Por Grecia Ortíz
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El presidente del Organismo Legislativo, el diputado Mario Taracena, presentó hoy una denuncia de nulidad en contra del pacto colectivo del Congreso de la República en la Corte de Constitucionalidad (CC), mismo que con anterioridad había sido señalado de ser lesivo y en contra de los intereses del Estado.
Taracena explicó en conferencia de prensa que se presentó un recurso de nulidad dirigido en contra del pacto colectivo de trabajadores de ese organismo, acción que se determinó al agotarse las instancias de los diálogos sostenidos con el Sindicato de Trabajadores (Sintracor).
Vamos a asistir a la Corte de Constitucionalidad a presentar un recurso que lo que busca es la nulidad del Pacto Colectivo, ya se agotaron todas las instancias en el último diálogo con los señores del sindicato, nos confrontamos porque ellos querían de alguna manera redactar la Ley del Servicio Civil del Congreso de la República y nos pareció que eso no era lo correcto, porque los legisladores somos nosotros y ellos los trabajadores, afirmó Taracena.
El presidente del Congreso enfatizó que la decisión a la que llegue la CC, deberá estar apegada al derecho y a la Ley, pero que también debe ser acorde a la situación del país.
Taracena agregó que la decisión de presentar el recurso fue en conjunto con la Junta Directiva del Congreso.
Consideramos que el pacto colectivo no es una conquista social de los trabajadores, por el contrario es una cuestión abusiva, ha pasado de todo, eso no tiene nada que ver con las banderas sociales que pueda tener un sindicato. Esto fue un asalto, añadió.
Al mismo tiempo destacó que no hay nada personal en contra de nadie.
PGN PRESENTÓ DENUNCIA
El pasado 2 de febrero, Abraham Vela, abogado del área penal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra quienes resultaran responsables de la suscripción del pacto colectivo de trabajo en ese organismo.
En su momento, el representante de la PGN indicó que la denuncia estaba dirigida contra funcionarios y exfuncionarios del Organismo Legislativo, que fueron los responsables de no sustentar técnica, financiera y jurídicamente los beneficios económicos otorgados a trabajadores.
En ese entonces, la exprocuradora general de la nación, María Eugenia Villagrán, resaltó que el convenio era «perjudicial» e «inviable económicamente», pues previo al mismo no se consultaron normas constitucionales, presupuestarias y del servicio civil.
El pacto colectivo en ese organismo ha derivado en salarios diferenciados a beneficio de sus más de mil 600 empleados contratados bajo el renglón 011, quienes gozan de un aumento salarial del 10 por ciento cada año.
El mismo fue firmado en 2005 y debió renegociarse en 2008, durante la administración del expresidente Eduardo Meyer Maldonado. Sin embargo, el acuerdo no se concretó porque el exdiputado se vio implicado en un caso de corrupción por el desvío de Q82.8 millones del Congreso hacia la firma financiera Mercados del Futuro (MDF).
