Por Redacción La Hora
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Cuatro magistrados que decidieron no retirarle el antejuicio al diputado Felipe Alejos, señalado en el Caso Traficantes de Influencias, buscan su reelección para las Cortes del Organismo Judicial (OJ), ya que están incluidos en las nóminas del proceso de elección que tiene ahora en sus manos el Congreso de la República. Además, han participado en algunas de las últimas decisiones que ha tomado la CSJ y que le han generado críticas como el trámite de antejuicio a la jueza Erika Aifán y la creación de un Juzgado Especializado para conocer casos de corrupción.
Dichos togados son Marwin Eduardo Herrera Solares, Manfredo Alberto López Fuentes y Guillermo Demetrio España Mérida, quienes integran Salas de Apelaciones, así también, el magistrado de la CSJ, Manuel Reginaldo Duarte Barrera.
Ellos votaron el 29 de junio pasado para que el congresista siguiera con su inmunidad tras cuatro intentos de quitárselo por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la cual no podrá investigarlo pese a que testigos en ese expediente judicial delataron al legislador.
En ese contexto, Herrera Solares, López Fuentes y España Mérida aspiran a ocupar nuevamente las Salas de Apelaciones. Ellos son presidentes en ese tipo órganos jurisdiccionales e integraron, como suplentes, el pleno de la máxima Corte del OJ en el que se emitió esa resolución.
En tanto que Duarte Barrera es el único magistrado de la CSJ que logró entrar en la nómina de elegibles para una nueva magistratura en esta instancia, para la cual fue electo en 2018 en sustitución de Elizabeth Mercedes García Escobar, quien falleció en ese año.
Hace unos días, fuentes de alto nivel señalaron a Duarte como un operador clave en favor del diputado de TODOS.
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DECISIONES CUESTIONABLES
No es la primera vez que dichos magistrados firman resoluciones que han sido cuestionadas por sectores de la sociedad civil, ya que han participado, por ejemplo, en la aprobación del acuerdo para la creación del juzgado especializado para funcionarios públicos.
Este acuerdo fue respaldado por Herrera Solares, López Fuentes y España Mérida, quienes lo firmaron, al igual que Duarte Barrera. El inicio de funciones de esa judicatura está pautado para el 16 de julio, aunque de momento el OJ no ha aclarado cómo funcionará.
Asimismo, Herrera Solares y España Mérida, como suplentes del pleno de la CSJ del 1 de julio pasado, apoyaron que se le diera trámite a una solicitud de retiro de antejuicio que planteó el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones (Imcaoj) en contra de la jueza Erika Aifán.
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LA DENUNCIA CONTRA ALEJOS
La FECI requirió que se le levantara la inmunidad a Alejos porque presuntamente el diputado ofreció la agilización de crédito fiscal a dos empresas, a la cuales según la denuncia, “prometió una tramitación ágil y eficiente”.
“Indicándoles que él tenía ventaja de que ‘conocía a gente para ayudarlos en ese tema’”, explicó la unidad de investigación del Ministerio Público (MP) para que se le retirara la inmunidad al primer secretario del Congreso.
La FECI señaló al parlamentario de incurrir en los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias. La CC recientemente rechazó un amparo de Alejos que buscaba dejar sin efecto unas declaraciones an anticipo de prueba que le afectan.
“Comprometiéndose a pagar una ‘tarifa de éxito’ que no alcanzaron a fijar, porque al salir a la luz el Caso La Línea dicha negociación se interrumpió tras la captura de ‘la gente con la que él estaba trabajando las devoluciones de crédito fiscal’”, añadió la sección de investigación del MP en esa petición.
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EL FALLO A FAVOR DEL DIPUTADO
Pese a los señalamientos, la mayoría de los magistrados de la CSJ indicaron que las diligencias para el levantamiento del antejuicio promovidas por la FECI eran espurias, lo que las hace tener falta de “autenticidad jurídicamente relevante”.
La Corte argumentó que los hechos denunciados por el ente investigador carecen de sustento legal, ya que basados en las declaraciones de los personeros del Ingenio Palo Gordo no se demostraba que Alejos “hubiere ejercido acción alguna relacionada con devoluciones de crédito fiscal”.
Los magistrados judiciales consideraron que el MP no presentó elementos razonables de investigación “con los que se acreditara que efectivamente el denunciado hubiere intervenido o participado en los hechos que se le atribuyeron”.
“No existe medio de investigación que sustente la existencia de los hechos que concretamente se imputan al diputado Felipe Alejos, debido a que la denuncia formulada carece de un investigación preliminar que permita razonablemente respaldar la concurrencia de los hechos”, concluyó la CSJ.
