POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La ruta más fácil para derogar las reformas al Código Penal sería un veto presidencial, señalan abogados constitucionalistas. Sin embargo, debido a que el presidente Jimmy Morales no muestra intenciones claras de hacerlo, los expertos apuntan que amparos e inconstitucionalidades podrían ser una salida legal.
Javier Monterroso, maestro en derecho constitucional, señala que el presidente Morales debería sancionar las iniciativas que reformaron los delitos relacionados al financiamiento electoral y volvieron conmutables las penas que no superen los diez años de prisión, ya que las mismas “violan principios fundamentales de la justicia y del Estado, como la seguridad y el bien común”, dijo Monterroso.
«La primera -ruta legal- sería el veto presidencial. El Presidente tiene que sancionar. No es ley vigente y entonces él podría ejercer su derecho de veto y esto harían que la ley regresara al Congreso, eso sería lo más rápido», expresó Monterroso.
La otra opción sería presentar una inconstitucionalidad de carácter general, sin embargo, esto se puede realizar hasta que la ley entre en vigencia, agregó.
Alejandro Balsells, experto en derecho constitucional, resaltó que no se puede permitir que entre en vigencia la iniciativa que conmuta las penas de hasta diez años, por lo que es procedente que la Corte de Constitucionalidad (CC) declare con lugar los amparos que hasta el momento han sido interpuestos.
“Son más de 400 delitos los que están tocando, ahí hay una gravedad, una amenaza muy grande”, afirmó el abogado.
