POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Luego de que la Policía Nacional Civil (PNC) reportara el asesinato del concejal I de la Municipalidad de Las Cruces, Petén, Ervin Orlando Sánchez Andrade -quien colaboró en investigaciones del Ministerio Público como testigo-, el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, calificó de preocupante el incidente y dijo que en un momento determinado del proceso judicial la colaboración de la víctima pudo ser importante.
“En un momento determinado pudo haber sido un testigo importante para la Fiscalía. Nosotros creemos que tenemos los suficientes medios de prueba para acreditar los hechos que atribuimos; sin embargo, sí es una declaración que en un momento determinado pudo ser importante en el proceso”, afirmó el fiscal.
Según Campo, Sánchez Andrade fue uno de los denunciantes y, aunque aún no corresponde vincular el ataque con la colaboración que la víctima prestó a las investigaciones, sí es preocupante que el incidente ocurra el mismo día que se coordinó la captura del secretario de la comuna y se solicitara un antejuicio contra el alcalde.
El jefe de la Fiscalía dijo que la víctima asesinada fue quien presentó la denuncia que motivó la orden de captura y la solicitud de antejuicio, además de proporcionar los libros de actas de la Municipalidad que sirvieron para sustentar las investigaciones.
“Él presentó la denuncia de los hechos que motivaron que nosotros hayamos solicitado la captura y promovido el antejuicio del alcalde”, puntualizó el fiscal.
La Fiscalía informó que, de momento, se tomarán las medidas de seguridad para el personal del MP que asista a la audiencia de primera declaración que se desarrollará el próximo miércoles 4 de enero.
CONCEJALES HUYEN DE MUNICIPIO
Gerson López, secretario de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), informó que tres concejales del municipio que también denunciaron actos de corrupción en mayo decidieron huir del lugar.
López dijo que los concejales adaptaron la disposición hasta que no se garanticen las medidas de seguridad por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Asimismo, dijo que desde mayo los concejales no han podido sesionar para gobernar el municipio.
Sin garantías
Édgar Celada, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), asegura que denunciar actos de corrupción conlleva riesgos, no solo a la integridad física del denunciante, sino también a la gobernabilidad del país.
Según Celada, el sistema de justicia y de seguridad del país cuenta con varias deficiencias que no dan garantías de seguridad a quien se atreva a desmantelar la cultura de impunidad.
El experto también considera que los riesgos que conlleva denunciar actos de corrupción incrementan en la provincia. “Ahí está la expectativa de que se está lejos de las autoridades centrales y supondrán que es más fácil ocultar –los hechos- o que tienen las palancas para protegerse”, señaló.
