POR KIMBERLY LÓPEZ
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Una vez más, el derecho de antejuicio del presidente Jimmy Morales se someterá a discusión. Esta vez por haber recibido 450 mil quetzales en bonos provenientes de los recursos del Ministerio de la Defensa. La transacción no tendría fundamento legal según las instancias que lo han analizado. Sin embargo, el vocero presidencial Heinz Hiemann sostiene que Morales no tuvo que ver con la aprobación de este aporte económico y aseguró que espera que esta solicitud de retiro de inmunidad sea considerada espuria y política.
Ayer el Ministerio Público (MP) solicitó, nuevamente, que se le retire la inmunidad al mandatario por haberse beneficiado de la entrega mensual de 50 mil quetzales, provenientes de una bonificación avalada por la cartera encargada de las fuerzas castrenses.
Hiemann argumentó que hasta ahora la Contraloría General de Cuentas no decide si existe algún tipo de sanción administrativa o identifican un indicio penal, en estos momentos resulta prematuro sobre todo “cuando el Presidente no está vinculado con la autorización del bono”.
También dijo que la fiscal general del MP, Thelma Aldana, no tiene clara la tipificación del delito. “La Fiscal mencionó que no lo puede tipificar dentro de un delito, es decir que no tiene claro si pudo haberse cometido tal extremo y la CGC no lo ha sancionado”, agregó.
Aldana por su parte dijo ayer a la Agencia Associated Press que aún no se puede hablar de responsabilidad ni de un delito específico, porque primero se necesita “levantar la inmunidad para poder investigar”.
MENCIONA EL DEBIDO PROCESO
El vocero presidencial Heinz Hiemann dijo respecto a esta nueva solicitud que «el Presidente siempre ha sido respetuoso al Estado de Derecho, a la independencia de Poderes, al derecho de petición y a los debidos procesos».
“Ya son siete los procesos de antejuicio de los cuales seis no han sido considerados porque se induce que hay motivos políticos y espurios que podrían fundamentarlos”, declaró el portavoz.
El Ejecutivo espera que esta vez el requerimiento se defina como espurio y político porque hay varias razones para pensar que no hay implicaciones legales en el asunto, afirmó Hiemann.
“Hay que tomar en cuenta que esta aprobación de bonos no se dio dentro de la administración del gobierno del presidente Morales sino que fue previo a que él tomara posesión”, explicó.
Fue mediante un acuerdo ministerial fechado el primero de enero de 2016, con el que se aprobó el Bono de responsabilidad que Morales recibió, el documento no se hizo público en su momento o después. A decir de Hiemann, por este motivo, la responsabilidad administrativa debe ser subsanada por el Ministerio de la Defensa Nacional.
