Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Las reformas constitucionales al sector justicia aún no han sido aprobadas por el Congreso de la República y desde ya enfrentan varios retos. El primero, lograr que sean aprobadas sin mayores cambios, algo que hasta el cierre de este reportaje no se había logrado ya que los diputados rechazaron dos artículos, sobre el antejuicio, las prerrogativas de los diputados y el de la jurisdicción indígena quedó en punto muerto.
Si se llegara a sortear el tema del Congreso sin que los diputados metan más goles, posteriormente las reformas deberán superar una Consulta Popular en la que la población deberá aprobar o improbar el decreto con un SÍ o un NO, sin embargo, existe la posibilidad de un resultado similar al que se dio con la Consulta Popular en mayo de 1999, cuando la votación de las reformas a la Constitución para dar cumplimiento a varios Acuerdos de Paz que se caracterizó por el abstencionismo y la victoria del “No”.
¿Qué tan cuesta arriba están los cambios?
El camino en el Congreso del proyecto de reformas constitucionales al sector justicia comenzó con tropiezos. En la sesión ordinaria agendada para el lunes 28 de noviembre para conocer la iniciativa en su tercera lectura, los diputados comenzaron destrozando las reformas al no aprobar las enmiendas sobre el antejuicio y el pluralismo jurídico, que modificaban los artículos 154, 161 y 203 de la Constitución Política, esto pese a la presión de activistas y autoridades indígenas que llegaron al Congreso.
La votación del primer artículo que proponía la modificación al punto del antejuicio fue apoyada únicamente por 77 votos de los 105 que hacían falta. Igual suerte tuvo el artículo dos de la reforma sobre las prerrogativas de los diputados.
El artículo 3, que modifica el 203 de la Constitución para incluir la justicia indígena quedó en un punto muerto y debería resumirse el año entrante, en medio de acusaciones por un supuesto pacto de impunidad alcanzado entre los tres poderes del Estado y grupos que no desean cambios.
Al suspenderse la sesión plenaria, la fiscal general, Thelma Aldana, que acudió al Congreso junto al comisionado Iván Velásquez y el Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, como parte de la Secretaría Técnica que apoyó las reformas, calificó la sesión plenaria como un “fracaso”.
La jefa del MP indicó: “No creo que nada vaya a suceder el año entrante, por lo visto no hay consenso de apoyar la reforma al sistema de justicia del país, de tal manera que creo que vamos a seguir igual…o sea tolerando la corrupción y la impunidad”.
De acuerdo con la Fiscal, no hay discusión de fondo y hay “consensos para no avanzar mientras que sí los hay para no avanzar como país”.
En el Congreso de la República fue principalmente la bancada oficial junto con la Unión del Cambio Nacional (UCN) quienes se negaron a aprobar la enmienda referente al pluralismo jurídico que modifica el artículo 203 de la Constitución, que quedó improbada con 103 votos.
Sobre lo que pasará con las reformas, el director de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (LEGIS), Víctor Valverth, explicó que como ya fue conocido el proyecto y aprobado en tercer debate, ahora procede su discusión por artículos, lo que significa que cada uno se aprueba o imprueba por separado.
Por el momento ya improbaron 2 y de ellos falta determinar el tercero, que corresponde a la jurisdicción indígena que no se ha terminado de votar porque se presentaron varias enmiendas. Si algún artículo no se aprueba podría ser conocido y sometido a votación de nuevo en un «último debate», fase en que aún se pueden introducir cambios, al igual que las enmiendas.
Consultado el diputado Amílcar Pop, integrante de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, indicó que existe un consenso de las autoridades indígenas de todo el país en la enmienda relativa al artículo 3, que se comprometió a entregar en el tiempo legal previo al 14 de enero del otro año.
EL FANTASMA DEL “NO”
Si en caso avanzan las reformas, siempre queda el fantasma del No. En 1999, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) impulsaron las reformas constitucionales tras los Acuerdos de Paz, que tras un acuerdo legislativo se redujo a que los votantes deberían responder a 4 preguntas en las papeletas sobre: Nación y derechos sociales, que abarcaba 7 artículos constitucionales y 3 transitorios; el Organismo Legislativo (7 artículos constitucionales y uno transitorio); Organismo Ejecutivo, con 9 artículos constitucionales y uno transitorio y el Organismo Judicial y la administración de Justicia, con 16 artículos constitucionales y 3 transitorios.
De acuerdo con lo registrado por medios de comunicación, de 4 millones 58 mil 832 empadronados únicamente acudieron a votar el 18.5% de la población, 757 mil 940 personas y el Abstencionismo fue el gran ganador.
Al igual que ahora, existían posiciones a favor y en contra de la reforma a la Constitución que culminó el 16 de mayo de 1999 con la votación a favor del “No”.
Tras superar el obstáculo en el Legislativo, las reformas tendrán que ser aprobadas por la población en una consulta popular. En este paso, analistas señalan que la ciudadanía será una pieza clave, sin embargo, situaciones como la mencionada consulta popular, el Brexit en Gran Bretaña y el “No” en el referendo en Colombia para respaldar los Acuerdos de Paz con las FARC, son citados por expertos sobre lo que podría ocurrir en Guatemala con las reformas.
En aquella ocasión, luego de varias discusiones y por espacio de dos años el Congreso en conjunto a la sociedad civil logró llegar al consenso para modificar 50 artículos de la Constitución, Constitucionales, 16 orientados al sector justicia.
La organización ciudadana y los partidos políticos se dividieron en dos bandos, los que estaban a favor y en contra.
Tras el triunfo del “No”, el consenso general es que triunfó el abstencionismo. El informe oficial del TSE arrojó un promedio de 40.3 por ciento a favor del “Sí” y un 49.3 por ciento a favor del “No”, con 757 mil 940 votos emitidos.
Dieciséis años después, con las reformas constitucionales impulsadas por los tres organismos del Estado, con el apoyo de una Secretaría Técnica conformada por el MP, la CICIG, la PDH y OACNUDH, se prevé que nuevamente se llame a la población a las urnas.
Tras ocho meses de discusiones abiertas con diversos sectores de la sociedad civil, las reformas han llegado al Congreso y, aunque han sufrido un revés en el pleno, el objetivo de sus impulsores es que estas sean votadas por la población guatemalteca que será la que tendrá la última palabra.
¿QUÉ CONOCE LA POBLACIÓN DEL PROYECTO?
La Hora consultó a algunos ciudadanos sobre su conocimiento del proceso de aprobación de las reformas constitucionales.
En Jutiapa, Mario Lucero, explicó que no sabe a qué se refieren al hablar sobre los aspectos de reformas constitucionales, así como no entiende cómo podrían esos temas afectar su vida. Por otro lado agregó que sí estuvo pendiente de todo lo sucedido con los actos de corrupción del Partido Patriota (PP), de los que desconfía.
“Yo he escuchado un poco en las noticias, o sea aquí sí nos enteramos de lo que pasó en el gobierno de Otto Pérez, y eso ya le da desconfianza a uno, pero no sé cómo podría llegar eso a afectarnos, la verdad sería bueno que explicaran”, apuntó.
El entrevistado dijo que le resulta complicado el tema y que de existir una votación no sabrá que responder si antes no le explican en qué consisten estas reformas.
Albertina Del Cid coincide con Lucero en que no sabe de qué se tratan las reformas.
¡No sé de qué hablan, nosotros sí vemos noticias pero los canales que aquí salen no pasan eso, si me dicen que vaya a manifestar voy pero deberían explicarnos de que es, sí me preocupa que vuelvan personas corruptas con eso de tantas capturas que ha habido!, enfatizó.
En ese sentido expresó que la falta de estudios y conocimientos podrían significar otra barrera, porque si no logra entender de lo que hablan difícilmente podría apoyarlo.
Margarita Cabrera, residente del área urbana, manifestó que ha escuchado del proyecto de reformas pero no sabe de qué se trata y ante la posibilidad de votar a favor de algo que no conoce, prefiere votar con un No en una eventual consulta popular. “No quiero ser parte de una decisión equivocada”, indicó.
HAY QUE COMPROMETERSE
La Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana, ha manifestado que la participación ciudadana es vital pero si la población no va a votar o vota porque no se apruebe, “hasta ahí llegó el esfuerzo”.
Por su parte Iván Velásquez, titular de la CICIG, enfatizó durante la entrega del noveno informe de ese organismo que “Guatemala tiene la apremiante necesidad de hacer una profunda reforma de su sistema de justicia”.
El Comisionado advirtió de los riesgos que enfrenta la lucha contra la impunidad y la corrupción emprendida por el MP y la CICIG si se mantiene el modelo político y sistema judicial vigente.
“No podemos pretender que se obtengan resultados diferentes usando las mismas reglas y haciendo las cosas de la misma manera, si realmente se quiere un cambio en Guatemala es indispensable dejar el miedo, superar las diferencias y conformar una amplia unidad que haga posible y sostenible esos cambios”, añadió.
También resaltó el acompañamiento dado por los guatemaltecos para formular la propuesta y mencionó que resultan “imprescindibles” en la lucha contra la impunidad, además de que toda la población debe estar involucrada.
“Si Guatemala quiere construir un futuro en el que prevalezca el bien común para todos sus habitantes sin exclusiones tienen que comprometerse a erradicar las prácticas corruptas y crear una nueva cultura política que sustituya lo que hasta ahora ha imperado en el país”, dijo Velásquez.
LOS OPOSITORES DE LAS REFORMAS
Al igual que en 1999, varios grupos han surgido para manifestarse en contra del proyecto. Algunos, como la Asociación Civil Liga Pro Patria, una de las primeras opositoras a la CICIG o el diputado Fernando Linares Beltranena, lo han hecho a través de alternativas legales, mientras que en el caso del sector empresarial representado en el CACIF, la oposición ha sido a través de llamados a continuar discutiendo las reformas.
Sobre la sugerencia de varios grupos de continuar la discusión, la Fiscal General indicó que la mayoría de cambios se han debatido desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y puso en duda la necesidad de continuar con ese análisis.
“Solo me voy a referir a un ejemplo, la reforma contempla la separación de la función administrativa y jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, esta recomendación la recogen los Acuerdos de Paz, llevamos 20 años de estarlo discutiendo, no sé si necesitamos otros 20 años para seguir discutiéndolo”, explicó.
RIESGO DEL “NO” ES LATENTE
El abogado del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Oswaldo Samayoa expresó que el riesgo de que la población emita un “No” en una consulta popular es latente, teniendo en cuenta que Guatemala es un país conservador, con una sociedad mal informada, manipulada por los medios de comunicación y conformista.
“Somos una sociedad atemorizada históricamente por la misma exclusión social que ha existido, eso puede darnos como consecuencia un voto al No”, aseguró.
Samayoa agregó que el hecho de que diputados desecharan la opción de modificar lo relativo al antejuicio significa que quieren mantener signos de impunidad. “Ese mensaje lo acepta la sociedad, porque es conformista, no ve más allá del proceso de cambio que se puede dar y ese es el riesgo que tenemos de no aprobar las reformas en una Consulta Popular”.
Y señaló como ejemplo de la desinformación en el tema del pluralismo jurídico en una sociedad excluyente y racista que dice desconocer algo que todos los días se vive.
Lo afirmado por Samayoa se confirmó el pasado 28 de noviembre cuando tras una votación de una hora los diputados improbaron las enmiendas relativas al pluralismo jurídico, con 103 votos.
DESINFORMACIÓN PODRÍA ECHAR POR TIERRA LAS REFORMAS
De acuerdo con Stephanie Rodríguez del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), señala que uno de los enfoques al abordar el tema de la Consulta Popular debería consistir en informar de forma correcta y transparente sobre qué tratan las reformas. Según Rodríguez, en 1999 lo que ocurrió fue que se tergiversó el tema.
De acuerdo con Rodríguez, es necesario que la información se logre divulgar y establezcan cómo se pueden explicar de forma clara. “lastimosamente la mayoría de la población puede decir que no saben de qué se está tratando, y eso los mismos políticos lo pueden utilizar de una forma incorrecta” indicó.
Al compararlo con los fenómenos del Brexit, cuando los británicos votaron a favor de salir de la Unión Europea y el “No” de Colombia a los Acuerdos de Paz con las FARC, la entrevistada no descartó que un escenario similar se repita, teniendo en cuenta que las campañas de desinformación se han manifestado. Estos grupos oscuros que quieren el sistema tal y como está van a seguir haciendo todo lo posible para que la ciudadanía vote “No”, afirmó.
Por su parte, Felipe Sartí, del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap), afirmó que la participación ciudadana es fundamental en los procesos de reforma a la Constitución.
El experto aseveró que si bien existe una ciudadanía interesada en el proceso de reformas, eso no quiere decir que todos estén interesados y estén informados de lo que se busca cambiar.
“Es parte de lo que existido siempre en Guatemala, que es un pueblo que totalmente no estamos informados, no estamos al tanto de todo el contenido de las propuestas, es un pueblo que le cuesta entender lo que está pasando, no es que no quiera, es que hay campañas y procesos de desinformación y que no se da a conocer la información”, señaló.
ASÍ SE DISCUTIERON LAS REFORMAS
El 25 de abril pasado los convocantes, los Presidentes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, acompañados por una secretaría técnica integrada por los titulares del Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Guatemala, convocaron a un Diálogo Nacional para la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia y presentaron un documento base para la discusión sobre la reforma constitucional en materia de justicia.
Dicho documento fue la base para el desarrollo del diálogo en los eventos regionales que se realizaron en mayo e inicios de junio.
Los debates se celebraron en Quetzaltenango, Huehuetenango, Cobán, Zacapa, Petén, Jutiapa y la Antigua Guatemala.
Entre junio y agosto se desarrollaron mesas de trabajo en la ciudad de Guatemala sobre los ejes temáticos de la reforma constitucional, en las que participaron activamente personas u organizaciones que presentaron sus propuestas escritas sobre dicha reforma. También participaron en calidad de observadores otras personas que no tenían una propuesta concreta.
En total, se evaluaron y discutieron 245 propuestas de reforma constitucional, las cuales versaron sobre uno o varios artículos referidos exclusivamente al tema de justicia.
Los resultados de cada una de estas mesas de discusión pueden ser consultados en línea en la página reformajusticiagt.org, así como el listado de asistentes a cada una.
PUNTOS DE LA PROPUESTA
Antejuicio
La propuesta permite que se investigue a los funcionarios y dignatarios públicos en el ejercicio de su cargo, dejando el derecho de antejuicio únicamente como un impedimento para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal.
Jurisdicción indígena
Se establece que las autoridades indígenas ancestrales podrán ejerce funciones jurisdiccionales de conformidad costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados dentro de la Constitución y a los derechos humanos.
Carrera Judicial
Se instituye la Carrera Judicial y se establece como obligación que las tres cuartas partes de los cargos de ingreso sean ocupadas por jueces y magistrados provenientes del sistema de Carrera Judicial; una cuarta parte será ocupada por abogados en ejercicio de la profesión.
Consejo Nacional de Justicia
Se crea el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), cuya competencia es la formulación, gestión y ejecución de las políticas de modernización y fortalecimiento judicial, administrativas y financieras del OJ.
Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se integra con trece magistrados. Nueve cargos serán ocupados por magistrados provenientes del sistema de carrera judicial y cuatro cargos serán ocupados por abogados en ejercicio.
Se amplía el período de magistratura a nueve años y se permite la reelección sólo una vez.
Tribunales militares
Sólo conocerán delitos y faltas que por su naturaleza atentan contra bienes jurídicos propios del orden militar, cometidos por integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo.
Fiscal General
Se amplía el período de funciones a seis años. Su elección continúa siendo decisión del Presidente de la República, pero se eliminan las Comisiones de Postulación.
Dos candidatos serán propuestos por el Congreso y dos propuestos por la CSJ.
Corte de Constitucionalidad
Aumenta el número de magistrados a nueve titulares y tres suplentes, quienes durarán en el cargo nueve años y se renovarán por tercios cada tres años.
Su elección se hará de la siguiente manera:
Un magistrado titular electo por no menos de ocho integrantes del CNJ.
Un magistrado titular designado por el Presidente en Consejo de Ministros.
Un magistrado titular electo por dos tercios del pleno del Congreso.
Los tres suplentes serán electos de la misma manera que los titulares.
La Presidencia será desempeñada por un período de tres años, sin reelección. La persona que presida será escogida mediante sorteo que se efectúe entre los miembros que deseen optar a dicho cargo.
