Por Eder Juárez
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Mañana 27 de agosto se cumplen dos años desde que el presidente Jimmy Morales declaró al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, como “non grato” y con ello aumentó el ataque contra la Comisión. Analistas consultados aseguran que dicha declaración fue el inicio de violaciones a la Constitución y el debilitamiento de la institucionalidad y que la corrupción que se destapó en 2015 se mantiene y el sistema no ha mejorado.
Según Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), la declaratoria de non grato fue el inicio del ataque del Gobierno central desde el Ejecutivo a la CICIG, por razones personales del Presidente, ya que para ese momento se conocía la acusación de su hermano y su hijo en el Caso Botín Registro de la Propiedad. “Jurídicamente es el inicio de una serie de violaciones al artículo 149 de la Constitución Política de Guatemala y el debilitamiento de las relaciones internacionales ante órganos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas”, dijo Samayoa.
El abogado recordó que cuando se declaró non grato a Velásquez, Carlos Raúl Morales fue destituido, varios viceministros y otras personas a lo interno del Ministerio de Relaciones Exteriores renunciaron porque sabían que eso era contrario al derecho internacional.
“Para obtener lo que hasta ahora han obtenido es porque hay un pacto muy fuerte que garantiza impunidad y clientelismo y sin duda eso está contribuyendo a que los casos en términos procesales las sentencias sean absolutorias y el Sistema de Justicia no se reforme en ningún sentido y siga cooptado y el poder político pueda reestructurar sus formas de hacer negocios y poderse enriquecer en ese sentido” manifestó Samayoa.
Por su lado, María del Carmen Aceña indicó que lamentablemente no se logró una buena negociación con Naciones Unidas de mantener la CICIG y cambiar al Comisionado porque llegó un momento en el que pareciera que el tema era el Gobierno de Guatemala contra el Comisionado, entonces al declararlo non grato se pretendía que se cambiara al Comisionado algo a lo que la ONU no accedió y eso llevó prácticamente a que no se renovara el acuerdo de la CICIG.
Aceña señaló que esa declaración más lo que se ha vivido en los dos últimos años ha mantenido en mucha tensión a la sociedad y la ha dividido un montón. “Nosotros creemos que al declararlo non grato, debería Naciones Unidas haber negociado con el Gobierno y mantener la institución pero con otro Comisionado porque al final la que perdió fue Guatemala”.
“Los guatemaltecos perdimos porque yo creo que todos los casos que se destaparon en 2015 nos mostraron el nivel de corrupción que había de los mismos funcionarios públicos entonces al final hubiera sido una gran oportunidad de hacer cambios sistémicos en el país, pero al llegarse a esta lucha de fuerzas que al final llegó a ser personal porque era del Presidente contra el Comisionado, perdimos todos, perdimos la institucionalidad, el Presidente se enfocó en eso en los últimos dos años y yo veo que los sistemas per se no han mejorado”, dijo Aceña.
