Por Douglas Cuevas
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Durante la audiencia celebrada hoy en el juicio del Caso Botín Registro de la Propiedad, el Tribunal Décimo Tercero confirmó la libertad para Anabella de León, exregistradora General de la Propiedad e integrante del desaparecido Partido Patriota, acusada por actos de corrupción dentro de la institución.
La decisión no fue unánime ya que la presidenta del Tribunal, Beatriz Maxia López, razonó su voto indicando que aún existe peligro de fuga para De León y peligro de entorpecer el proceso con posibles intimidaciones a testigos que no han declarado en el debate, por ser una persona con poder económico.
Pero esos argumentos no fueron aceptados por los jueces Jaime González y Juan Antonio Aceituno, quienes indicaron que existía un drama psicológico y desintegración familiar y sustentaron que era posible evitar los peligros advertidos por la Presidenta con otra serie de medidas.
Entre estas figura la vigilancia en el domicilio y prohibición de acercarse al Registro General de la Propiedad y a cualquiera de sus sedes, eso a criterio de los vocales de la judicatura.
El fallo se dio luego de que fue rechazado un incidente de reposición en el que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pretendían frenar la resolución que se conoció públicamente en audiencia a finales del año pasado.
En esa resolución se estipuló la libertad para la acusada tras el depósito de una caución económica de 300 mil quetzales, lo que le permitiría dejar la prisión de lado o por lo menos hasta que se conozca el veredicto del juicio.
DE LEÓN AFIRMA NO TIENE DINERO
La exregistradora general de la propiedad recibió la decisión de los jueces con lágrimas, unos anteojos oscuros cubrieron sus ojos al momento de indicar: “yo solo le doy gracias a Jehová, mi Dios, solo eso puedo decir…a Jesucristo”.
Ella afirmó que no podría hacer efectivo el depósito hoy y que tendría que ver qué hacía.
Otra persona beneficiada fue Samanta Mejía, quien era jefa de recursos humanos dentro del Registro General de la Propiedad. Sobre la caución, la segunda acusada comentó “pues eso estamos viendo ahorita (como se consigue el dinero) estuve un año y cuatro meses, mire la verdad que Dios tiene su propósito y uno en la cárcel conoce gente buena”.
MP NO COMPARTE FALLO
Al ser consultado, Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dijo que a su consideración el Tribunal no debía ordenar de manera inmediata las libertades porque existe una apelación pendiente de ser resuelta.
Sandoval señaló que la misma se presentó ante la judicatura tres días después del fallo y que fue admitida para su trámite y trasladada a la Sala Tercera Penal para que lo analice, y con lo que espera se revoque el fallo que repercutió en las libertades de las sindicadas.
En este caso figuran como acusados integrantes de la familia presidencial, por presuntamente haber emitido facturas por servicios no prestados; la fase inicial de este proceso se conoció en el Juzgado Sexto de Instancia Penal hace poco más de un año.
