POR MARIELA CASTAÑÓN
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Según el Sistema Penitenciario (SP) entre el 1 de enero de 2013 al 21 de marzo de 2016, incautó un total de 6 mil 187 teléfonos celulares en las prisiones, a pesar de que en ese periodo de tiempo entraron en vigencia dos leyes para evitar esos ilícitos.
De acuerdo con los datos oficiales, el año 2013 culminó con la incautación de 3 mil 181 teléfonos; en octubre de ese año entró en vigencia el Decreto 08-2013 Ley de Equipos Terminales Móviles, que endurecía las penas para quien facilitara o ingresara un teléfono a prisión.
En tanto, en 2014, la suma de decomisos fue de 2 mil 267 móviles, a pesar de que en diciembre de ese año cobró vigencia el Decreto 12-2014, Ley de Control de Telecomunicaciones en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento a la Infraestructura para Transmisión de Datos.
Por otro lado, en 2015 el SP incautó 708 teléfonos y hasta el 21 de marzo de 2016 el número ascendió a 31. El total de incautaciones fue de 6 mil 187 celulares.
La entrada en vigencia de esas normativas no ha detenido el ingreso de los teléfonos que son los objetos utilizados para emitir órdenes y delinquir en la calle.
ACUERDAN APOYO
La semana pasada, autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) se reunieron con representantes de las empresas telefónicas, donde acordaron el apoyo para bloquear la señal de celular, aunque ya no por mandato legal como lo establecía el Decreto 12-2014.
Sin embargo, a criterio de representantes de la sociedad civil, ese apoyo no será una garantía, ya que las telefónicas no lo hicieron cuando lo demandaba la normativa y por ello fueron multados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en marzo del año pasado con Q6.9 millones.
CORRUPCIÓN Y FALTA DE VOLUNTAD
Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) opinó que la corrupción y la falta de voluntad para aplicar las citadas normativas, ha sido el mayor problema, que incide en la ausencia de control en las cárceles.
“El punto de partida es la corrupción, obviamente hay un componente técnico, sí existe la tecnología debería aplicarse, pero lo que hace falta es voluntad de las empresas y las autoridades. El problema que se tuvo con la Ley –Decreto 12-2014- fue que quisieron meter goles de cosas que no tenían que ver con el bloqueo de señal, es una situación que generó sospecha, porque se legisló para una cosa pero en realidad la intención era otra”, refirió Celada.
El representante de Ipnusac lamentó que todavía no se observan acciones concretas para atender el tema carcelario, lo único que se supo hace algunos meses fue de la reunión de Iván Velásquez, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas, pero después no se conoció más al respecto.
