Por Eder Juárez
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La magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, indicó que la presidencia del Tribunal Constitucional no ha convocado al pleno de magistrados para conocer los recursos presentados por el Organismo Ejecutivo por la ampliación y aclaración otorgada al amparo provisional presentado por el abogado Alfonso Carrillo, quien revoca la decisión del presidente Jimmy Morales de no permitir el ingreso al territorio nacional del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
Porras agregó que las resoluciones del 16 de septiembre y su ampliación están firmes y que las solicitudes hechas por el Ejecutivo son de revocatoria, “en tanto no se revoquen, están en firmes”, aseguró la Magistrada. Dichas revocatorias se conocerán cuando sean convocadas por la presidencia, manifestó.
RETARDO MALICIOSO
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), indicó que la presidencia de la Corte debería de convocar al pleno y hacer un rechazo in limine de las solicitudes planteadas por el Ejecutivo.
“Pareciera ser que estamos en un ejercicio malicioso de hacer caer todo el proceso en los plazos que la Corte nos tiene acostumbrados, que son plazos muy extensos, pero esto es de suma importancia para el país, entonces el rechazo in limine es lo que jurídicamente procede”.
Samayoa señaló que políticamente se está cayendo en “retardos maliciosos”. Además agregó que las expresiones del ministro de Gobernación Enrique Degenhart y la Canciller Sandra Jovel son suficientes para que la Corte le pida u obligue al Presidente destituir a ambos.
“Hay una crisis normativa y no puede permitirse un Estado estar en una crisis normativa por irresponsabilidades de funcionarios públicos, lo que están generando es una inestabilidad de Gobierno, entonces lo prudente es enviar un mensaje a la sociedad de lo que están haciendo los funcionarios, eso que yo no acato, es grave para la gobernabilidad y para el Estado de Derecho”, manifestó.
Según el entrevistado, la presidencia de la Corte se debe pronunciar para restituir el imperio de la legislación y de los jueces.
En tanto, Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indicó que es la presidencia de la Corte la que define qué asuntos conoce el alto Tribunal.
Es la presidenta y de todos es sabido que quien la ocupa es la magistrada Dina Ochoa, que es una magistrada que con sus resoluciones y votos disidentes ha demostrado que ha tomado la postura de compartir la posición del Gobierno, dijo Díaz al ser consultado.
«No sorprende que los recursos no hayan sido conocidos toda vez que los mismos deben estar en la agenda del pleno, pero ella (la presidenta) es quien tiene control, es parte de la presidencia, es una de las facultades que goza quien tenga la presidencia de la Corte”, aseguró el abogado.
Se intentó contactar a la magistrada presidenta de la CC, Dina Ochoa, pero no respondió a las llamadas a su celular.
