre diputados y contratistas del Estado a través de vehículos. La Hora publicó la nota “#VecinosDeSótano: La foto, el contratista de las Navarijo y los Q16.3 millones en un solo día”, en la que se destaca cómo la diputada Vivian Preciado Navarijo se estacionó en repetidas ocasiones junto con una camioneta de un exempleado de la municipalidad de La Blanca, en donde su progenitora, Edilma Elizabeth Navarijo, es alcaldesa.
EL CASO
La investigación publicada por el medio Vox Populi menciona que el diputado de CREO utiliza una camioneta Lexus GX460, modelo 2022, propiedad de Corporación Meraki e Industria, S.A., una empresa que subrayan obtuvo contratos millonarios con el Estado.
El cinismo del diputado José Pablo Mendoza Franco @JosePMendozaF de CREO
Luego que publicamos en @VoxPopuliGuate que usa un carro blindado de Corporación Meraki e Industria, S.A., dijo que no sabía que eran contratistas del Estado
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— Vox Populi (@VoxPopuliGuate) September 7, 2026
De acuerdo con la publicación, el vehículo, con placas P689JLQ, tiene un valor superior a los USD 60 mil, equivalente a unos Q458 mil. El medio documentó durante varias semanas el uso de la camioneta por parte del congresista para trasladarse al Congreso de la República y en actividades personales.
Corporación Meraki e Industria, S.A. fue constituida en noviembre de 2024, constituida por el notario Rubén Darío Fuentes Cifuentes, asesor del entonces ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, en ese mismo año.
#VecinosDeSótano: La foto, el contratista de las Navarijo y los Q16.3 millones en un solo día
Un año después, en noviembre de 2025, obtuvo dos contratos con el Estado por un monto conjunto de aproximadamente Q4.6 millones. Uno de ellos, por Q4.597 millones, fue adjudicado por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), del Ministerio de Comunicaciones, para el mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada de Santa Rosa. A la fecha de la investigación, Covial había pagado Q3.389 millones a la empresa, según Vox Populi.
La investigación también detalla los cambios en la representación legal de la sociedad y señala vínculos de sus representantes con otras empresas que han obtenido contratos con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y municipalidades.
También Vox Populi detalla que Jaime Fernando Pedroza Monterroso fue designado el 24 de noviembre de 2025 como representante legal de Corporación Meraki e Industria, Sociedad Anónima.
Un vínculo clave con el que Felipe Alejos tuvo incidencia en la IVE y la SIB
La publicación también señala que el caso se suma a otro relacionado con su compañero de bancada, Cristian Álvarez, quien previamente fue señalado por “utilizar una camioneta blindada vinculada a Gustavo Alejos Cámbara”.
DIPUTADO NO VE PROBLEMAS
Tras no recibir una respuesta por parte del diputado Mendoza Franco, el periodista de Vox Populi, Marvin del Cid, buscó al congresista en los pasillos del Congreso, en donde indicó que desconocía sobre los negocios de Fuentes Cifuentes, y que se trataba de un carro que le prestaron. “Partiendo del atentado que tuvo mi compañero Cristian (Álvarez)”, indicó.
“Me lo prestó Jaimito (Jaime Pedroza), el representante legal de la empresa. Es buen amigo mío, tengo años de conocerlo, no lo estaba usando y pues me lo prestó para usarlo, partiendo del atentado que había tenido mi compañero Cristian. No sé si ustedes lo vieron. Yo me movilizaba en mi pickup, tengo otro carrito por ahí, o sea, tranquilo y él me lo prestó partiendo de eso”, indicó.
Al ser cuestionado sobre el posible conflicto de interés, el diputado Mendoza Franco indicó que no tenía nada más que decir. No obstante, sostuvo que tiene amigos contratistas y que también mantiene una buena relación con muchas otras personas, de quienes, según afirmó, desconoce si son contratistas. Como ejemplo, mencionó a Pedroza, quien participó en una licitación.
También Del Cid preguntó si dejaría de utilizar el automóvil, a lo que respondió que utilizaba el carro esporádicamente y no era de uso diario.
“¿Eso quiere decir que lo va a seguir utilizando?”, preguntó el periodista. Sin embargo, el diputado indicó que desconocía si lo seguiría utilizando, ya que era un automóvil prestado que tiene que devolver en cualquier momento.
En la misma línea, el diputado dijo que no veía normal el uso del vehículo, y recalcó que no sabía que era contratista del Estado. “Él tiene muchas empresas”, agregó.
Mendoza Franco recalcó que era amigo del contratista, pero aseguró que desconocía que hacía en sus tiempos libres. “Yo creo que lo voy a tener que devolver, pues porque yo sí quiero, yo quiero un blindado, pero no me he podido comprar uno”, indicó.
El diputado también evitó hablar sobre su compañero de bancada, Cristian Álvarez, quien fue documentado utilizando automóviles de empresarios. “Mira vos, este contratista del Estado es cuate. Yo no sabía hasta que ustedes lo sacaron, ¿verdad? Entonces, hasta ahí va, muchá. O sea, no tengo nada más que decir al respecto. Pero esa sería mi postura”, concluyó.
MARROQUÍN DICE QUE EXISTE CONFLICTO DE INTERÉS
Sobre el tema, el analista de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, indicó a La Hora que un diputado manejando un vehículo a nombre de un contratista es un “conflicto de interés manifiesto”.
Según explicó el experto los diputados del Congreso ejercen influencia, la cual puede ser usada para favorecer a contratistas.
Marroquín también recalcó que, si un diputado no tiene el mínimo cuidado de aceptar este tipo de favores, como recibir un automóvil de parte de un contratista del Estado, esto también habla mal del congresista.
“No tiene el más mínimo recato en salvaguardar su investidura como diputado”, concretó Marroquín sobre el caso.
EL CASO DE LAS NAVARIJO
Una investigación de La Hora documentó coincidencias entre vehículos de la diputada Vivian Preciado Navarijo y los de Wilson Iván González González, uno de los principales contratistas de la Municipalidad de La Blanca, San Marcos, dirigida por la madre de la congresista, Edilma Navarijo de León. Los automóviles fueron captados juntos en el sótano del Congreso en al menos tres ocasiones, entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
González González pasó de ocupar la jefatura de la Dirección Municipal de Planificación de La Blanca, con un salario de Q12 mil mensuales, a convertirse en proveedor de la comuna. En 2024 obtuvo un contrato como asesor administrativo por Q135 mil y, durante 2025, sus empresas “Alquileres Jireh” y “Constructora Visión” recibieron adjudicaciones por más de Q17 millones.
Según los registros de Guatecompras citados por La Hora, en 2025 la Municipalidad de La Blanca adjudicó Q79.4 millones en compras y contrataciones, de los cuales Q17 millones 026 mil 340 correspondieron a González González, equivalentes a cerca del 28% de la inversión municipal por licitación. Entre los trabajos adjudicados figuran proyectos para remozar escuelas, mejorar calles rurales y otros servicios.
Al ser consultada sobre su relación con González González y las coincidencias de los vehículos en el parqueo del Congreso, Preciado Navarijo negó conocer al contratista y señaló que las decisiones de la municipalidad corresponden al gobierno local, aunque la alcaldesa sea su madre.
Edilma Navarijo, por su parte, confirmó que González trabajó en la comuna y defendió que pueda contratar con la municipalidad conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
