En las sesiones de la próxima semana el Congreso continuará discutiendo para su aprobación la iniciativa 5300, reforma a la Ley en Materia de Antejuicio. Analistas consultados consideran que los cambios pueden afectar el trabajo que realizan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), un tribunal clave en la crisis actual y que representa un contrapeso ante otros poderes.
POR HEDY QUINO
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En medio de la crisis que ha ocasionado el Gobierno del presidente Jimmy Morales, el Congreso quiere modificar la Ley en Materia de Antejuicio, para apoderarse de esos procesos.
Esta propuesta fue presentada por el diputado Fernando Linares Beltranena y fue la misma Comisión que dirige la que emitió una opinión técnica favorable a esa iniciativa.
El congresista afirmó que en la reunión de jefes de bloque que se celebrará el lunes próximo, solicitará que esta propuesta se incluya en la agenda de las sesiones de la próxima semana, para que se apruebe en tercer debate.
La aprobación de estas reformas va encaminada en el Congreso, de lograr los votos necesarios, los congresistas conocerían directamente las solicitudes de antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) entre otros funcionarios.
Por esta situación el Colectivo JusticiaYa señala que esta normativa podría afectar el trabajo que realizan los magistrados de la CC, ante la crisis actual.
“El Congreso se está recetando más poder del que ya tiene, lo cual genera un desbalance de fuerzas, lo cual atenta con la democracia, en el contexto y en la coyuntura en la que estamos probablemente podría afectar el trabajo que realiza el PDH o los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en estos momentos es clave lo que están haciendo”, enfatizó Gabriel Wer de JusticiaYa.
AFECTA ENTIDADES QUE SON CONTRAPESO
El analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), Edgar Celada, indicó que esta iniciativa afecta a las entidades que representan los pesos y contrapesos como lo son la CC y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
“El Congreso podría decidir sobre la suerte de funcionarios que no les resulten agradables a una mayoría, eso no sería democracia sino totalitarismo”, añadió el experto.
Las reformas eliminan el filtro de la CSJ, órgano que evalúa si los antejuicios son promovidos por intereses espurios o políticos.
Otro cambio es archivar en definitiva los expedientes de antejuicio, actualmente estos expedientes se pueden discutir en diferentes sesiones.
