Por Denis Aguilar
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Acción Ciudadana (AC) presentó esta mañana una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la iniciativa de ley 5300, que pretende reformar la Ley en Materia de Antejuicio. La organización considera que estos cambios podrían generar agravios en la Constitución Política de la República.
Según Eddie Cux, de Acción Ciudadana, el amparo se presentó en contra del Congreso de la República, debido a la discusión que está desarrollando actualmente.
“Este tipo de discusión puede afectar derechos constitucionales y es por eso que el día de hoy presentamos el amparo solicitando a la Corte que suspenda esa discusión en la forma que se está exponiendo, puesto que podría vulnerar dos elementos sustanciales dentro del Estado de Derecho”, dijo Cux.
Dentro de los elementos que menciona Cux, están el derecho a la justicia ante un juez natural y también el derecho de defensa, así como la facultad y la función jurisdiccional que tiene la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además, mencionó que se está atentando contra la división de poderes y se está aglutinando todo el conocimiento de las causas al Congreso de la República.
“El Congreso de la República no tiene una función jurisdiccional, en distintas ocasiones la Corte de Constitucionalidad ha emitido varios pronunciamientos sobre ello, lo cual nosotros hacemos evidente en el amparo y por lo cual nosotros consideramos que es notoriamente ilegal”, argumentó Cux.
“Solicitamos el amparo puesto que pueden causarse daños irreparables, considerando en el contexto en el que estamos y que esto puede significar un golpe en contra de los funcionarios públicos que han emitido resoluciones constitucionales, que han luchado contra la corrupción y que han protegido los derechos humanos de población en general”, aseveró.
Ayer en sesión del pleno del Congreso con la presencia de 95 diputados, se aprobó el segundo debate de la iniciativa 5300, que busca reformar la Ley en Materia de Antejuicio, para que las solicitudes de retiro de la inmunidad pasen directamente al Legislativo y que no pase por el filtro de la CSJ.
Con estos cambios, será el Congreso el organismo que decida el futuro de la inmunidad de los funcionarios, entre estos los magistrados de la CC, la Fiscal General del Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos.
