Por CHRISTIAN GUTIÉRREZ
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El abogado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), se presentó esta mañana a la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público para ampliar la documentación que señala cómo funciona el llamado Pacto de Corruptos en el país.
Cadena explicó que tras una reunión con la fiscal general, María Consuelo Porras, la jefa del MP les solicitó que ampliara la información de lo que se conoce como el Pacto de Corruptos.
A decir de Cadena es muy importante estudiar y definir en qué consiste el pacto, que algunos definen que surgió cuando el Congreso aprobó dos reformas al Código Penal que beneficiaban a los políticos, en temas de financiamiento electoral ilícito.
“Otros, donde nos incluimos nosotros, consideramos que el Pacto de Corruptos es un pacto entre los tres Organismos del Estado y que tiene sus inicios desde que el Presidente de la República declaró persona non grata a Iván Velásquez”, dijo Cadena, en referencia al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según dijo, la CIJ entregó una carta a la Fiscal General el 14 de mayo, en donde le señalaban bajo qué puntos trabaja el referido pacto.
“Ya le entregamos una carta a la Fiscal General, con información de lo qué es el Pacto de Corruptos, ahora vengo con el fiscal anticorrupción para brindar más información sobre esto para que puedan hacer una investigación rápida”, dijo.
Cadena además indicó que le pediría información a la Fiscalía Anticorrupción sobre los casos que se tienen en contra del presidente Jimmy Morales, ya que a decir de la CIJ, el mandatario también forma parte de este pacto.
CARTA PRESENTADA A PORRAS
En la misiva que la CIJ envió a la Fiscal General mencionaban que el MP debería iniciar procesos penales o iniciar una investigación en contra de determinados funcionarios públicos, por incumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad o “por pertenecer a ese Pacto de Corruptos”.
El primer punto que señalaban de cómo funciona ese pacto, según la CIJ, es el protegerse de la acción de la justicia “los actos del Gobierno implementados al más alto nivel por el Presidente de la República, tiene el objetivo principal de proteger a otros y protegerse a sí mismo, de la acción de la justicia”.
En el segundo punto indicaban que “evitaban que las instituciones del Sector Justicia se sigan fortaleciendo”.
También mencionaron en la carta como tercer punto que el objetivo de dicho pacto era “incrementar las oportunidades para una conducta corrupta por parte de altos funcionarios ligados a organizaciones criminales”.
Por último, el abogado hizo un llamado a la ciudadanía para que puedan acercarse a la Fiscalía para aportar toda la información que tengan sobre el mismo.
