POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt
En los últimos meses el Ministerio Público (MP) ha sido objeto de numerosas críticas por el retraso en las investigaciones sobre los abusos del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, porque no se han presentado casos de corrupción contra gobiernos anteriores al Partido Patriota y porque algunos consideran que su línea de acción tiene tintes ideológicos. En entrevista con “La Hora”, la Fiscal responde a estos cuestionamientos y habla sobre el futuro de la lucha contra la corrupción y la impunidad, hacia dónde apunta luego del fracaso de la iniciativa de reformas constitucionales.
Diferentes sectores sociales cuestionan la tardanza del MP para investigar las denuncias interpuestas sobre la situación de la niñez y la adolescencia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, aun cuando existían decenas de publicaciones sobre posibles delitos cometidos en el refugio ¿cómo justificar la tardanza para atender estos casos?
Cuando yo tomé posesión como Fiscal General hice una revisión para saber cómo encontraba la institución. Más o menos al mes de estar acá, públicamente dije que estaba sorprendida, que incluso hasta me dieron deseos de renunciar porque encontré 1 millón 280 mil casos en mora. Esa es la cantidad de expedientes. Y a eso hay que agregarle medio millón de casos que ingresan cada año. Con un presupuesto hasta 2015 absolutamente limitado ni siquiera teníamos para pagar salarios. Ese es el Ministerio, esa es la institución que el Estado guatemalteco le ha entregado a la sociedad.
En ese contexto, lo único que le puedo decir es que sí hay algunas investigaciones. Por ejemplo, está la sentencia condenatoria en el caso de la muerte de una niña. Está una sentencia condenatoria en el caso del albañil. Hay otros procesos en curso en los tribunales. Hay un proceso donde se denunció a dos trabajadores del Hogar por abusos contra niños, niñas y se está en la fase de ofrecimiento de prueba. Los órganos jurisdiccionales dieron medida sustitutiva y sigue el proceso. Otros casos están en investigación, no hay plazo para la investigación.
Antes en el proceso penal guatemalteco había un sistema inquisitivo. El plazo de investigación era de quince días, pero no existía el MP. Eran los jueces los que tenían que investigar y dictar la sentencia. Luego pasamos al sistema acusatorio y cambia totalmente el procedimiento del sistema penal, surge el MP con un sistema acusatorio. Acusa el MP y los jueces dictan las sentencias. Ese cambio en el país garantizó también la oralidad, pero desafortunadamente no garantizó que se iniciara con una institución como el MP que tuviera presencia en todo el país, únicamente tenemos presencia en el 10% del territorio nacional. Eso quiere decir que el 90% no tiene MP.
Le cito un ejemplo: Jalapa. Solo está la Fiscalía Distrital y ningún otro municipio tiene fiscalía. Eso quiere decir que a las personas se les traslada a la distrital en Jalapa y los fiscales tienen que atender todos los municipios, y son diez municipios. Esa es la realidad del MP.
La ley no establece plazo precisamente porque las investigaciones son un ejercicio que requiere muchísimo trabajo, porque de lo contrario, la ley como era antes hubiera dado un año o tres años plazo y no hay plazo para investigar. El plazo de investigación se da cuando se acude ante los tribunales del país: si hay medida sustitutiva son seis meses de investigación, si hay prisión son tres meses de investigación. Pero previo a judicializar el caso no hay plazo para investigar.
Hace unos meses se conoció que usted ordenó una investigación interna para indagar si hubo irresponsabilidad de parte de los fiscales en el Caso del Hogar Seguro ¿cuántos fiscales son investigados actualmente? ¿Y de qué fiscalía?
No se están investigando fiscales, si no se está revisando algún caso, por ejemplo, una denuncia de trata de personas, que tanto se ha dicho. Al revisar ese expediente me comentaban que encontraron seis leitz de trabajo realizado por la fiscalía, allanamientos, declaraciones testimoniales. Este caso inicio con una denuncia de la PDH, pero fue una llamada anónima la que recibió la PDH y eso fue todo lo que le trasladó al MP.
Hay una denuncia de trata de personas de una entidad que no recuerdo cuál es, en donde sí dan el nombre de una niña. Entonces, al revisar el caso vemos que solicitaron peritajes forenses. Se decía que la niña había sido violada y el peritaje forense demostró que no, que no hay desfloración, que la niña no ha sufrido de abusos sexuales. Luego, se mandó a hacer un peritaje psiquiátrico, que también tarda. El Inacif que para un peritaje psicológico en este momento tiene citadas a las víctimas más o menos para noviembre o diciembre de este año, después hace el informe del peritaje y lo traslada al MP. En ese caso, entonces, el peritaje psiquiátrico en ese caso nos dice que la niña lo que tiene es psicosis y, entonces, ya se empieza a comprender por qué ella se quejó en algún momento de malos tratos.
Este es solo un ejemplo, eso no quiere decir que se descarten abusos, que puede haber habido, y que la SBS no asumió su responsabilidad. Porque aquí hay que revisar la ley para restablecer responsabilidades. La responsabilidad del MP es investigar y no tiene plazo. El MP no puede tomar la administración de un centro de abrigo y cuidado para la niñez, no podemos, no es nuestra competencia, pero la SBS para eso está diseñada. Solo con aquella sentencia, si ellos no podían ir a verificar, porque no querían, las condiciones de la niñez en estos hogares, solo con aquella sentencia del asesinato de una niña pudieron haber reaccionado.
Entonces, ¿se puede decir que tras lo sucedido del incendio se estarían investigando los testimonios de las niñas sobrevivientes?
Claro, como esto sucedió en el 8 de marzo nos tuvimos que tardar tres meses para la otra fase de la investigación, que es la que está ahora en la primera declaración, porque teníamos que tomar la declaración a las niñas sobrevivientes. Era indispensable para guiar la investigación y también para convencer al órgano jurisdiccional. ¿Qué hicimos? Primero, pedirles permiso a los psicólogos, consultar con ellos y preguntarles cuándo podemos tomar anticipo de pruebas a las niñas. Entonces, nos dieron la orden de esperar.
Desde luego todo esto no trasciende, porque el MP cuando está la investigación pareciera que no estuviera haciendo nada, de eso se trata, de que crean que no se está haciendo nada, pero el Artículo 314 no nos permite compartir los avances de la investigación porque cometemos delito.
Entonces, tuvimos que esperar a que las niñas estuvieran listas psicológicamente para procesar el anticipo de prueba, pero hasta que los psicólogos nos dijeron que ya se podían entrevistar y hacer el anticipo de prueba lo hicieron.
¿Se llegaría a actuar de alguna manera con los fiscales que tal vez no investigaron adecuadamente a las denuncias?
Como le digo, no hay plazo. Es que, si estuviéramos en el plazo de seis meses, y el fiscal no investiga, en ese momento procede una sanción disciplinaria, sin lugar a duda. Ha habido casos en donde se sanciona disciplinariamente; sin embargo, estamos en ese proceso de revisión. Si hubiese algún expediente en donde el fiscal no hubiera hecho nada, creo que en ese caso procede una sanción, pero eso no lo decido yo sino el sistema disciplinario del MP.
La estructura de Cooptación del Estado permitió llevar un sistema de corrupción que utilizó como la plataforma del Partido Patriota, por lo que se puede llegar a pensar que esto podría haber sido una réplica del uso de estas mismas prácticas anteriormente, ¿existen más investigaciones de partidos políticos más allá del PP, incluso de otros períodos de gobierno?
Existen instigaciones desde el ámbito de la fiscalía de delitos electorales, ahí hay investigaciones contra partidos políticos. Yo siempre afirmo que yo respondo por lo de mi período, no puedo responder por más, y un poco en broma le decía a alguien que yo no puedo investigar a Jorge Ubico.
Yo respondo por lo de mi período, por los mecanismos que tengo. Pudimos investigar el Caso de La Línea porque a finales de mayo de 2014 ingresó la primera escucha telefónica de ese caso, para llegar a 98 mil o 100 mil escuchas telefónicas. De ese caso yo puedo responder, pero de los gobiernos anteriores, hasta aquí, no tengo escuchas telefónicas, otros medios de investigación; sin embargo, puede ser que haya algún caso, no lo descarto, que se pudiera estar investigando. Y sí hemos investigado, especialmente de municipalidades, y sí ha habido capturas importantes.
¿Qué les responde a quienes dicen que la lucha contra la corrupción tiene tintes ideológicos?
Yo he respondido que la ley no es de derecha ni de izquierda; es de Derecho y no puede tener tintes ideológicos, porque la ideología con el proceso penal es ajena y no tiene nada que ver.
¿De qué manera se puede dar sostenibilidad a la lucha contra la corrupción?, ¿qué se necesita para que suceda eso?
Se necesita que se involucre toda la sociedad, que participe la sociedad civil, que los tres poderes del Estado también se involucren de lleno en esa lucha, y fortalecer la institucionalidad del país. Es indispensable que tengamos un Organismo Judicial independiente, autónomo y sólido; un MP independiente, autónomo, con presencia en todo el país; un sistema de justicia sólido, el Inacif, la Defensa Pública Penal, la PNC.
¿Por qué decidió abrir una investigación contra funcionarios por el tema de desnutrición infantil?
Yo hice unas visitas, unas inauguraciones de fiscalías en los hospitales, contra las extorsiones, en Huehuetenango, en San Marcos y en Quetzaltenango. Me reuní con muchísima gente y escuché los comentarios de la desnutrición infantil tan fuerte en el país. Recuerdo que estaba en Quetzaltenango, alrededor de las diez de la noche regresé al hotel en donde estaba hospedada, y puse uno de los noticieros, y me impresioné cuando en ese noticiero indican más de un millón de niños desnutridos en el país. Los comentarios que yo había recibido coinciden con esta noticia de un telenoticiero.
Realmente, cuando uno conoce la corrupción de fondo, como la conozco yo, porque no todo lo que hemos visto es, hay más, pero no todo se puede llevar ante los tribunales del país. Para presentar un caso hay que llevarlo sólido, hay muchos indicios. Vemos cómo se desvían recursos del Estado, que son recursos de la población, para enriquecer a unos pocos, mientras que un millón de niños están desnutridos. Entonces, solo regresé, ni siquiera regresé, di la orden en ese momento de que se abriera una investigación de oficio. Tengo una fiscalía de oficios especiales y esta fiscalía es la que está a cargo de la investigación.
¿Qué es eso que no se puede llevar a tribunales?
Lo que sucede que cuando uno va investigando va teniendo percepción también de cómo operan y piensa de repente que podrían estar involucradas más personas. Pero la investigación la definen hechos, la definen épocas y la definen nombres, y de ahí no nos podemos salir.
¿Qué pasará si continuamos sin que se aprueben las reformas al sector justicia?, ¿Qué pasará si no existen cambios?
Tendrá que haber mucha vigilancia del sector social a la hora de elegir a las próximas autoridades. De las entidades del sector justicia sí sabemos que las comisiones de postulación ya no dan resultado, que ya colapsaron, que iniciaron posiblemente bien, pero en el transcurso de los años perdieron su sentido original. Entonces, ya no funciona y si hay un mecanismo que ya no funciona solo nos queda que la sociedad civil observe.
¿Existe alguna investigación para los responsables de las campañas negras en los últimos meses en su contra y en contra del MP?
No, yo tengo investigaciones más importantes que hacer, las campañas negras solo las leo y ya.
¿De qué manera afecta a la institución el hecho de que se le haya excluido de la reunión sostenida por autoridades del Triángulo Norte y Estados Unidos hace dos semanas, en la que se trató el Plan de la Alianza para la Prosperidad?
Sí afecta, porque el Plan tiene ejes fundamentales, que son la prosperidad, la seguridad, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Cuando hablamos de seguridad necesariamente tenemos que pasar por la lucha contra la criminalidad, del narcotráfico. El MP es el que guía la investigación en el país, no podemos hablar de lucha contra el narcotráfico si no está el MP. La ley es sumamente clara, es el MP el único ente en el país que dirige la persecución penal y la persecución criminal. La ley dice que cuando la PNC puede hacer algunos actos de investigación es dirigida por el MP, porque el MP tiene el monopolio de la investigación. La PNC no puede hacer un allanamiento, tiene que ser el MP que lo solicita ante el órgano jurisdiccional, y no solo solicita, sino acredita y justifica, y ya cuando tiene la autorización, ya la PNC acompaña, salvo casos de flagrancia o de que una persona esté siendo violentada y la PNC esté ahí afuera puede entrar, pero debe dar aviso inmediatamente al MP.
¿Qué sucede cuando se normaliza la corrupción y se deja de un lado la cultura de legalidad?
No puede normalizarse la corrupción, la corrupción no es normal; al contrario, es la desviación del ejercicio del poder público para favorecer intereses particulares donde intervienen funcionarios o empleados públicos, y particulares la mayoría de las veces. No es normal, no puede ser parte de nuestra cultura y, al contrario, lo que tenemos que hacer ante la magnitud de lo que hemos vivido es trabajar por una cultura de legalidad.
Los diputados Linares Beltranena, Óscar Quintanilla, Julio Lainfiesta y Jaime Regalado prestaron su nombre para pagar un cabildeo con una firma de abogados en Estados Unidos, ¿existe una investigación sobre posible testaferrato?
No, lo que estamos haciendo es un análisis, pero lo que tenemos es la información de los medios de prensa, escritos y televisivos. Para analizar el contrato tendrían que proporcionárnoslo los mismos diputados. Se les va a pedir, se les hace una nota pidiéndoles si nos pueden proporcionar copia. Porque para que surta efectos legales en Guatemala, en vista de que no iba a ser ejecutado en el país, habría que requerirlo a través de los mecanismos legales, con los pases, las autorizaciones correspondientes. De tal suerte que luego de verificar todos los medios de comunicación, que nos da siempre una luz, el siguiente paso es ver cómo obtenemos el documento, pero con las formalidades de ley.
¿Cree que ha cambiado la dirección de la lucha contra la corrupción?
No ha cambiado porque yo sé que la sociedad guatemalteca quiere seguir esa lucha, porque el MP y la CICIG seguimos con esa lucha. Nosotros no hemos bajado la guardia. Hay muchos sectores en el país que claman que cese la corrupción en Guatemala. Lo que ha sucedido es que las estructuras se recomponen, se reorganizan, son poderosas, tienen medios económicos y tienen mecanismos para enfrentarse a quienes luchamos contra la corrupción.
¿Existe respaldo de parte de los organismos del Estado?
Del Ejecutivo, a través del Ministro de Finanzas con un presupuesto adecuado para el MP. Yo siempre lo he dicho: así como me quejé tanto del Ministro de Finanzas anterior, tengo que reconocer que el Ministro de Finanzas de este Gobierno ha sido consecuente con el presupuesto del MP, no tengo ninguna queja. Eso desde luego nos ayuda en la lucha contra la corrupción.
En los tribunales del país hay un poco de retraso, que en algunos casos obedece a estrategia de la defensa, y en otros al exceso de trabajo que también tienen. Esto sí perjudica el avance de los procesos penales.
