Por Redacción La Hora
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Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos sobre las recientes elecciones generales realizadas en Guatemala señala que en este proceso electoral elementos del Gobierno permitieron participar a unos candidatos e impidieron la inscripción de otros, incertidumbre que, según el documento “probablemente llevará a muchos a cuestionar el resultado”.
Según el informe, la corrupción fue nuevamente una principal preocupación de los votantes. En respuesta a protestas ciudadanas sobre financiamiento ilegal de campañas, Guatemala adoptó reformas legales en 2016. De acuerdo con la información, 11 de 27 partidos enfrentan cargos de financiamiento ilícito o financiamiento de campañas no reportadas y varios candidatos enfrentan procedimientos judiciales.
El informe hace notar que el presidente Jimmy Morales no participó para una reelección ya que la Constitución lo prohíbe, no obstante, recuerda que Morales está siendo investigado por corrupción y ha tomado acciones que parecen favorecer a partidos políticos y organizaciones criminales vinculadas a la corrupción.
Por ejemplo, señala que el Presidente despidió a funcionarios reformistas y eligió no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que ayuda a las instituciones guatemaltecas hacer cumplir las leyes de financiamiento de campañas.
Debilitar reformas y los esfuerzos de aplicación de la ley podría habilitar aún más a los carteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales a financiar a políticos, señala el reporte.
RESULTADOS DE PRIMERA VUELTA
El informe aborda los resultados de la primera vuelta que tuvo como ganadores a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Alejandro Giamattei, del partido VAMOS, que identifica como de derecha.
En el caso de Torres, indica que ha sido implicada en financiamiento ilícito en las elecciones de 2015, en tanto Giammattei, exdirector del SP, ha participado por la Presidencia en cuatro ocasiones.
En 2010 fue señalado por la CICIG y el MP de participar en ejecuciones extrajudiciales, fue absuelto en 2012 luego de que las Cortes determinaran que el caso en su contra carecía de suficiente evidencia, señala el documento.
Aunque la UNE haya ganado la mayoría de escaños en el Congreso, 44 de 160, el informe hace notar que carece de mayoría. Las demás curules se repartirán entre 15 partidos.
ROL DEL TSE
El documento también aborda el papel que jugó el TSE en estas elecciones, señalando que si bien es un ente independiente de las demás instituciones del Gobierno estuvo sujeto a “presión política y amenazas” de diferentes fuentes.
De acuerdo con varios reportes, líderes políticos y empresariales han sobornado e intimidado a miembros del TSE y a otros funcionarios y Tribunales con el fin de influir en el resultado de las elecciones. El TSE eliminó a dos de las candidatas más populares en esta contienda, Zury Ríos y Thelma Aldana.
Aldana, la exfiscal general, quien según el informe es internacionalmente reconocida por perseguir casos de corrupción contra empresarios y figuras políticas ricas y poderosas, incluyendo los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom, encontró oposición para evitar su candidatura con el partido Semilla.
En marzo, miembros de otros partidos estancaron la inscripción de Aldana presionando al Director del Registro de Ciudadanos para impedir que obtuviera sus credenciales, un requisito electoral.
Sus opositores señalaban que Aldana se apropió de fondos públicos mientras era Fiscal General, algo que ella niega, indica el informe.
De acuerdo con el reporte, un juez emitió una orden de captura en su contra pero fiscales están investigando al juez que supuestamente recibió millones en sobornos a cambio de emitir la orden de captura. El 1 de abril, el TSE bloqueó la participación de Aldana, citando la orden de arresto y el finiquito sin efectos. Aldana apeló la decisión del TSE pero la Corte de Constitucionalidad confirmó el fallo del ente electoral.
Otros candidatos que quedaron fuera de la contienda fueron Ríos, Edwin Escobar y Mauricio Radford. En el caso de Ríos, el TSE le denegó su participación citando una prohibición constitucional contra jefes de facto y sus familiares. El 13 de mayo, la CC confirmó el fallo.
PARTIDOS FINANCIADOS POR ORGANIZACIONES PRIVADAS Y CRIMEN ORGANIZADO
Otro tema que aborda el informe es el financiamiento de los partidos políticos.
La CICIG reportó en 2015 que contratistas del gobierno financiaron más del 50 por ciento de las campañas políticas, cámaras empresariales, un 25 por ciento y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, el restante 25 por ciento.
La CICIG también concluyó que la impunidad electoral es del 95 al 100 por ciento.
En estas elecciones generales, el informe advierte que poderosas organizaciones criminales han estado involucradas. Las autoridades estadounidenses capturaron a Mario Estrada, entonces candidato presidencial de UCN, en Miami Florida, el 17 de abril.
Por otro lado, destacan que la campaña electoral de 2019 sufrió violencia en todos los niveles.
PREOCUPACION POR EL CONGRESO
Finalmente el informe destaca que el resultado de las elecciones de junio pasado levanta preocupación ya que, por ejemplo, diputados electos con la ayuda de intereses creados podrían contribuir con la corrupción, drenar los recursos públicos y alentar el tráfico de drogas y otros crímenes.
“Cuando el apoyo de la CICIG finalice en septiembre, las instituciones guatemaltecas pueden investigar y perseguir menos crímenes” señala. La inseguridad y la violencia relacionada podrían contribuir a más migración, agrega.
Asimismo el reporte indica que cuestionamientos sobre la legitimidad de las elecciones podría levantar preocupaciones acerca de inestabilidad futura. “Si varios ciudadanos cuestionan la credibilidad de las elecciones, la confianza pública en el gobierno disminuirá aún más y las protestas y demandas por reformas políticas es probable que continúen” señala.
