/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) explicó en la audiencia de primera declaración de Sandra Torres, que ella consintió aportes anómalos a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por un monto de Q5 millones 664 mil.
En la diligencia realizada en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, la Fiscalía manifestó que esas contribuciones irregulares se dieron entre el 12 de abril y el 16 de julio de 2015, siendo ella Secretaria General de esa agrupación política, sin embargo, las mismas no fueron reportadas a la misma para su registro contable.
En una audiencia que estaba abarrotada por los medios de comunicación y que inició con dos horas de retraso, la unidad investigadora del Ministerio Público (MP) indicó que fueron al menos siete aportaciones las que no se reportaron.
Para ello, según las investigaciones, Torres delegó a la diputada Karina Paz, Gustavo Alejos, ex secretario privado de la Presidencia, así también a Mario Leal, exvicepresidenciable de la UNE, como los encargados de captar a personas individuales y jurídicas, quienes a su vez, presuntamente, hicieron aportaciones dinerarias o en especie a la UNE, sin acreditar su identidad, por lo que a criterio de la Fiscalía, Torres pudo haber incurrido en el delito de financiamiento electoral no registrado.
SE ORGANIZÓ DE FORMA ILÍCITA
En esa misma línea, la sección investigativa dijo que Torres integró y formó parte de una asociación, cuyo objetivo era cometer los delitos de financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado.
Según la FECI, ese grupo estaba conformado por la ex primera dama de la Nación, Gustavo Alejos, Carlos Enrique López Girón, Julio César López Villatoro, Guillermo Alejandro Sierra Sierra, Víctor de Jesús Duarte Mendoza, Luis Fernando Pérez Vargas, Maynor Feizal Zimeri, diputados y otras personas.
En esa medida, el objetivo de esa red era recaudar fondos para la campaña del mencionado partido político en el 2015, los cuales de manera “consciente” y “deliberada” no fueron detallados en los registros contables de la UNE.
En esa línea, la representación del MP sostuvo que Torres, valiéndose de su alta jerarquía y poder al ser Secretaria General y candidata a la Presidencia, delegó y autorizó que Mario Leal, Gustavo Alejos y Karina Paz, para que realizaran la captación de los aportes.
Para eso se utilizó, según la imputación realizada esta mañana, a las empresas MAARIV S.A (vinculada al diputado Julio Ixcamey) y Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohasa), cuyos recursos fueron utilizados posteriormente para gastos de campaña en 2015.
Para la FECI, Torres tenía pleno conocimiento de esas acciones, las cuales respondían a la integración de un grupo criminal, por lo cual, la conducta realizada por ella está tipificada en el delito de asociación ilícita.
ACCIONES DE LA AUDIENCIA
Antes de que se iniciara la imputación de los delitos, la jueza Claudette Domínguez ordenó que se retirara la representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), explicando que en la presente causa no se ha acreditó daño al Estado.
Asimismo, la juzgadora resolvió un incidente interpuesto por la defensa de Torres, que alegaba que el MP no podía proceder en contra de ella, sin que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no emitiera una denuncia por los hechos que se le señalan.
A la audiencia de esta mañana se hizo presente la congresista Karina Paz, quien apareció en la judicatura minutos después de que la FECI terminara de imputar los delitos a Torres. La parlamentaria también está señalada en este expediente judicial, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dio trámite a la petición para que se le retirara la inmunidad.
APORTES ASCIENDEN A CAS Q28 MILLONES
Según las investigaciones, la UNE no reportó al TSE financiamiento por casi Q28 millones, entre los que se encuentran dinero proveniente de las coimas cobradas por Mario Leal por la agilización de crédito fiscal para empresas, hechos que son investigados en el Caso Traficantes de Influencias, en el que el exvicepresidenciable también está señalado.
