El reciente anuncio del nuevo fiscal general del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, de liquidar la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) representa el cierre de una de las unidades más polémicas y señaladas del ente investigador en los últimos años, aunque en sus inicios fungió como apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en investigaciones de corrupción.
La Fiscalía nació en 2008 como unidad operativa del MP cuyo objetivo era trabajar junto a la Cicig en investigaciones de alto impacto. Con el paso de los años, sin embargo, la FECI pasó de liderar investigaciones emblemáticas de corrupción estatal a convertirse, bajo las administraciones de María Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, en una unidad cuestionada por acciones contra opositores, periodistas, exfiscales, líderes indígenas y actores vinculados a la lucha anticorrupción.
Nuevo Fiscal General anuncia que cerrará la FECI, hasta ahora liderada por Curruchiche
EL INICIO DE LA CICIG Y SU CREACIÓN
El origen de la FECI está vinculado a la creación de la Cicig, promovida luego de años de denuncias sobre la existencia de estructuras ilegales dentro del Estado.
El 12 de diciembre de 2006, Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, durante el mandato de Óscar Berger, firmaron el acuerdo para crear la Cicig. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una opinión favorable y el Congreso ratificó el convenio el 1 de agosto de 2007.
La Comisión nació como un órgano internacional independiente que tenía el objetivo de investigar estructuras criminales clandestinas vinculadas al Estado, colaborar en su desarticulación y promover reformas institucionales para combatir la impunidad.
Como parte de ese proceso, el 27 de febrero de 2008 el MP y la Cicig firmaron un convenio de cooperación bilateral que dio paso a la creación de una unidad especializada dentro del ente investigador. Un mes después, mediante el Acuerdo 26-00 de la Fiscalía General, se creó la “Fiscalía Especial para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.
Según informes de evaluación de la propia Cicig, la fiscalía fue diseñada para investigar casos complejos y de alto impacto seleccionados conjuntamente entre el MP y la Comisión. La Cicig aportaba asesoría técnica, análisis criminal, acompañamiento en allanamientos, estrategias judiciales e incluso capacidades de inteligencia e interceptación telefónica.
LOS CASOS QUE MARCARON A LA FECI
Para 2015, la FECI tenía asignados 87 casos, de los cuales 74 contaban con apoyo directo de la Cicig. La época en la que ambas entidades trabajaron en conjunto, la FECI se convirtió en la principal unidad anticorrupción del país y encabezó investigaciones de gran relevancia, como los casos Pavón, Migración y estructuras vinculadas a militares y funcionarios públicos.
Sin embargo, el punto de quiebre llegó en 2015 con el caso “La Línea”, una red de defraudación aduanera que involucró al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.
La investigación provocó protestas masivas, la renuncia del binomio presidencial y capturas de altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
A partir de ahí surgieron otros expedientes que distintos análisis califican como emblemáticos:
- Cooptación del Estado, sobre redes político-criminales para financiar campañas.
- Construcción y Corrupción, vinculado a sobornos en obra pública.
- Caso TCQ, sobre irregularidades en Terminal de Contenedores Quetzal.
- Caso Odebrecht, por pagos ilícitos de la constructora brasileña.
- Financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación, UNE y Líder.
- La Coperacha.
- Asalto al MSPAS.
- Comisiones Paralelas 2014 y Comisiones Paralelas 2020.
Este último, ya sin la Cicig en el país, fue considerado uno de los casos más relevantes impulsados únicamente por la FECI. La investigación señalaba al operador político Gustavo Alejos de intentar influir en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
EL CAMBIO DE RUMBO
La Cicig finalizó oficialmente funciones el 3 de septiembre de 2019, luego de que el presidente Jimmy Morales decidiera no renovar su mandato, argumentando supuestas amenazas a la soberanía nacional.
Tras la salida de la Comisión, la fiscal general en ese entonces, Consuelo Porras, convirtió a la FECI en una Fiscalía de Sección mediante el Acuerdo 59-2019, integrándola formalmente a la estructura del MP.
Aunque inicialmente la fiscalía continuó bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, quien había sido el jefe desde 2015, los choques internos comenzaron a hacerse públicos.
Diversos sectores nacionales e internacionales señalaron que la administración de Porras empezó a retirar casos a la FECI, frenar investigaciones y debilitar la independencia de la unidad.
En 2021, la destitución de Sandoval marcó un nuevo giro. Porras, en un comunicado de prensa, justificó la decisión señalando “abusos” y “atropellos institucionales”, mientras organizaciones civiles, exfiscales, gobiernos extranjeros y actores internacionales calificaron la medida como un golpe a la lucha anticorrupción.
📣#ComunicadoDePrensa
El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/BH7i9PdRiz— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 23, 2021
ENTRE PERSECUCIONES Y CONTROVERSIAS
Tras la salida de Sandoval, Rafael Curruchiche asumió la jefatura de dicha fiscalía, en una etapa que se ha caracterizado por cuestionamientos nacionales e internacionales.
Entre los casos más controversiales que lideró Curruchiche, sancionado internacionalmente, figuraron las investigaciones contra el periodista José Rubén Zamora y elPeriódico, los procesos contra la exfiscal Virginia Laparra y acciones judiciales contra operadores de justicia que posteriormente salieron al exilio.
Su administración también encabezó investigaciones vinculadas al partido Movimiento Semilla tras las elecciones de 2023.
Entre estas estuvieron pesquisas sobre supuestas anomalías en afiliaciones del partido, allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y acciones relacionadas con actas electorales y el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Todo esto lo mantuvo la administración de Porras y Curruchiche hasta el reciente cambio de jefe del MP.
Al mismo tiempo, también se impulsaron acciones contra líderes indígenas que participaron en protestas y bloqueos en defensa de los resultados electorales de 2023, como el caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, así como contra activistas, abogados, periodistas y opositores al MP.
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EL ANUNCIO DEL CIERRE
Ahora, casi dos décadas después de su origen, la FECI enfrenta a un proceso de cierre. El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, anunció que la fiscalía entrará “en proceso de liquidación”, aunque hasta ahora no se ha detallado cómo serán redistribuidos los expedientes ni qué ocurrirá con las investigaciones activas.
Todo esto en medio de declaraciones del fiscal Curruchiche a La Hora en las que afirmó que no renunciaría y que esperaba reunirse con García Luna.
El cierre pone fin a una unidad que se convirtió en una de las más cuestionadas del sistema de justicia en los últimos años.
Inició siendo dirigida por Eunice Mendizabal desde el 1 de septiembre de 2008 hasta 2012; Rubén Herrera se encargó de 2012 a 2014; Óscar Schaad desde julio de 2014 hasta abril de 2015; Juan Francisco Sandoval hasta su remoción en 2021; interinamente y solo por 11 días, la dirigió Carla Valenzuela ese año, y finalmente Rafael Curruchiche hasta la actualidad.
Rafael Curruchiche asegura que no renunciará y espera reunirse con García Luna
