Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
Ante la promesa del gobierno estadounidense de garantizar un sistema de inmigración justo, humano y ordenado que acoja a los inmigrantes y restablezca el acceso al asilo, varias organizaciones religiosas, humanitarias y de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos en los países del norte de Centroamérica, a través de un comunicado dirigido al presidente Joseph Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, los instan a desarrollar una estrategia que aborde las causas fundamentales de la migración.
La carta, además de estar dirigida al Presidente y Vicepresidenta de los Estados Unidos, está copiada a funcionarios como Antony Blinken, Secretario de Estado; Juan González, Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental; Roberta Jacobson, asesora especial del presidente y coordinadora de la frontera sur, Ricardo Zúñiga, enviado Especial para el Triángulo Norte; Julie Chung, Subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, entre otros funcionarios.
PIDEN NO APOYAR “FUNCIONARIOS CORRUPTOS”
Pero más allá de abordarlas, solicitan que se respeten algunos principios, principalmente el de “no apoyar a funcionarios corruptos y fuerzas de seguridad abusivas”. En su lugar, piden que el apoyo sea dirigido a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil que intentan construir sociedades más democráticas, justas e inclusivas.
“En la medida de lo posible, la cooperación debería canalizarse a través de organizaciones humanitarias y no gubernamentales locales. La ayuda a los gobiernos debe ser estrictamente limitada y cuidadosamente dirigida, dados los problemas de corrupción”, señalan.
Estas organizaciones, remarcaron que “la política de Estados Unidos debe partir de la base de que la corrupción, la pobreza y las violaciones a los derechos humanos en estos países no son inevitables, sino que son el resultado de decisiones deliberadas por parte de los gobernantes”.
“Creemos que si el gobierno de Estados Unidos siguiera estos principios y estrategias, reconociera que se requiere de una perspectiva y un compromiso a largo plazo, y consultara regularmente con las organizaciones de la sociedad civil de cada país, la asistencia y la diplomacia de Estados Unidos podrían suponer una valiosa contribución y garantizar que las personas vivan de forma segura y digna en la región, de modo que la migración se convierta en una opción, y no una estrategia de supervivencia”, se lee en el documento.
La misiva surge a meses de haber asumido el nuevo Gobierno estadounidense encabezado por Joe Biden, quien ayer designó a su vicepresidente Kamala Harris, como encargada de abordar el tema migratorio.
Además, esta semana el Gobierno anunció la creación de una Fuerza de Tarea Anticorrupción en la región del Triángulo Norte de Centroamérica. Acción que se suma a las distintas manifestaciones hechas por funcionarios estadounidenses, en donde en el caso de Guatemala, han remarcado la independencia judicial, la corrupción y la importancia del Estado de Derecho.
Lea: #RETOGT: Detener la migración con oportunidades, debe ser prioridad
La carta firmada por al menos 30 organizaciones entre las que se encuentran: Alianza Américas; American Friends Service; Committee American Jewish World Service Bread for the World; Center for Democracy in the Americas; Oxfam América y Washington Office of Latin America (WOLA), entre otras.
SOBRE MIGRACIÓN
Agregan que, el gobierno de Estados Unidos debe apoyar y amplificar los llamados de la sociedad civil para que los gobiernos aborden las causas estructurales y sociales que impulsan la migración forzosa, tales como corrupción, impunidad, violaciones de los derechos humanos, violencia por bandas y de género, pobreza y desigualdad, modelos económicos excluyentes y el cambio climático.
A decir de los firmantes, los programas que aborden las causas fundamentales de la migración deben basarse en políticas que promuevan la igualdad de género y racial, el desarrollo inclusivo y los derechos de los niños.
USO DE FUERZA CONTRA SOCIEDAD CIVIL Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
También mencionan que, el gobierno estadounidense debería priorizar que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador pongan fin y reviertan el cierre de espacios para la sociedad civil a través de leyes restrictivas contra las ONG, códigos penales que criminalizan la protesta social y la libertad de expresión, casos legales falsos contra defensores de derechos humanos, uso de la fuerza contra manifestantes y movimientos sociales, campañas de desinformación dirigidas a líderes de la sociedad civil y ataques contra la libertad de prensa.
En esa línea, refieren que, en los últimos años se ha producido un aumento alarmante de ataques contra los defensores de derechos humanos, incluidos activistas ambientales y defensores del derecho a la tierra, líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, personas LGBTQI+ y miembros de la prensa.
“Algunos de estos ataques fueron infligidos por parte de actores estatales y coincidieron con una tendencia creciente hacia el autoritarismo en cada uno de los países”, señalan.
Además, enfatizan que estos ataques son una amenaza contra la democracia y los gobiernos deberían rendir cuentas por cualquier papel o complicidad en ellos, así como por no investigarlos, perseguirlos y poner fin a los mismos. Como parte de esa estrategia central y a fin de abordar las causas de fondo es necesario atajar el cierre de espacios cívicos, dado que los ataques a los líderes de la sociedad civil impulsan la migración forzada y la sociedad civil es un actor clave en la construcción de soluciones sostenibles y justas a los problemas sistémicos de Centroamérica.
A esto agregan que, el gobierno de EE. UU. debería animar a los gobiernos a seguir estrategias en materia de seguridad ciudadana que sean equilibradas y respeten los derechos de los ciudadanos; que se centren en la prevención de la violencia a través de programas sociales, educativos y de desarrollo de la fuerza laboral; que mejoren los sistemas de justicia y el respeto de los derechos humanos; y que se concentren en la rehabilitación, en lugar del uso de estrategias de «mano dura». Estados Unidos no debería proporcionar asistencia dirigida a las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público de Honduras, a fuerzas policiales con antecedentes de prácticas abusivas, ni a la militarización de las fronteras.
Lea: Triángulo Norte: N. Torres va más allá y pide restringir financiamiento de EE. UU.
INDEPENDENCIA JUDICIAL Y SEPARACIÓN DE PODERES
En la misiva agregan que, Estados Unidos debería instar a todos los gobiernos a garantizar y respetar la independencia y separación de poderes del poder judicial, la oficina del defensor/procurador/comisionado de los derechos humanos y otras instituciones gubernamentales, tal y como esté estipulado en la constitución de cada país.
“Estados Unidos debería recomendar encarecidamente que se seleccione a fiscales generales, jueces y personal judicial de conformidad con los méritos de su carrera profesional”.
Asimismo, piden apoyar el desarrollo rural sostenible e inclusivo y los esfuerzos para hacer frente a la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho, incluido el fortalecimiento de la independencia e imparcialidad de fiscales generales, jueces, fiscales y oficinas del defensor del pueblo, y apoyo técnico, financiero y diplomático a las unidades especiales de la fiscalía que investiguen casos de corrupción, y a las iniciativas independientes de lucha contra la corrupción.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
En el documento también remarcan que, EE. UU, debería instar a los gobiernos a fomentar la transparencia y el acceso a la información, lo que podría empoderar a la sociedad civil, mejorar la gobernanza y prevenir la corrupción.
ECONOMÍAS INCLUSIVAS Y DERECHOS LABORALES
El gobierno de EE.UU. debería instar a los gobiernos a desarrollar economías más inclusivas, empezando por reformas fiscales a fin de recaudar impuestos equitativos y suficientes para poder realizar inversiones públicas y desarrollar programas sociales.
En esa línea, aseveran que, los gobiernos deberían fomentar estrategias para que las economías puedan superar su dependencia en industrias extractivas y monocultivos a gran escala, perjudiciales para el medio ambiente y la sociedad.
“La política de EE. UU. en este ámbito, como en otros, debería centrarse en el respeto a los derechos humanos, incluido el derecho de las comunidades locales a ser consultadas sobre agendas y proyectos de desarrollo. El fomento del empleo formal y la lucha contra la discriminación de género son también elementos importantes”, agregan.
Las organizaciones llaman al gobierno estadounidense a instar el respeto de los derechos laborales, incluida la libertad de asociación, y el fin de la impunidad en casos de violencia contra sindicalistas. Así como a instar firmemente a que los gobiernos tomen medidas para poner fin a la discriminación de mujeres y personas LGTQI+, así como de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Lea: N. Torres: crisis migratoria es creada por narcogobiernos y líderes corruptos
Añaden que, todos los programas gubernamentales y de USAID que afecten a los niños, incluidos los programas bajo el marco de CARSI, deberían contar con expertos en desarrollo infantil e implementarse teniendo en cuenta la perspectiva y las necesidades únicas de los niños.
PIDEN INCLUIR A SOCIEDAD CIVIL EN CONSULTAS
De acuerdo con el documento, USAID debería establecer un calendario periódico de consultas con un grupo diverso de organizaciones de la sociedad civil de cada uno de los países (sin limitarse a los beneficiarios de fondos del gobierno de EE. UU. o a las organizaciones con estatus legal de ONG), así como con actores de la sociedad civil estadounidense, en aras de obtener aportes y recomendaciones sobre estrategias y programas de asistencia.
AYUDA ANTE EMERGENCIAS Y TPS PARA LA REGIÓN
La carta detalla que, la administración de Biden debería abordar inmediatamente dos emergencias: la pandemia de Covid-19 y el impacto de los huracanes Eta e Iota, aumentando la ayuda humanitaria e incrementando la asistencia para gestionar y recuperarse de estas crisis.
Además, enfatizan que, la adaptación al cambio climático y su mitigación deben ser el centro de los esfuerzos de reconstrucción, a fin de no desestabilizar aún más las economías.
En tal sentido, remarcan que, debería volver a designarse el TPS a Nicaragua, Honduras y El Salvador, y otorgarse dicho estatus también a Guatemala.
“El Departamento de Estado debería proporcionar asistencia adicional a la Organización Panamericana de la Salud, brindar apoyo para establecer servicios de salud en poblaciones pobres y aisladas, y facilitar el acceso a vacunas.
También mencionan que, las áreas prioritarias deberían incluir: estrategias comunitarias de prevención de la violencia; aumento de oportunidades educativas y laborales para jóvenes; iniciativas de la sociedad civil y de múltiples partes interesadas que aborden la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas; fortalecimiento de los sistemas locales de bienestar y protección de la infancia; programas para abordar la violencia contra las personas LGBTQI+ y promover sus derechos.
SOBRE SEGURIDAD
La misiva enfatiza que, la estrategia antinarcóticos del gobierno estadounidense debe volver a centrarse en los profundos vínculos que existen entre las organizaciones de narcotraficantes, los funcionarios del gobierno y de seguridad, y las entidades empresariales. Además, se debe enfocar en desmantelar las alianzas que están detrás del tráfico, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada, y que impulsan las violaciones de los derechos humanos y la violencia en la región.
LEA: BIDEN DESIGNA A K. HARRIS PARA ABORDAR TEMA MIGRATORIO CON MÉXICO Y EL TRIÁNGULO NORTE
CORRUPCIÓN IMPREGNA PARTES DEL SECTOR EMPRESARIAL
Los firmantes enfatizan que, la política de Estados Unidos a través de USAID, United States Development Finance Corporation y Millennium Challenge Corporation y a través de su posición en las instituciones financieras multilaterales debería guiarse por el hecho de que la corrupción impregna partes del sector empresarial, así como del Estado en estos países.
“La corrupción del sector empresarial alimenta los abusos de los derechos humanos en toda la región: el asesinato de Berta Cáceres es tan sólo un trágico ejemplo. Estados Unidos debe asegurarse de que cualquier programa de asistencia y préstamo incluya rigurosas salvaguardas y supervisión, contenga políticas contundentes contra las represalias, respete y proteja los derechos de los ciudadanos, y garantice el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes al consentimiento libre, previo e informado”, señalan.
Además, agregan que, de hecho, no solo no debería financiar proyectos y préstamos que violen estos términos, sino que debería votar en contra de estos.
CAMBIO CLIMÁTICO
En la carta refieren a Biden y Harris que, su administración, tras una cuidadosa consulta con las partes interesadas, especialmente a organizaciones medioambientales, indígenas y afrodescendientes de Estados Unidos y América Latina, debería lanzar una campaña intensiva para abordar y mitigar los impactos del cambio climático.
“La campaña debe incluir un enfoque en la protección de los activistas ambientales, comunitarios, indígenas y afrodescendientes. Estas son las voces de las comunidades que soportan el peso del cambio climático y también ofrecen soluciones esenciales”, puntualizan.
LEA: CANCILLERÍA: VISITA DE ALTOS FUNCIONARIOS ESTADOUNIDENSES SE POSTERGA
