Por Cristian Velix
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La jueza Claudette Domínguez escuchó este día los testimonios de cuatro testigos, quienes dieron su declaración en anticipo de prueba en el caso Traficantes de Influencias, en las que se señaló la posible implicación en la investigación del diputado Felipe Alejos.
El primero en hablar fue Rodrigo Presa Riera, quien afirmó que Alejos se acercó a él con el fin de agilizar el pago del crédito fiscal de la empresa Ingenio Palo Gordo, en la que Presa fungía como Gerente Comercial.
En esa línea, Presa Riera expresó que el diputado le explicó que para obtener el crédito se colocaría un amparo, para que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) asignara profesionales para que empezaran a realizar las auditorias.
“En el momento dije que me parecía bien. Yo le pregunté, cómo era la forma de pago y él (Alejos) me indicó que en su debido momento íbamos a hablar de una ‘tarifa de éxito’, pero que lo íbamos a discutir más adelante”, comentó el testigo.
Para ello, agregó Presa Riera se le requirió, por parte del congresista, una copia de los expedientes de la devolución y la acreditación del representante legal de la empresa.
Tras la entrega de la documentación, el testigo añadió que recibieron notificación de la SAT de que se estaban asignando auditores, por lo que el proceso de auditoría inició posteriormente.
Sin embargo, el Riera agregó que la entrega del crédito fiscal no se pudo realizar debido a que Alejos le informó que habían sido capturados funcionarios de la SAT, esto en el Caso La Línea.
Este contexto fue confirmado por David Carlos Ekman Khan, antiguo gerente general de Ingenio Palo Gordo, quien afirmó que él, junto con Presa Riera, se reunieron con Alejos en su apartamento de la zona 14, una semana después del hecho de las aprehensiones del Caso La Línea.
Ekman Khan fue aparentemente informado del ofrecimiento del amparo para agilizar el crédito fiscal por su subordinado Presa Riera. De acuerdo con el antiguo gerente general del Ingenio Palo Gordo, el no vio mal la interposición de dicho recurso, debido a que es un «problema serio que perjudica a las empresas».
Asimismo, Ekman Khan dijo que no se hizo ningún pago para la mencionada devolución.
Por otra parte, también compareció Genevet Flavio Robles López, quien fue representante legal de la empresa de reciclaje Maya Quetzal S.A., la cual según la investigación fue beneficiada con la devolución del crédito fiscal.
A pesar de su declaración, Robles López expresó que no conocía a los sindicados en el caso, salvo Inngmar Iten, quien era dueño de la empresa en la que trabajaba.
Roble López indicó que firmó documentos para la devolución del crédito fiscal, sin embargo, añadió que no recuerda en cuánto tiempo le fue devuelto este a la empresa.
No obstante, detalló que la empresa Maya Quetzal, tras un crecimiento en el país y también de la exportación de desechos metálicos, tuvo una deuda de alrededor de Q18 millones.
Él dijo que incluso la empresa tuvo que asistir a una cooperativa de San Marcos con el fin de obtener un préstamo de cerca de Q3 millones, mismo que no fue otorgado.
El último testigo en declarar fue Rony Wilson Macario Lucas. Él indicó que conoce a algunas personas dentro del expediente, no obstante, no mencionó a quienes.
Macario Lucas manifestó que no tenía ninguna relación directa con alguno de los sindicados. Según dijo, él era tesorero de Maya Quetzal y que tras los problemas financieros de esta fungió como contador.
El testigo indicó que entre sus labores con las solicitudes de crédito fiscal, la SAT hace un requerimiento donde pide una serie de requisitos y tiene que llenarlos para que SAT pueda realizar la auditoría de campo de gabinete, en este caso la hizo de campo, señaló.
«La que ellos querían (la SAT) era cerciorarse que toda la documentación ingresada anteriormente era competente para poder realizar el crédito fiscal». «Las solicitudes fueron pedidas con otros contadores con anterioridad», afirmó.
Según Macario Lucas, los que tenían la facultad de firmar cheques en Maya Quetzal eran Genevet Flavio Robles López, Inngmar Iten y él.
De esa forma la Fiscalía presentó dos cheques a Macario Lucas, quien confirmó su firma en ambos documentos bancarios. Según la Fiscalía, los dos fueron girados a favor de SENTRASA, las cual, según Macario Lucas no brindó servicios a Maya Quetzal S.A.
Sentrasa, según el expediente de investigación, tiene relación con Giovanni Marroquín Navas, cuya empresa se vio beneficiada por Q260 mil, producto, aparentemente, de esos cheques otorgados por Maya Quetzal S.A.
Marroquín Navas, extrabajador de la SAT, es señalado de ser operador de la estructura criminal que agilizó el trámite de devolución del crédito fiscal.
ANTEJUICIO CONTRA ALEJOS
El pasado 20 de mayo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó, por segunda ocasión, dar trámite a un antejuicio contra el diputado Felipe Alejos.
El antejuicio contra Alejos se presentó por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. El MP y la CICIG señalan al diputado de agilizar ilegalmente ante funcionarios de la SAT tres expedientes de devolución de crédito fiscal para el Ingenio Palo Gordo, caso que fue denominado “Traficantes de Influencias”.
No obstante, esta solicitud fue rechazada dos veces por la CSJ.
