Por Sonny Figueroa
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Esta tarde ingresó a la Dirección Legislativa del Congreso el dictamen favorable de la iniciativa de ley que reforma la tipificación del delito de financiamiento electoral ilícito y deja penas hasta por cinco años, convirtiéndolas en conmutables.
Los nueve diputados que firmaron favorablemente esta iniciativa son: Juan José Porras de ViVa, Carlos Fión de Creo, Rudy Castañeda de UCN, Luis Hernández Azmitia por MR, Manuel Conde del PAN, Estuardo Galdámez y Moisés Castañón de FCN-Nación y Carlos Maldonado y Óscar Argueta por la UNE.
La iniciativa de ley busca modificar el artículo 407 N del Código Penal que se refiere a las penas por el delito de financiamiento electoral ilícito en sus diferentes modalidades.
El proyecto de ley reforma la pena para el financiamiento electoral anónimo y no registrado y la deja hasta 5 años de prisión. Actualmente se aplica con penas que van hasta los 12 años.
La iniciativa queda de la siguiente manera:
“Quien consienta o reciba aportaciones como motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con dos a cinco años de prisión y una multa de veinte a cien mil quetzales e inhabilitación para optar a cargos públicos hasta por cinco años.
Quien realice aportaciones dinerarias o en especie a las organizaciones políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de campaña electoral sin acreditar su identidad, según los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, será sancionado con prisión de dos hasta cinco años y multa el cien por ciento de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratistas o proveedor del Estado de Guatemala, hasta por cinco años.
La sanción que se refiere al párrafo primero del presente artículo se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, a quien además de la pena impuesta se le inhabilitará para optar a cargos públicos en el tiempo que dure la pena”.
Con el dictamen favorable la iniciativa de ley puede ser conocida en el pleno para su aprobación.
LO EXHORTADO POR LA CC
A decir del diputado Raúl Romero de Fuerza, la iniciativa de ley que fue dictaminada favorablemente no cumple con lo exhortado por la Corte de Constitucionalidad (CC) que pedía proporcionalidad, racionalidad y justicia.
El legislador agregó que solo otorgando penas conmutables no se puede garantizar un debido proceso y que lo ideal eran penas conmutables e inconmutables, recordando la iniciativa que ellos presentaron como Frente Parlamentario por la Democracia, la cual dejaba las penas en 3 a 7 años y que fuera el juez quien determinara si el acusado debe ir a prisión o no.
