El CACIF, sumado a la Cámara del Agro y Cámara de la Industria de Guatemala, se suma a los pronunciamientos emitidos contra la Corte de Constitucionalidad. Foto: La Hora

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POR REDACCIÓN LA HORA
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La Corte de Constitucionalidad (CC) defendió de nuevo el orden constitucional, esta vez luego de que el Gobierno dispusiera retirar visas y exigir la salida del país de un grupo de investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que otorgó tres amparos a favor de los integrantes de la Comisión.

La Corte ordenó que se entreguen a los investigadores las visas de cortesías que les fueron revocadas el lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores y además que se les permita el desempeño de sus funciones.

Las resoluciones tuvieron el voto disidente de la magistrada presidenta, Dina Ochoa, quien es cercana al presidente Jimmy Morales y que ha votado de igual manera en otras ocasiones cuando el tema relacionado a CICIG ha llegado a la Corte de Constitucionalidad.

¿QUÉ RESOLVIÓ LA CC?

El pleno de la CC conoció cinco acciones presentadas ante esa instancia relacionadas al tema CICIG, a dos les dio trámite y en tres otorgo amparos provisionales, el primero promovido por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, el segundo por los diputados Sandra Nineth Morán Reyes, Leocadio Juracán Salomé, Erwin Enrique Álvarez Domínguez, Jean Paul Briere Samayoa y Andrea Beatriz Villagrán Antón y el tercero por la misma CICIG.

“otorgó amparo provisional para que, en un plazo de doce horas a partir de notificado el auto, debe: a) extender las visas de cortesía solicitadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– a las personas que se les denegó y que son las siguientes: Fernando Washington Dos Santos Oliveira, Luis Fernando Orozco Álvarez, Horacio Roberto Piccardo Candia, César Augusto Rincón Sabogal, Fernando Robles Reyes, Roque Marcelo Veliz López, Yilen Osorio Zuluaga, María Martín Quintana, Giulia Nikté Caruso Duarte y Marcela López Martín; b) en lo sucesivo resuelva favorablemente las solicitudes de visa que estén pendientes de extender y que a futuro solicite la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, con la celeridad que el caso amerita; c) se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y tránsito de los funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, refirió la CC sobre el amparo promovido por el PDH.

“La Corte, por mayoría, revocó la decisión del tribunal de amparo de primer grado y, como consecuencia, otorgó el amparo provisional con los mismos efectos decretados en el auto dictado en el expediente 5346-2018”, señala en cuanto al promovido por los diputados.

En cuanto al amparo a CICIG, hace referencia a las mismas ordenes al otorgado al PDH, pero agrega elementos sobre obstaculizar la movilidad de los investigadores. “Aunado a lo anterior, se advierte a la autoridad denunciada que durante la vigencia del Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y tránsito de los funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, indicaron.

UN LARGO CAMINO

El martes, La Cancillería notificó públicamente en el Diario Oficial que 11 investigadores de la CICIG debían dejar el país tras revocarles las visas de cortesía e inmunidades. Horas más tarde, el Instituto de Migración les informó que tenía 72 horas para abandonar el país o serían expulsados con apoyo de las fuerzas de seguridad.

Hoy el Gobierno aseguró en un comunicado que los investigadores habían cumplido con lo ordenado y que en la mañana salieron del país los últimos cinco profesionales de la Comisión pendientes de viajar.

Matías Ponce vocero de la CICIG dijo que los integrantes de la Comisión se encontraban de vacaciones y fuera de Guatemala. El portavoz del Secretario General de la ONU lamentó la expulsión e invitó al Gobierno a continuar con las conversaciones en torno al tema CICIG.

Mientras tanto al mediodía, el Juzgado Tercero de Primero Instancia Civil, constituido en Tribunal de Amparo, otorgó un amparo provisional a la ciudadana Eleonora Muralles Pineda, el cual dejó sin efecto la resolución de Migración que fijó un plazo de 72 horas a funcionarios de la Comisión para que abandonaran el país.

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