Señalados de corrupción respaldaron juzgado “exclusivo” para funcionarios

La CSJ, presidida por la magistrada Silvia Patricia Váldes, dio trámite en su momento al antejuicio contra Aifán. Foto La Hora

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

Dos magistrados que fueron señalados de estar vinculados con Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, respaldaron la creación juzgado “exclusivo” para casos de funcionarios y empleados públicos.

Se trata de los togados Marwin Eduardo Herrera Solares y Carlos Rodimiro Lucero Paz, quienes, según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), recibieron beneficios de López Villatoro, acusado en el Caso Comisiones Paralelas 2014.

El acusado, indican las pesquisas, influyó en la elección de la Cortes, para lo cual realizó reuniones y festejos con personas clave en el proceso de las Comisiones de Postulación del año mencionado, además, de que hizo pago de dinero, promesas y entrega de beneficios a favor de comisionados.

En este contexto se encuentran Herrera Solares y Lucero Paz, al igual que el magistrado separado del cargo y sindicado de recibir un apartamento del Rey del Tenis, Eddy Giovanni Orellana Donis, ya que los tres integraron en 2014 la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Las indagaciones de la Fiscalía detallan que la estrategia de López Villatoro con esos beneficios era que los comisionados votaran conforme a sus intereses en el proceso de elección de los magistrados de la máxima Corte del Organismo Judicial (OJ).

Si bien la FECI solicitó que se les quitara la inmunidad a los tres señalados por esos hechos, la CSJ decidió únicamente retirársela a Orellana Donis, que está a la espera de que se solvente su situación jurídica en un debate. Tanto Herrera Solares como Lucero Paz buscan la reelección para Salas de Apelaciones.

IMCAOJ TAMBIÉN ESTÁ INVOLUCRADO

En el pleno de la CSJ en el que se aprobó la creación del juzgado “exclusivo” para funcionarios y empleados públicos también participaron los magistrados Guillermo Demetrio España Mérida, Mario Obdulio Reyes Aldana y Manfredo Alberto López Fuentes, todos integrantes del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones (Imcaoj).

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Esta entidad arremetió en contra de Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, y el informe que presentó el Ministerio Público (MP) por la elección de Cortes y en el que se mencionaron que algunos de sus integrantes se comunicaron con Gustavo Alejos, señalado de influir en el proceso de elección de magistrados en este año.

Entre los mencionados en ese informe de tener vínculos con Alejos, se encuentra el presidente del Instituto, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, en cuya dirigencia el ente accionó recientemente para que se le quitara la inmunidad a la jueza Erika Aifán por el Caso Comisiones Paralelas 2020.

A esta última petición le dio trámite la CSJ con 11 votos a favor, entre ellos los de España Mérida y Herrera Solares. Las pesquisas para que se le levante la inmunidad a la juzgadora quedaron a cargo de la magistrada Beyla Estrada de Brito, pero ella se excusó de conocer el proceso.

SOBRE EL JUZGADO

La CSJ publicó el 25 de junio pasado un acuerdo en el Diario de Centro América en el que le dio la competencia al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal para que conozca de los casos de quienes ejercen función pública, centralizando de esa manera los casos de corrupción.

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Esa decisión de la Corte ha generado dudas respecto al funcionamiento de la judicatura, ya que ese tipo de procesos relacionados a la corrupción se han desarrollado, principalmente y en los últimos años, en juzgados de Mayor Riesgo.

Si bien La Hora consultó al OJ respecto a otras aristas sobre el órgano jurisdiccional, este aún no ha respondido y no ha aclarado aspectos como si una investigación que involucre a empleados o funcionarios públicos todavía tendrá la vía para que sean elevados a judicaturas de Mayor Riesgo.

En contra de este acuerdo, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) ya interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), argumentando que la creación de este juzgado especializado es incongruente con “la actividad permanente de perfeccionar los modelos de justicia”.