POR HEDY QUINO
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La Comisión de Derechos Humanos (DD. HH.) del Congreso formará parte de la Mesa Técnica que trabaja reformas al Código Procesal Penal, en torno a la prisión preventiva.
El presidente de dicha Sala Legislativa, Ronald Arango, afirmó que se reunirán con la fiscal general, María Consuelo Porras, para conocer los avances sobre ese proyecto de ley.
“Como Comisión estamos preocupados por el hacinamiento en las cárceles del país, sobre todo por aquellos casos que están relacionados a la prisión preventiva, así como las muertes que se han registrado en las prisiones, por ello nos interesa esta propuesta”, dijo Arango.
«Esta Sala visitará a la Fiscal General, pues queremos conocer y revisar la iniciativa que elaboran varias entidades del Sector Justicia, para decidir si lo impulsamos desde la Comisión», añadió el diputado.
La iniciativa busca reducir el hacinamiento en las cárceles, esto por medio de la modernización de la prisión preventiva, así como el cumplimiento de penas, explicó el congresista.
«En el Congreso se encuentran en discusión dos iniciativas de ley relacionadas a este tema, pero lo que trabaja la Mesa es más integral, y abarca más conceptos», concluyó Arango.
Las instituciones que participan en la discusión de estas propuestas son: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Ministerio Público (MP), la Defensa Pública Penal (IDPP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Organismo Judicial (OJ), el Sistema Penitenciario, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y los relatores contra la tortura.
LEY DE ACEPTACIÓN DE CARGOS
El Congreso aprobó en tercer debate la iniciativa 5311, que se refiere a la ley de aceptación de cargos. Esta normativa fue presentada en 2017 por el Organismo Judicial, el cual contempla rebajar las penas a los sindicados que acepten su responsabilidad penal por un delito.
Uno de los objetivos del procedimiento especial de aceptación de cargos es reducir la sobrepoblación en las prisiones.
Sin embargo, la CICIG y Pro Justicia, entidad que aglutina a varias instituciones civiles, temen que esta iniciativa se convierta en un mecanismo de impunidad. Esto por las enmiendas que trabaja la mesa técnica que analiza dicha propuesta, dirigida por el diputado Manuel Conde Orellana.
Uno de los aspectos que preocupa a la CICIG es la disminución del 50% de las penas y la aplicación conjunta de la conmuta, dando como resultado que todos los delitos con penas de diez años de prisión y menos quedarían en la práctica liberados de cumplimiento de pena de prisión.
